UN MITO JIBARO DE CREACION (COMUNIDAD INDIGENA AMAZONICA PERU )

Los Jíbaros son tribus indígenas encontradas en la región amazónica del Perú, en el este del Ecuador y en Colombia occidental. El Jíbaro era violentamente agresivo con otras tribus y extranjeros, luchando con lanzas, y cerbatanas. Las cabezas de sus enemigos caídos eran preservadas con humo y conservadas como trofeos. Los jíbaros eran reacios a todo tipo de influencias del exterior, ya fuera la subyugación Inca, la influencia europea (sobre todo española) y la cristianización. El mito que se relata a continuación, fue tomado de la página web Scribd: Medio ambiente y cultura.

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La tierra, al principio, estaba desnuda y fría. Yus, el dios creador, pensó en vestir la tierra seca con árboles gigantes y pequeñas plantas. Entre las ramas el viento silbaba, lo que recordó a Yus que necesitaba poblar su creación con pequeños animales que silbaran con el viento. Creó así a pequeños animales como las moscas y otros insectos, serpientes que también silbaban. Junto a ellos colocó pequeños animales que saltaban de rama en rama, muertos de sed.

Entonces se dio cuenta que éstos no tenían agua, por lo que tomó un jarro de oro y derramó el líquido sobre las copas de los árboles formándose entre ellos primeros manantiales y después enormes ríos, poblándose de inmediato de innumerables peces.

Miró entonces al cielo, y lanzando su pañuelo a las alturas, cubrió el cielo apareciendo entonces el sol, la luna y las estrellas.

Pero Yus no estaba satisfecho con su creación ya que sus criaturas eran demasiado simples para comprender la grandeza de su obra, por lo que tomó un puñado de barro y modeló una figura de hombre. Luego subió a un gran volcán y sobre su cráter se coció el hombre. Dios dio un soplo sobre la figura para enfriar el cuerpo, dándole así la vida y la inteligencia para que se extendiera por la tierra.

COMUNIDADES INDIGENAS CAMPESINAS DE ESPINAR CUSCO PERU DEMANDARAN AL ESTADO PERUANO

Conferencia de prensa sobre grave denuncia. Foto: Jean Chicana / Servindi

– Tras cinco años de conocer los resultados de la contaminación con metales pesados, el Estado no brindó solución a grave problema de salud.

Servindi, 26 de noviembre, 2015.- Sendas demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, se anunciaron a favor de las comunidades campesinas de Huisa y Alto Huancané, las más afectadas por la contaminación con metales, en la provincia de Espinar, Cusco.

Las demandas serán debidamente formuladas con la colaboración de diversas asociaciones civiles como Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, elInstituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA).

El anuncio coincide con una reciente investigación realizada por Convoca y difundida por el diario La República que reveló una gran falta cometida por el Estado peruano con las poblaciones cercanas a la zona de afectación del proyecto Tintaya -hoy Antapaccay-.

La investigación demuestra que el Estado peruano no cumplió con proteger y atender a tiempo a las comunidades afectadas en su salud por la contaminación con metales pesados, a consecuencia de los relaves dejados por la actividad minera.

En octubre de 2010 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente(CENSOPAS), entidad dependiente del Ministerio de Salud (MINSA), realizó un estudio para determinar el grado de contaminación por metales pesados en los poblados de Huisa y Alto Huancané.

Dicho estudio mostró que en el 100 por ciento de los casos analizados las personas analizadas estuvieron expuestos a metales altamente dañinos como el arsénico, el mercurio, el cadmio y el plomo, superando en muchas situaciones los límites máximos indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, el CENSOPAS no divulgó los resultados a la población ni adoptó las medidas que la situación ameritaba. La posterior revelación de este estudio fue el inicio del grave conflicto social que dejó tres fallecidos en mayo de 2012.

En esa misma fecha, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal defendió su posiciónafirmando que el estudio de CENSOPAS no fue practicado en el área de influencia de la entonces minera Xstrata, demostrando así la despreocupación del gobierno.

Infografía: Convoca

Esconden resultados

En 2013, CENSOPAS recibió el pedido de realizar un nuevo estudio por parte de la minera Quechua, subsidiaria de la firma japonesa Pan Pacific, quienes se encontraban en etapa de exploración de un proyecto que compartía parte de la zona de influencia de la mina Tintaya.

Cabe mencionar que en ese tiempo, la empresa Xstrata Tintaya se asoció con la compañía suizaGlencore, quienes ampliaron el proyecto cuprífero y lo renombraron Antapaccay.

En mayo de 2013 la población recién pudo conocer verdaderamente los resultados de los estudios practicados hasta ese entonces. No obstante tras la protesta, se acordó un nuevo examen médico.

Estos nuevos resultados además de confirmar el diagnóstico anterior, descubrieron que en la orina y la sangre de los pacientes analizados se encontraron otros metales como molibdeno, cobalto, estroncio, cesio, tungsteno, uranio, entre otros; siendo en total 17 metales nocivos.

Sin embargo, durante las mesas de diálogo de agosto de 2013, el CENSOPAS solo mostró los resultados para seis metales. Los resultados para los metales restantes no fueron revelados sino hasta diciembre de 2014.

Por si fuera poco el Estado aparte de esconder las pruebas a la población, entregó las constancias médicas sin sellos ni firmas que certifiquen la información tal como corresponde al ser un documento oficial.

Faltas del Estado

De acuerdo con el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, en este caso existen una serie de obligaciones contempladas en normas que no han sido cumplidas por parte del Estado, así como también algunos ilícitos penales como “el delito de no atender personas en peligro”.

Asimismo, explicó que se encuentra en preparación una demanda civil contra el Estado para que repare los daños de las personas afectadas.

Señaló que se espera conocer pronto el informe solicitado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) al Instituto Nacional de Energía Nuclear que establecerá el grado de responsabilidad de la empresa minera para que también sea demandada.

“Estas demandas no buscan oponerse a la actividad extractiva necesariamente, lo que busca es una adecuada protección al medioambiente, a los derechos de las personas afectadas, porque es absolutamente incompatible esa situación en un Estado constitucional”, aclaró Ruiz Molleda.

Por su parte, el médico Fernando Osores Plenge precisó que la intervención de la congresista Verónika Mendoza colaboró en la revelación de los estudios escondidos y encarpetados por CENSOPAS, entidad dirigida en ese momento por la doctora María del Carmen Gastañaga.

También puntualizó que el Estado intentó pasar los estudios como parte de un informe de base sobre una zona donde todavía no había actividad minera, cuando en realidad el estudio mismo indicaba que ya había el tajo Tintaya, en plena explotación y otros proyectos en desarrollo.

“El Estado sabe desde el 2010 que hay metales pesados en las personas y las están envenenando, intoxicando, que son un veneno para la salud humana, que destruyen el futuro de  las comunidades y que rompen con la seguridad y la inocuidad alimentaria”, denunció Osores.

Y finalizó mencionando que hasta la fecha, las autoridades no han hecho nada para solucionar y atender de forma especializada este grave problema.

“Solamente han hecho acciones de salud bamba, donde las poblaciones llegan, son auscultadas en el pecho, se les manda (hacerse) una ecografía, y todavía tienen el cuajo de mandarlos a comprar medicamentos a la farmacia”, reclamó.

Juan Manuel Magaño presentando imágenes de los niños con malformaciones. Foto: Jean Chicana / Servindi

Demandas

Juan Manuel Magaño, dirigente de la comunidad Huisa, expresó su indignación en torno al atentado contra la salud de su pueblo y el desamparo de las autoridades ante los constantes reclamos por contaminación con metales pesados.

“Nos han quitado nuestros derechos a una vida digna, han atentado (contra) nuestra atención médica y de salud. No nos han atendido hasta el momento (…) El Estado sabía desde el 2010 que hemos estábamos siendo envenenados y no hizo nada”, expuso Magaño.

Asimismo comentó que en Huisa existen tres fallecidos producto de males hepáticos, atribuidos a la sobreexposición a metales nocivos, así como la existencia de casos de recién nacidos con malformaciones, y niños con trastornos mentales.

Por su parte, la señora Melchora Surco Rimachi comentó que en el poblado de Alto Huancané se presentan casos similares en niños y adultos, lo cual ha cambiado totalmente la forma de vida de la comunidad.

“Tenemos preocupación de qué será de nuestros nietos, de nuestras demás generaciones. El Estado se ha olvidado de nosotros sabiendo que hay contaminación, pero dicen que es natural. (…) Pero lo que yo veo desde mi niñez no era así”, contó entre sollozos

DIABETES Y POBLACION INDIGENA EN MEXICO

– ¿Debemos abrir nuestro corazón a Coca Cola?

 La transnacional norteamericana Coca Cola lanzó un vídeo publicitario empleando un supuesto reconocimiento a la lengua indígena Mixe, el cual ha creado una gran controversia y debate en las redes sociales, principalmente de México.

En el vídeo filmado en la comunidad Totontepec unos jóvenes elaboran un árbol de navidad el cual muestra al final un mensaje en la lengua de este pueblo originario lo que causa sorpresa y admiración entre los jóvenes locales.

Para algunos sectores el comercial emplea estereotipos que en sí mismos son una muestra de la segregación de la cultura indígena y de los indígenas oaxaqueños.

Cabe destacar que como señalan diversos portales la cultura Mixe es una de las más fuertes, sólida y rica en expresiones artísticas y musicales, de Oaxaca, y son llamados los no conquistados, por su resistencia a todos los intentos de los colonizadores españoles.

En tal sentido “no requieren un árbol de navidad para ser reconocidos” y el video resulta una burda jugarreta comercial de la empresa refresquera para presentar su cara bonita en la temporada navideña.

Un artículo de Isadora Bonilla, publicado en el portal Regeneración se interroga: “¿Por qué chingados los indígenas necesitan un árbol de navidad? ¿De qué manera la Coca Cola les puede beneficiar? ¿Por qué tienen que ser todos los adolescentes pseudo benefactores, rubios, blancos o de un estrato económico más alto?”

“A los adolescentes de estratos económicos altos, ¿lo mejor que se les puede ocurrir para romper prejuicios entorno a la problemática indígena (sea cual sea ésta entre las decenas de problemáticas que hay) es llevar un árbol de madera, pintarlo de rojo y jugar a la caridad?”

La escritora prosigue: “¿Es la caridad un solución al problema de la desigualdad y la discriminación? ¿Conocen los adolescentes caritativos los estragos de la industria refresquera en México, en el mundo, y en especial en las poblaciones indígenas? Parecería que no.”

¿Vivimos una coca colonización?

El artículo de Isadora Bonilla nos brinda algunas estadísticas que vale compartir:

– 163 litros de refresco son consumidos por persona al año en México.

– Aproximadamente 500,000 personas mueren por diabetes al año en nuestro país.

– Cada 30 segundos a alguien le amputan una pierna en el mundo por complicaciones de diabetes, uno de los padecimientos que en México más cuestan al erario público y que puede ocasionar el colapso del sistema nacional de salud.

– Coca Cola paga un costo mínimo por derechos de explotación del agua.

– Cada litro de Coca Cola gasta 175 litros de agua.

– Chiapas, es el estado donde más se consume esta bebida. El mismo estado ocupa el lugar número 13 en obesidad y 31 en desnutrición.

Según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Chiapas seis de cada 10 adultos sufre obesidad y sobrepeso.

Estos estudios indican una fuerte relación entre el padecimiento y el consumo de refrescos, que se ha propagado en la entidad gracias a las campañas de publicidad masivas y a la inserción de la bebidas en los usos y costumbres de las comunidades, al grado de que en algunas el destete se realiza con Coca Cola.

Fuente: La publicidad del descaro: Regeneración.mx: http://regeneracion.mx/la-propaganda-del-descaro-de-coca-cola-utilizando-a-indigenas/

– Por razones genéticas y de cambios en el hábito tradicional de consumo esta epidemia mundial tiene una enorme carga sobre las poblaciones indígenas del planeta.

• Consumo de alimentos procesados triplicaron diabetes en indígenas de Chiapas

Imagen: El Universal

Servindi, 12 de mayo, 2014.- Expertos encontraron que el creciente consumo de harinas y bebidas embotelladas en reemplazo de alimentos tradicionales han disparado la incidencia de diabetes en comunidades del estado de Chiapas. Así lo advierte un informe de El Universal. Seguir leyendo…

• Diabetes en alza en todo el mundo. Indígenas son especialmente vulnerables

– El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes y nueva información científica confirma que los pueblos indígenas son más vulnerables a esta peligrosa enfermedad.

• La epidemia mortal de la diabetes se expande entre los indígenas

– Mientras que la prevalencia de diabéticos el 2011 fue de 8.3 por ciento a nivel mundial en algunos pueblos indígenas alcanza niveles de hasta 44 por ciento. Considerada la mayor epidemia del mundo las poblaciomes originarias no son diagnosticadas de su afección, no reciben tratamiento adecuado y muchas mueren sin saber la razón de su sufrimiento   Tomado de SERVINDI   comunicacion Intercultural

RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD INDIGENA PERU

Piden respeto a la institucionalidad indígena

– Comunidades y federaciones rechazan oportunismo político de Gobierno central y regional.

- Cuatro organizaciones indígenas expresaron su rechazo a los intentos del gobierno central y regional de intentar apropiarse de la lucha de los pueblos y arrogarse logros obtenidos gracias a la lucha sacrificada de miles de indígenas.

En tal sentido rechazaron la utilización y manipulación “con fines políticos o personales” de un proceso de diálogo aún lleno de conflictos, dificultades e incertidumbres, y que “aún está lejos de concluir”.

Mediante un pronunciamiento indican que diversos logros como “presupuesto, proyectos, actividades, entre otros”, ahora son utilizados por diversos actores políticos para intentar apropiarse de los éxitos obtenidos por el sacrificio indígena.

El pronunciamiento fue suscrito por la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) y la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE).

Recordaron que los procesos de diálogo deben realizarse respetando a las instituciones indígenas y en “coordinación permanente con las organizaciones representativas de cada pueblo”.

Asimismo, señalaron que la agenda social de las comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre, se basa en un diálogo de cuatro años y que tiene hitos históricos en las actas de Lima suscrita el 10 de marzo de 2015; y el acta de Teniente López, firmada el 24 de setiembre de 2015.

Dichos acuerdos han significado “una de las movilizaciones más importantes de los últimos años, realizada por los pueblos indígenas achuar del Corrientes, quechua del Pastaza, kichwa del Tigre y kukamas del Marañón”.

Históricamente los diversos gobiernos “han trabajado a espaldas de los pueblos y las comunidades, marginando la agenda indígena e imponiendo formas y decisiones, gastando fondos públicos en actividades que la población desconoce”.

El pronunciamiento difundido por el Observatorio Petrolero Puinamudt destaca que el proceso de diálogo no concluye y solo finalizará “con la consecución de la paz, del legítimo derecho y del futuro bueno y para nuestras nuevas generaciones”

POBREZA HAMBRE Y AGRICULTURA FAMILIAR PERU

En América Latina, el 81% de los productos que nos alimentan en la mesa de nuestros hogares día a día, provienen de la pequeña agricultura familiar. Son estos agricultores quienes generan más trabajo en nuestros países, ocupando entre el 57% al 77% de la población económicamente activa.

En Perú, más del 90% de los productores agrarios peruanos son agricultores familiares. Más del 75% de los alimentos que consumimos provienen de sus tierras y trabajo diario. Estos agricultores operan en su mayoría en parcelas menores a las 5 hectáreas .

Según el programa de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) los niveles de hambre se han reducido de manera importante en nuestro país, sin embargo, al 2015, existirían aún 2,3 millones de personas que sufren hambre .

El Instituto Nación de Estadística e Informática (INEI), indica que hasta el año 2014, la pobreza afectaba al 33,8% de la población de la Sierra, al 30,4% de los residentes de la Selva y en la Costa (incluye Lima Metropolitana) al 14,3%a población. Esta pobreza además tiene un perfil a considerar: el 64% habla una lengua nativa amazónica, el 34,1% habla Quechua o Aymara, el 39,3% son trabajadores familiares no remunerados y el 42% se dedican a actividades primarias o extractivas como la agricultura, pesca y minería.

Hasta nuestros días, los programas sociales están enfocados en temas asistenciales, sin embargo, la inversión para que estos agricultores desarrollen su actividad de manera sostenible, es bastante pequeña en relación al peso económico y poblacional de la agricultura familiar. Los agricultores que reciben asistencia técnica son un 11% y los que acceden a créditos un 8%.

En un reciente Foro Latinoamericano Andino Amazónico realizado en Bolivia en septiembre del presente año, el ecuatoriano Eddy Timias, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA resaltó, que sólo en la cuenca amazónica de América Latina, viven 390 pueblos indígenas que ocupan poco más de 170 millones de hectáreas y cuentan con una población de 2.586.012 personas pero, que cerca de 24 millones hectáreas de sus territorios en la región, se encuentran en disputa.

Estos pueblos Amazónicos como otros pueblos indígenas, son los más pobres entre los pobres en América Latina, y los que tienen menos asegurado sus territorios y apoyo de los Estados para desarrollar una agricultura amigable con los bosques, el medio ambiente y que valore sus conocimientos ancestrales.

El Congreso de la República en Perú, en octubre del presente año, ha aprobado una Ley Marco de Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Familiar en el Perú . La norma recién ha sido promulgada por el ejecutivo y se debiera contar con un reglamento en los próximos 90 días a partir del 4 de noviembre del presente.

Todos aquellos que reconocemos, por lo indicado, la importancia de la agricultura familiar en nuestro país, necesitamos motivar que esta norma sea reglamentada en breve.

De igual forma, necesitamos reconocer las agriculturas de nuestro país y la desigualdad sobre estas. Los pueblos cercanos a la Costa tienen mayor interés de las grandes inversiones bajo zonas irrigadas por la facilidad para explotarlas pero, estas zonas no producen la mayor riqueza alimenticia de nuestro país. La zona Andina y Amazónica son las más rezagadas por el Estado. De manera particular la zona Amazónica que tiene un potencial adicional, sus Bosques. Esto significa que para la Amazonía, el Estado tiene una doble responsabilidad, apoyar una agricultura sostenible pero, además, una agricultura que sea amigable con la conservación y usos del mayor pulmón de América Latina.

Esto tiene plena y directa relación con la pobreza y el hambre. Ayudar a estos agricultores a desarrollar sus potencialidades, significa mejorar la actividad económica que da más trabajo en el Perú y que aún, podría generar aún más puestos de trabajo. Esto además significa no invertir en mono cultivos y prácticas no sostenibles de uso de pesticidas y abonos artificiales sino, potenciar la inmensa biodiversidad y formas alternativas de agricultura de nuestros pueblos.

¿Será posible asumir éste reto? ¿Seguiremos apostando por el asistencialismo o políticas de venta de nuestros territorios para que sean terceros los que se lleven nuestras riquezas? ¿Podemos hacer posible una inversión social, cultural y ambientalmente responsable?   Articulo de Jorge Arboccó

EL PERU SE DA EL LUJO DE BOTAR COMIDA

Las personas en situación de inseguridad alimentaria alcanzan en el Perú a 2.3 millones y en el caso de la ciudad de Lima y el Callao son más de 320 mil. Asimismo, el desperdicio de alimentos es muy elevado; estimaciones de la FAO indican que cerca de 7 millones de toneladas de alimentos son destruidos cada año a nivel nacional. Ello ocurre porque la legislación tributaria hace que sea más conveniente para las empresas destruir los alimentos que ya no puede vender en lugar de donarlos. 

En el marco de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas aprobados en setiembre pasado, nuestro país se ha comprometido a lograr metas específicas para el año 2030 en relación a ambos temas: “reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución…”y, paralelamente, a “poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables … a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año”.

Como se explica en la Exposición de Motivos de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada hace unos días por el Congreso de la República, la principal causa del problema de la inseguridad alimentaria en nuestro país está por el lado del acceso a los alimentos en razón de los bajos ingresos de sectores significativos de nuestra población. A ello se suman los elevados índices de desnutrición crónica infantil y de anemia, situaciones que no se corresponden con los niveles de crecimiento económico de nuestro país en los últimos años.

Existiendo esa realidad, simultáneamente el desperdicio y la destrucción de alimentos son crecientes, y esto ocurre así en todo el mundo. A nivel de América Latina un 15% de los alimentos disponibles, según cifras de la FAO, se pierden o desperdician mientras un 8% de su población sufre hambre; la situación es muy similar en el caso particular del Perú. Datos nacionales específicamente para el sector de supermercados indican que son más de 500 millones de soles al año los que se pierden en alimentos.

Además de las estrategias y políticas así como de los programas sociales que llevan adelante los estados para reducir la inseguridad alimentaria y el hambre, existe a nivel internacional un instrumento importante para apoyar los esfuerzos que también realizan muchas organizaciones de sociedad civil y comunitarias para contribuir a ese objetivo: los BANCOS DE ALIMENTOS.

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin fines de lucro que buscan ser un puente entre productores, comercializadores y distribuidores de alimentos y las personas que padecen inseguridad alimentaria. Este modelo funciona en EE.UU., Europa y en Latinoamérica desde hace ya muchos años. Así existen más de mil Bancos de Alimentos en el mundo que contribuyen con la alimentación de más de 40 millones de personas.

En el caso de nuestro país, Banco de Alimentos Perú (BAP) ha empezado a operar en el 2014 siguiendo el modelo de los bancos de alimentos existentes en muchos países del mundo y contando con la asesoría de la Red Mundial de Bancos de Alimentos, con sede en Estados Unidos, de la cual forma parte. Desde esa fecha, el BAP ha intermediado donaciones de alimentos de más de 20 empresas por un total de 236 mil kilos en favor de 53 organizaciones de apoyo social, beneficiando a 74 mil personas en total (entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y familias en general). Estas cantidades son todavía pequeñas en relación a la necesidad y a la potencialidad de donaciones existente en nuestro país.

De acuerdo a la experiencia internacional, otro instrumento que ha sido decisivo para el doble propósito de aumentar las donaciones de alimentos y reducir el desperdicio de éstos, han sido las propuestas legales para promover y facilitar las donaciones, y, en algunos casos, hasta para prohibir la destrucción de alimentos (caso de Francia). Esto se ha logrado ya en países de la región que, gracias a ello, han multiplicado la cantidad de alimentos recuperados y donados, como es el caso de México, Colombia, Argentina, Chile, entre otros.

En el Perú se ha presentado recientemente una iniciativa legislativa a la Comisión de Economía del Congreso de la República sobre este tema. El proyecto propone que nuestra legislación exceptúe del pago de IGV y no limite la deducción del impuesto a la renta a los alimentos que sean donados, para de esta forma promover y facilitar que cada vez más empresas pongan al alcance de quienes los necesitan aquellos productos que no tienen ya valor comercial pero sí un valor social.

El Banco de Alimentos Perú está impulsando una campaña de difusión y sensibilización para que se apruebe este Proyecto de Ley y que, al igual que sucede ya en muchos otros países, en el Perú no se sigan destruyendo alimentos que están en condiciones de ser consumidos y que ayudarían a miles de personas que no tienen acceso a una alimentación suficiente.