“Cuando mis paisanos van de pesca, ya no encuentran peces sanos sin contaminación. Se van de cacería y no encuentran animales sanos. Comemos un animal contaminado, eso lo vivimos las familias de nuestra comunidad”. Esto me contó en 2016 Aurelio Chino, quien desde 2006 es presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y apu de apus del Pastaza, donde hay 20 comunidades nativas.
Estuve con él en Nuevo Andoas (provincia de Datem del
Marañón, Loreto), zona fronteriza con Ecuador. Allí también está ubicado
el Lote 192 (antes 1AB), el más importante del Perú, y que
entre 2000 y 2015 fue operado por Pluspetrol. Antes estuvo allí Occidental
Petroleum, y ahora la canadiense Frontera Energy bajo un contrato de servicios
con el Estado. Una historia de supuesto desarrollo económico, pero no para
estas comunidades. Sí, una triste historia de contaminación ambiental que
cambió la vida, el presente y el futuro de estos peruanos. La empresa argentina
dejó el lote en agosto de 2015 sin remediar el daño causado durante su
intervención.
“La situación de las
cuatro cuencas (Pastaza, Tigre, Marañón y Corrientes) sigue complicada. No hay
remediación ambiental, a pesar de que hemos dialogado durante mucho tiempo con
el Estado. Nos hemos sentado con funcionarios de varios gobiernos, hemos
firmado actas, pero los avances son muy pocos. Al Estado peruano siempre le
hemos pedido que presione a Pluspetrol para que se haga responsable de los
daños en nuestro territorio”, me dice Aurelio cuatro años después desde
Amsterdam, donde este miércoles presentó un reclamo ante el Punto de Contacto
Nacional (NCP, National Contact Point) para que la petrolera, con sede en esa
ciudad, se haga responsable.
Según la queja, que es respaldada por las federaciones Feconacor, Acodecospat y Opikafpe,
que representan a las otras tres cuencas, Pluspetrol ha cometido en Loreto
malas prácticas operacionales como bajos estándares, derrames de petróleo, mala
remediación ambiental (si es que la hizo), vertimiento de aguas de producción,
entre otras acciones, las cuales han vulnerado los derechos económicos,
sociales y culturales de las comunidades nativas.
Para el dirigente amazónico, Pluspetrol debe asumir su responsabilidad
en la remediación ambiental, en salud y seguridad alimentaria. “El Estado
peruano no hace mucho para que tengamos justicia ambiental. Parece que no le interesa
las voces de los pueblos originarios”, añade.
“Estamos en Holanda para dar a conocer nuestra realidad, para que el
mundo conozca todos los sitios contaminados dentro de nuestro territorio. Lo
que esperamos es que nos escuchen y entiendan nuestra búsqueda de justicia
ambiental, que no es de ahorita”, dice Chino.
“Pluspetrol sabe lo que pedimos, que es justo, pero no nos llama, no se
sienta a conversar con nosotros. Por otro lado, el Estado peruano no hace lo
suficiente para exigirle que se haga responsable. Por ello acudimos a esta
instancia, estamos en Países Bajos, denunciando a Pluspetrol porque no
encontramos justicia ambiental en nuestro país”, explica.
No solo se trata de limpiar y remediar los daños, sino que también pague
todos sus impuestos. Así, los amazónicos peruanos -mediante esta queja- son los
primeros en vincular la destrucción ambiental con la evasión fiscal.
La matriz fiscal de
la petrolera está ubicada en Amsterdam. Eso explica la presencia del apu en
esta ciudad. Además, Países Bajos forma parte de la Organización de Comercio y
Desarrollo Económicos (OCDE) y debe velar porque sus empresas o las vinculadas
con ellas cumplan con las directrices de este grupo.
La queja está dirigida a las autoridades holandesas. A una instancia
semiautónoma del gobierno holandés (el Punto Nacional de Contacto Holandés para
las Directrices para las Empresas Multinacionales). Es una instancia del
gobierno que controla el comportamiento de las empresas holandesas en sus
actividades en el exterior”, dice a La Mula, Joseph Wilde
Ramsing, investigador estadounidense del Centro de Investigación sobre
Corporaciones Multinacionales con sede en Amsterdam (SOMO - OCDE Watch), que
acompaña al apu.
La petrolera -añade- ha aprovechado la complejidad de los sistemas
tributarios y la interacción de dos o más jurisdicciones, como Países Bajos y
las Islas Caimán, para evitar pagar impuestos en Perú.
En caso de que alguna empresa o país incumpla las directrices, los
puntos nacionales de contacto de la OCDE, conformados por representantes del
gobierno de cada país que la conforma, pueden recibir quejas por parte de
cualquier actor de la sociedad. Estos buscan la mediación, que las partes en
conflicto puedan dialogar para llegar a una buena solución. No tiene capacidad
de castigar.
De acuerdo con Wilde,
habrá que esperar tres meses para que la instancia acepte revisar o no la queja
de las federaciones amazónicas de Loreto. Si procede la revisión, esta puede durar
hasta 12 meses, y durante ese periodo deben participar las partes involucradas
y negociar. De no ocurrir un buen acuerdo o si la petrolea no asiste, la OCDE
puede emitir una declaración pública y solicitar que el gobierno de Países
Bajos corte todo apoyo estatal a la empresa.
Aurelio se despide.
“Vamos a seguir dialogando, no cejaremos en nuestra lucha porque es justa”,
subraya,al presente Plus Petrol no se habia manifestado. Tomado de SERVINDI
