ONG Global Witness IDENTIFICA VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES ENTRE EL 2002 y 2014

el último reporte de la ONG Global Witness -que identificó la cifra mundial de víctimas por conflictos ambientales y sociales entre el 2002 y 2014- e hizo un ejercicio de memoria analizando el banco de datos de esta organización para luego contrastarla y visualizarla. Según este informe, 908 personas fueron asesinadas en 35 países debido a disputas relacionadas con actividades extractivas y derechos de propiedad sobre la tierra.  El 80% del total corresponde a Sudamérica.

La visualización de la data de crímenes medioambientales (vea aquí el mapa interactivo) evidencia que la mayoría de asesinados en una década fueron indígenas, de menos de 40 años, que defendieron sus derechos territoriales y denunciaron actividades extractivas que amenazaban el equilibrio del medio ambiente en donde vivían. Hombres que como Víctor Pio alertaron a tiempo sobre las amenazas contra su vida y la de sus comunidades, pero no fueron escuchados.Haciendo un ejercicio de memoria analizando y contrastando la base de datos que elaboró Global Witness sobre crímenes medioambientales entre el 2002 y el 2014   Luego de revisar la base de datos del informe de crímenes medioambientales, ubicamos los nombres de 471 personas asesinadas en cuatro países amazónicos: Perú, Brasil, Colombia y Ecuador e indagamos en los archivos disponibles. Con esta información construimos un mapa interactivo que geolocaliza cada caso y describe en una ficha básica la identidad de la víctima, edad, ocupación, las razones que motivaron el asesinato, así como el año y el país en donde ocurrió el crimen.    A este grupo se añadieron los nombres de siete personas asesinadas (cinco en Perú y dos en Ecuador) que no fueron consideradas por Global Witness, pero que se hallaron durante el trabajo de rastreo. El diseño de este mapa interactivo es un ejercicio para recordar y el inicio del seguimiento de una tragedia que se agravó en la región en los últimos cuatro años por la aceleración de actividades de explotación minera, agrícola-industrial o forestal que en muchos casos se superponen a las tierras de comunidades indígenas o campesinas.   Está claro que la base de datos y su visualización es referencial y conservadora porque -como lo reconoce la propia Global Witness- existen muchos otros casos que aún no son documentados por las dificultades para hallar información pertinente y verificable.

LOS CONFLICTOS POR PAÍS

Los motivos de los asesinatos en cada país tienen matices que corresponden a las particularidades de sus contextos políticos. En Brasil, donde se registra el más alto grado de violencia vinculada a conflictos por la tierra en el mundo, se identificaron 358 víctimas principalmente en Pará y Mato Grosso, regiones consumidas por décadas de deforestación. La postergación de la reforma agraria y la demarcación de tierras indígenas agravaron el problema en los últimos años. En Colombia, el conflicto por la tierra está marcado por los intereses de los terratenientes y las demandas del narcotráfico y los grupos subversivos. Las 55 víctimas identificadas en el mapa interactivo de OjoPúblico eran indígenas y líderes comunitarios desplazados de sus territorios y que además habían denunciado proyectos extractivistas que amenazaban su sobrevivencia. Gracias al gráfico es posible ver que la mayoría de casos ocurrieron en zonas cercanas a la costa del Atlántico y Pacífico de dicho país.  En Perú (61 muertos) y Ecuador (4), la mayoría de los crímenes ocurrieron durante protestas de comunidades que denunciaron los daños a su salud y el medio ambiente originados por proyectos de inversión en minería e hidrocarburos dentro de su territorio. El análisis de los datos revela que la violencia contra los dirigentes, protestantes o líderes ambientalistas proviene no solo de las organizaciones criminales, sino también de las mismas fuerzas del orden: policías y militares. Nos dice además que la mayoría de los casos de las 478 personas silenciadas permanece impune.   Tomado de Ojo Publico.com     *En la revisión y análisis de datos también trabajaron los periodistas Nelly Luna, Rocío Romero y Hamer Arteaga. El mapa interactivo fue desarrollado por Antonio Cucho.

Los conflictos y la responsabilidad de las empresas

 

Las últimas semanas, como hemos venido informando en Noticias SER, se han realizado una serie de protestas contra diversos proyectos de exploración y explotación minera y petrolera, que han vuelto a poner sobre el tapete la debilidad del Estado. Incluso se ha señalado que se ha dado un retroceso en la estrategia impulsada por el ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ONDS, Vladimiro Huaroc, a través de las “mesas de desarrollo”, cuando, en realidad, éstas solo fueron un mecanismo más de promoción de la inversión, que puso de lado la obligación de la consulta previa.

Pensar que la reactivación de los conflictos es producto del cambio de un funcionario es una mirada tan ligera como aquella que postulaba, hace unos años, que en temporada de lluvias hay menos conflictos y en épocas electorales hay más. Los desacuerdos que vemos estallar en diferentes lugares del país, en su mayoría, tienen varios años, sin que se haya logrado encontrar soluciones reales a las demandas de la ciudadanía, pues la voluntad política está hipotecada a los intereses empresariales.

De otro lado, circulan interpretaciones de analistas que, en realidad, actúan como voceros oficiosos de los sectores más conservadores y autoritarios del empresariado, y que señalan que los conflictos forman parte de un plan coordinado por fuerzas de ultra izquierda, que tienen “una agenda oculta”, liderada por los “asuzadores” de costumbre. Si hace unos años el fantasma invocado era Puka Llacta, y luego lo fue el Movadef, en estos días se señala con el dedo a un “resucitado” etnocacerismo, al mismo Patria Roja, un partido que tiene más de 30 años de vida política legal, o al ambientalista Tierra y Libertad.

Sin embargo, pocas veces se pone en debate el rol de las empresas como generadoras del conflicto. Peor aún, estas son mostradas como víctimas de todos los males y los “malos” de la sociedad peruana, que pareciera estar confabulada contra todo tipo de inversión privada, como si los ciudadanos y las ciudadanas del Perú vivieran en un estado de permanente insurrección estatista. Panorama que es bastante lejano a la misma interpretación que dan los propios medios que acogen estos análisis sobre la cultura emprendora del Perú del siglo XXI.

¿Son las empresas víctimas de conspiraciones múltiples? Definitivamente no. Y sería bueno que aquellas que han generado conflictos por sus malas prácticas corporativas asuman y reconozcan su responsabilidad en procesos irregulares de compra de tierras, presiones al Poder Judicial, no reconocimiento de daños ambientales y resistencia a las sanciones que se les imponen, información sesgada a la ciudadanía, uso de la fuerza pública bajo su mando, y sobre todo, incumplimiento de los compromisos que asumen con las comunidades y poblaciones en donde se desarrollan sus proyectos.

En Noticias SER creemos que, así como se exige al Estado y a la ciudadanía que respete la ley, con mayor razón, las empresas tienen que asumir sus responsabilidades y compromisos. Pero, además, creemos que existe la obligación de los gremios empresariales de exigirles a sus miembros el cumplimiento, no solo de la ley peruana, sino de sus propios principios, códigos de conducta y convenios globales. Por el contrario, casi siempre, la SNMPE, la joven Sociedad Peruana de Hidrocarburos, SPH, y la CONFIEP, lo que han hecho es una permanente y cerrada defensa de sus miembros. Mientras esto ocurra la desconfianza hacia el sector seguirá aumentando y los conflictos también

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN EL PERU NIEGA PARTICIPACION INDIGENA EN GOBIERNOS REGIONALES

INDÍGENAS SIN REPRESENTACIÓN

En un informe publicado por CooperAcción (1) , se reveló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habría incumplido la Ley de Elecciones Regionales N° 27683, al proclamar a 33 consejeros regionales quienes estarían ocupando ilegalmente los lugares destinados para representantes indígenas. De esta manera, se habría dejado sin representación a 30 provincias y 8 regiones que poseen comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios. 

Como se recuerda, el pasado 5 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2014, para la cual, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú establece que se fijaran los porcentajes mínimos para posibilitar la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los consejos regionales y concejos municipales.

En el caso de los pueblos indígenas, se otorga una cuota mínima de quince por ciento (15%) en cada región donde existen, conforme lo determine el JNE.

El 1 de abril del año 2014 el JNE emitió la Resolución N.° 270-2014-JNE, la cual establece el número total de consejeros regionales a ser elegidos en el proceso de elecciones regionales de 2014. La determinación de la cuota indígena generó el incremento del número de consejerías regionales.

Por ello, en el listado de consejeros por región, se diferencia la elección del consejero “directo” (uno por provincia) del consejero “adicional” (2) , aquel que se ha añadido para cumplir, principalmente, con la cuota de representación de las comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios. La resolución también contiene una lista en donde se mencionan las 44 provincias, de las 18 regiones, que poseen población indígena, asignándole a cada una de ellas, la cuota de representación indígena que les corresponde, y que en total suman 48 consejeros.

En el proceso electoral no se cumplió con las cuotas establecidas para pueblos indígenas, motivo por el cual existen solo 15 consejeros que habrían sido elegidos conforme a ellas, en todo el país. Es decir, 33 cupos habrían sido, sencillamente remplazados por consejeros que no representan a comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios. ¿Cómo pudo ocurrir tal situación?

EL HILO DE LA MADEJA

Si bien, el JNE especificó en la lista de consejerías adicionales la representación de las comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, la cédula de votación de la ONPE no diferenció la elección del candidato directo de la provincia, del candidato adicional. El elector solo podía expresarse con un voto para un partido o movimiento político. Ante esta indefinición, la ONPE decidió aplicar la cifra repartidora, es decir atribuir el escaño adicional (nativo) al partido que llegó en el segundo lugar. En la mayoría de los casos, el candidato “directo” (no nativo) es el que ocupa el segundo escaño de la provincia.

a) se aplica la cifra repartidora en caso de votación por listas. En las elecciones regionales de 2014, no hay una lista, sino dos candidatos por circunscripción en categorías distintas, es decir que no compiten entre sí. Dado que la cédula de votación no permitía la expresión de un voto diferenciado, correspondía atribuir los dos cupos al partido o movimiento que ocupó el primer lugar.

b) incluso, admitiendo que se aplique la cifra repartidora, se hubiera tenido que atribuir el segundo escaño al representante nativo (del partido que llegó segundo) y no al candidato “directo”.

Este proceder equivocado trajo como consecuencia que solo 15 de los consejeros electos sean representantes de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios. No hay ningún consejero nativo en 8 de las 18 regiones con población indígena, ni en 30 de las 44 provincias que poseen comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios. Con ello se retrocede en la discriminación positiva que la norma citada estableció y se desvirtúa el espíritu de la ley (favorecer la representación de minorías).

La situación descrita contraviene, a toda luz, lo establecido por la normatividad en cuanto a representación indígena en los consejos regionales. Serían 33 consejeros que estarían ocupando ilegítimamente cargos que no les corresponden. Ante la irregular situación, los partidos y movimientos políticos así como las organizaciones campesinas e indígenas deben pronunciarse e interpelar a la autoridad electoral para que rectifique el error que se habría cometido y restablezca la representación de las comunidades nativas, campesinas y los pueblos originarios en las provincias y regiones con población indígena.

•  Se dejó de lado la cuota correspondiente a consejeros indígenas 

•  No hay ningún consejero nativo en 30 de las 44 provincias con población indígena.

•  La ONPE no elaboró una cédula de votación adecuada que evidencie el voto para elegir al consejero indígena y en su lugar usó la cifra repartidora

FUENTE:

Resolución N.° 270-2014-JNE

Portal del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Ley de Elecciones Regionales - Ley N° 27683 (publicada el 15 de marzo de 2002)

(1) Elaborado por Marco Zeisser P.

(2) Existen también consejeros adicionales según criterio poblacional, para alcanzar el número mínimo de 7 consejeros en los Consejos Regionales (en 14 provincias distribuidas en 7 regiones). Es importante también distinguir las cuotas electorales de género y de jóvenes que buscan garantizar su presencia en las listas de candidatos equivalente a los porcentajes dispuestos por ley de la cuota para comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, que estable consejerías adicionales.

MUJERES INDIGENAS DEFIENDEN SU TERRITORIO PERU

¡Mujeres indígenas en defensa del territorio!

Carmen Maynas, líder achuar en lucha contra la contaminación petrolera

LAMALCRIADA I LAS MALCRIADAS!

PUBLICADO: HACE 2 HORAS

 

 

Hace dos semanas, las comunidades indígenas mantienen la toma de las instalaciones petroleras de Andoas, así como bloqueos en los ríos Tigres, Corrientes y otros, protestando por la contaminación generada por Pluspetrol y por 40 años de explotación irresponsable. 

¡En esa lucha también las mujeres estamos en primera fila! Les presentamos a Carmen Maynas, quien ejerce el cargo de Madre Indígena, principal autoridad de la comunidad nativa de Nueva Jerusalén junto con el apu

EXMINISTRA CONFIESA TRIACION DEL GOBIERNO A LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL PERU

Importante confesión de ex ministra de Cultura a cuatro años de su salida del gobierno. 

.- La connotada artista afroperuana Susana Baca de la Colina, ganadora de dos veces del Grammy Latino y ex ministra de Cultura del gobierno de Ollanta Humala calificó de traición a los pueblos indígenas la falta de aplicación de la Ley de Consulta Previa.

La confesión se conoció en una entrevista de Gabriela Wiener publicada el domingo 8 de febrero en el suplemento del diario La República.

“Se entregó la reglamentación cuando yo ya me había ido, salió publicada, pero nunca pudo ejecutarse tal como se había planificado. Nunca se aplicó” afirmó de manera contundente en referencia a la Ley de Consulta Previa.

“Eso sí lo considero, no solo una decepción, sino una traición del Presidente a los pueblos indígenas”, agrega, sin ningun duda, la destacada artista peruana.

En un pasaje de la entrevista recuerda que ella pidió al presidente Humala acompañarlo personalmente a entregar la ley de la Consulta Previa en Bagua, “pero al final no me eligieron” dijo con decepción.

Baca coincide con otros analistas en señalar que Ollanta Humala “está muy solo ahora” y se encuentra decepcionada de él por que hubo cosas maravillosas como la Ley de Consulta Previa “que fue desaprovechada”.

Susana Baca accedió al cargo de ministra de Cultura el 28 de julio de 2011 en el que se mantuvo solo hasta mediados de diciembre, durando 133 días en el cargo.

Prominente cantante, compositora, investigadora de música y educadora de profesión Susana Baca es una importante figura en la música folk latinoamericana y afroperuana.

Fue asimismo presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las declaraciones de Susana Baca se producen en un contexto de fuerte descrédito del gobierno de Ollanta Humala y una crisis política debido al incumplimiento de sus promesas electorales.

Acceda a la entrevista completa con un clic en el siguiente enlace:

http://www.larepublica.pe/08-02-2015/humala-traiciono-a-los-pueblos-indigenas