martes, 24 de julio de 2018
jueves, 19 de julio de 2018
PUEBLO SHIWIAR DEL ECUADOR RECHAZAN A PETROLERAS
En la Comunidad Kurintsa, sede de la Nacionalidad Shiwiar de Ecuador (NASHIE), se realizó una Asamblea entre los días 20, 21 y 22 de junio que convocó a los presidentes y delegados de 14 comunidades y 4 Asociaciones. Más de 100 personas asistieron a esta reunión que abordaría temas importantes como el estado de la Ronda Petrolera Suroriente, el derecho a al consentimiento, previo, libre e informado y los impactos socioambientales de la explotación petrolera.
El territorio de la Nacionalidad Shiwiar (NASHIE) está ubicado en la Amazonía ecuatoriana, provincia de Pastaza, entre los ríos Bobonaza y Conambo, en la frontera con el Perú. Su territorio abarca una superficie de 222.615 hectáreas y cuenta con una población de 1.200 habitantes.
Su territorio y otros territorios indígenas de la provincia de Pastaza de alguna manera están aislados, ya que no hay vías de acceso terrestre y la única manera de acceder a estas comunidades es por vía aérea, en pequeñas avionetas. Internamente se comunican a través en pequeñas canoas por los ríos.
CANOAS DE POBLADORES SHIWIAR EN LA S ORILLAS DEL RÍO KURINTSA
Algo que caracteriza a los territorios indígenas de la provincia de Pastaza es el excelente estado de conservación de sus bosques tropicales. En el caso del territorio Shiwiar, la deforestación acumulada al 2016 es de 2.624 hectáreas, es decir, el 1,17% del territorio. El que quiera realizar proyectos extractivos en estos territorios es una seria amenaza para la conservación de estos bosques, de los cuales depende la vida y cultura de los pueblos indígenas.
La Ronda Petrolera Suroriente en Territorio Shiwiar
En 2012, el gobierno ecuatoriano inauguró la Ronda Petrolera Suroriente y de los 21 bloques petroleros que la conforman, siete ( 80, 81, 82, 83, 85,86, 87) afectan el 100% del territorio de la NASHIE.
En 2016, se firmó un contrato de exploración y explotación con la empresa de capitales chinos Andes Petroleum para los bloques 79 y 83, este último afecta 1.956,20 hectáreas del territorio Shiwiar. Además, se otorgaron los bloques 28, 74 y 75 a la empresa estatal Petroamazonas.
Con la llegada de Lenin Moreno a la presidencia de Ecuador y en el marco del diálogo que se viene realizando con el movimiento indígena, el secretario de la Gestión de la Política anunció, en diciembre de 2017, el cese de concesiones petroleras y mineras que no cumplan con el derecho a la consulta previa, libre e informada. Por su parte, las organizaciones indígenas han requerido que además se realice una auditoría sobre el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada en los bloques ya concesionados y de ser el caso se anule estos contratos. Esta propuesta no ha sido atendida.
A pesar del anuncio realizado, dos meses después el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anunció que para el segundo semestre de este año se realizará una nueva licitación para los bloques de la Ronda Suroriente, esto contempla los bloques que afectan territorio Shiwiar, incluso se informó que ya hay interesados como las empresas Exxonmobil y Shell.
¡No fuimos consultados!
Una de las actividades realizadas en la Asamblea de Kurintsa fue la revisión y análisis de la información oficial de la Secretaría de Hidrocarburos (SHE) que indica que para dos bloques que afectan territorio Shiwiar, 80 y 81, sí se realizó un proceso de “consulta previa”. Sin embargo, las comunidades denuncian que esta “consulta” no fue acordada con su organización representativa -la NASHIE-, ni tampoco se realizó a través de su espacio tradicional de toma decisiones como es la Asamblea. Estos elementos del derecho a la consulta previa, libre e informada están garantizados en los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas.
Respecto a esto, Héctor Santi, de la Comunidad Kurintsa, expresó:
“No fue una consulta, vinieron únicamente con ofrecimientos que sabemos son falsos. No fuimos de ninguna manera consultados como dicen. Como Shiwiar ya nos habíamos pronunciado en contra de este proyecto de explotación petrolera y como además nos opusimos a esta supuesta consulta ingresaron a nuestro territorio los de hidrocarburos utilizando a indígenas que viven en la ciudad”.
Otra estrategia que utilizó la SHE para argumentar demostrar que se cumplió con la “consulta previa” fue la firma del “Acuerdo de Inversión Social entre la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador y la Representación de la Comunidades del Área de Influencia del Bloque Hidrocarburífero”. Para el caso de los bloques 80 y 81 se firmaron estos acuerdos por parte de la Junta Parroquial de Río Corrientes y Río Tigre, Asociación Shiwiar de Pastaza y Asociación Shiwiar de Tanguntza y Bufeo.
En ninguno de estos “Acuerdos de Inversión” consta la NASHIE, representante legítima de las comunidades Shiwiar, y llama mucho la atención el que se haya firmado uno de estos documentos con la Asociación Shiwiar de Pastaza, organización que es inexistente como lo expresó el presidente de la Asociación Juyuintsa:
“Los que viven en la ciudad, que no viven en las comunidades, son los que han participado en estas consultas, hasta se han atrevido a inventar organizaciones. Los que han firmado esos documentos lo hicieron sin el apoyo y conocimiento de nuestras comunidades”.
Los participantes en la Asamblea también cuestionaron que las Juntas Parroquiales han firmado estos acuerdos ya que esta es una unidad político administrativa que no representa a la estructura organizativa de los Shiwiar y menos podría tomar decisiones sobre un territorio del cual poseen título de propiedad ancestral.
Resolución de Kurintsa
La discusión y análisis se fueron profundizando y con estos aportes los Shiwiar realizaron las resoluciones de la Asamblea, que son mandato para el Consejo de Gobierno de la NASHIE, que deben cumplir y hacer cumplir. Entre las principales resoluciones están
5. Rechazar las actas de compromiso para los bloques 80 y 81 firmadas por falsos dirigentes y falsas organizaciones que no representan a los miembros de nuestra nacionalidad.
6. Rechazar rotundamente el proceso de consulta previa que se realizó en el año 2012 y cualquier otra consulta previa o socialización que se pretenda hacernos en el futuro.
5. Rechazar las actas de compromiso para los bloques 80 y 81 firmadas por falsos dirigentes y falsas organizaciones que no representan a los miembros de nuestra nacionalidad.
6. Rechazar rotundamente el proceso de consulta previa que se realizó en el año 2012 y cualquier otra consulta previa o socialización que se pretenda hacernos en el futuro.
7. Rechazar rotundamente la nueva Ronda Petrolera Suroriente que pretende realizar el gobierno nacional sobre nuestro . territorio ancestral.
Luego de haber revisado las resoluciones, las mujeres Shiwiar tomaron la palabra y cerraron la Asamblea sentenciando:
MUJERES SHIWIAR PARTICIPANDO EN LA ASAMBLEA EN LA COMUNIDAD KURINTSA
“No quiero saber nada de petróleo, nosotros vivimos bien con nuestro estilo de vida, cultivando y cazando. Las mujeres tenemos posición firme y queremos que los hombres también lo tengan y no cometan errores".
“No queremos empresas petroleras en nuestros territorios. Dirigentes estén firmes, no se dejen engañar y estén atentos a lo que están haciendo otras personas que viven en la ciudad y no nos representan
jueves, 5 de julio de 2018
LA CONSULTA PREVIA EN EL PERU CUMPLE SUS OBJETIVOS ?
Consúltame de verdad: informe hace balance crítico a siete años de la Ley de Consulta Previa
Siete años han pasado desde la aprobación de la histórica Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios. Como se recuerda, dicha Ley fue producto de la lucha indígena por el cumplimiento efectivo de este derecho, que seguía siendo ignorado por los sucesivos gobiernos pese a que se encuentra reconocido en el país desde que el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1994.
¿Qué se ha avanzado en estos años? ¿Esta Ley, pionera en el mundo, ha logrado garantizar realmente el cumplimiento efectivo del derecho de consulta a los pueblos indígenas? Un reciente informe de CooperAcción y Oxfam muestra que no, pues en la mayoría de casos la consulta ha sido reducida a un mero trámite adicional, y en el caso de las actividades extractivas se someten a consulta decisiones administrativas menores en las etapas finales del proceso, cuando casi no queda nada sustantivo por decidir.
La investigación, realizada por Ana Leyva –directora de CooperAcción- analiza 38 procesos de consulta realizados en sectores como Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Ambiente, Educación, Salud y Agricultura.
El grueso de las consultas realizadas (25 de ellas) tiene que ver con proyectos extractivos, de los cuales 13 han estado referidos a hidrocarburos y 12 a minería. Un primer problema identificado tiene que ver con la decisión sobre qué se consulta. “La realización de un proyecto extractivo implica una cadena numerosa de decisiones que se realiza en etapas. Entre tales decisiones, el Minem ha definido qué se consulta y qué no, sin haber solicitado para ello la opinión de los pueblos indígenas”, señala el informe.
Además, señala que “el mayor problema ha sido la asimetría de los actores, lo que dificulta la participación y está relacionado con temas logísticos, falta de información o de asesoría”, entre otros elementos.
La investigación también muestra las deficiencias en la información previa provista por el Estado, así como en los plazos y tiempos para el cumplimiento de las diversas etapas de información, evaluación interna y diálogo intercultural.
Por otro lado, dadas todas estas deficiencias, los acuerdos alcanzados al finalizar el proceso son, en la mayoría de casos, de tipo general y se refieren a obligaciones que ya tiene el Estado al margen del proceso de consulta. Por ejemplo, algunos de los acuerdos son que “se respete el medio ambiente”, “que la empresa cumpla con sus compromisos”, “que el Estado cumpla con fiscalizar”, entre otros. “Creemos que la consulta previa en minería, tal como ha sido diseñada, conduce inexorablemente a este resultado”, concluye la investigación.
Entre sus recomendaciones, se plantea que las medidas a ser consultada deben ser definidas en diálogo con los pueblos indígenas, se proponen cambios en la metodología y la necesidad de garantizar asesoría técnica para las etapas informativas, de evaluación interna y de diálogo, entre otros planteamientos. Ello debería llevar a modificar las normas reglamentarias emitidas por el Gobierno que regulan la consulta previa, especialmente en actividades extractivas.Tomado de SERVINDI
Suscribirse a:
Entradas (Atom)