Tras nueve años de ocurridos los lamentables hechos de Bagua, aún no hay justicia definitiva para las víctimas. Debido a que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema solicitó (por 3 votos contra 2) anular la sentencia que absolvía a 53 indígenas y realizar un nuevo juicio, se debía dar un voto dirimente. Para ello, se designó a la juez suprema Iris Pacheco Huancas.
Hoy 27 de diciembre a las 09:00 horas debía realizarse la audiencia, pero a pocas horas de llevarse a cabo, la jueza suprema inhibirse sin especificar las razones por las que no quería seguir el caso "La curva del diablo". Ante ello, se suspendió el informe oral por este caso relacionado a las protestas sociales de las comunidades de la Amazonía ante los decretos que emitió el gobierno de Alan García y que atentaba contra sus derechos como pueblos indígenas.
El abogado Juan José Quispe (Instituto de Defensa Legal) señaló que "en el mejor de los casos se reprogramará, previo dictamen del fiscal supremo, en una fecha posterior a las vacaciones del Poder Judicial del mes de febrero del 2019".
Para el abogado, esto es un trato injusto para los indígenas, que fueron absueltos en la sentencia en cuestión. "La angustia de un nuevo juicio oral se prolonga vertiginosamente y ellos sin saber nada pues es difícil la comunicación telefónica para informales de este extraño apartamiento de una jueza que era clave para el caso", escribió en su Facebook.
En la previa, abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), procesados y autoridades de la Iglesia Católica alertaron que la sentencia del caso Bagua corría peligro. Resaltaron que la Sala que solicitó nuevo juicio estaba conformada por el actual presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros Cornejo.
"No se trata de un juicio común, donde se procesa a delincuentes de alguna organización criminal, sino donde se juzgan a miembros de comunidades indígenas que han sido indebidamente procesados por defender sus territorios, sus tierras y su ecosistema, de una exquisita cultura milenaria, que hablan lenguas distintas al castellano como el awajún y el wampis, cuya cosmovisión solo puede ser entendida a la luz de peritajes antropológicos", explicaron.
Sostuvieron que los magistrados que piden nuevo juicio no están considerando el artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que entre otras cosas "dispone que cuando se impongan sanciones penales contra miembros de comunidades indígenas deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales".
El problema, resaltan, es que los verdaderos responsables de las muertes y lesiones a policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) no han sido identificados ni han sido llevados a juicio.
"Lamentamos que la Fiscalía de Bagua y ahora la Corte Suprema se empecinen en querer sancionar a los detenidos y, por el contrario, no hayan profundizado en llevar a juicio a los verdaderos responsables de las muertes y lesiones de policías de la DINOES, ya que los delitos sí se perpetraron y merecen una sanción penal", dijeron en conferencia de prensa.
En setiembre del 2016, los 53 indígenas que habían estado en la cárcel acusados de ser responsables de la muerte de 12 policías en el Baguazo, fueron absueltos por la justicia peruana, pero, como dijeron los familiares de las víctimas, este caso no puede quedar impune.
El 5 de junio del 2009, durante el gobierno del aprista Alan García, fallecieron 34 personas, entre policías e indígenas, por el conflicto social provocado por decretos legislativos que, como denunciaron los pueblos awajún y wampis, iban en contra de su derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la OIT
