Un importante encuentro se realizó entre la comunidad kichwa Puerto Franco y los representantes del Parque Nacional Cordillera Azul para ventilar reconocimiento de derechos, participación y beneficios en esta área natural protegida.
Dicha área protegida excluyó desde su origen a las organizaciones representativas del pueblo Kichwa como el CEPKA y no rinde cuentas sobre la venta de bonos de carbono que habría realizado en el marco del proyecto REDD+.
Con la asesoría del Instituto de Defensa Legal (IDL) Puerto Franco y el CEPKA presentaron una demanda de amparo en 2020 en la que exigen que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp) consulta la creación del Parque y su plan maestro.
El apu Reogildo Amasifuén, presidente del CEPKA, afirmó que su organización estará vigilante de los compromisos y si no cumplen sus promesas de inclusión insistirán con el camino legal.
A continuación un reporte publicado por el Instituto de Defensa Legal sobre lo acontenido en la reunión del 3 de noviembre de 2021:
Por Reogildo Amasifuen, Marco Sangama, Cristina Gavancho y Matías Pérez Ojeda del Arco
La comunidad indígena Kichwa de Puerto Franco se reunió con representantes del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) para reclamar el respeto de sus derechos y una conservación más inclusiva con los pueblos indígenas. Entre sus principales demandas se encuentran la titulación de su territorio ancestral con efectivo acceso al mismo y la participación plena en la gestión del área natural protegida y en la distribución de los beneficios producidos por las acciones de conservación de sus propios bosques.
IDL, 7 de noviembre, 2021.- El 03 de noviembre, la comunidad nativa Puerto Franco del pueblo Kichwa de la región San Martín, su organización representativa el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia (CEPKA) e instituciones aliadas como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Forest Peoples Programme (FPP), se reunieron en una asamblea comunal con el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), así como representantes del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ).
La reunión comenzó discutiendo sobre la potencial refacción de un Puesto de Vigilancia de Guardaparques (Sector Pikiyaku), situación por la cual la comunidad había manifestado su disconformidad por la falta de información y coordinación, aunque esto fue clarificado por el director de CIMA, remarcando la necesidad de tener una información más directa y fluida entre las partes.
“Fue un malentendido, nosotros también hemos recibido esa versión de que iban a venir a 15 personas a construir una casa y ya quedó claro que era falso. No sabemos cómo se generó ese rumor. Eso no ha estado en la agenda (…) Tanto CIMA como la Jefatura del Parque y el SERNANP estamos en el mismo lado de ustedes, no somos enemigos, no estamos en contra de los derechos indígenas” Gonzalo Varillas, jefe del CIMA
La asamblea comunal de Puerto Franco recordó reiteradamente a los representantes del Parque la vulneración a sus derechos desde un inicio: la creación del área natural protegida nunca fue consultada adecuadamente, ni tuvo un debido proceso para la obtención del consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones Kichwa y otros pueblos indígenas involucrados.
“Ustedes violaron nuestro territorio y la consulta previa para ver si una comunidad estaba de acuerdo o no. Yo les pregunto a ustedes, que tienen en Tarapoto o en Lima sus casas, primero, ¿a quién se tiene que pedir permiso? ¿no se pide primero al dueño de la casa? Primero la consulta previa (…) Señores, no queremos pelear, queremos que nos devuelvan nuestro territorio. Por nosotros es todo, nosotros hemos cuidado. Así nos dijeron nuestros abuelos, la gente que nunca ha cuidado van a venir a ver y querer hacerse dueños” Guillermo Salas, comunero de Puerto Franco.
“Nos dijeron en el tablero: “¡Allí está el Parque!”. Llegaron dos señores a sorprender y al río Shillushillu le cambiaron de nombre y le pusieron Chupichontal. Nosotros conocemos, yo he andado día y noche con mis abuelos y nadie puede venir a engañarnos. Vinieron a vulnerar nuestros derechos y a decirnos dónde es el Parque” dijo Alpino Fasabi, Apu de Puerto Franco.
Además, la Asamblea remarcó que la situación de estar en un conflicto constante con el PNCAZ se debe en gran parte a esa vulneración inicial de derechos y su creación sin consulta, la cual ha generado la invisibilización de la comunidad a tal punto que ni siquiera están considerados como pueblo indígena en el Plan Maestro del Parque. Esta situación de causa y efecto ya la remarcó en su Declaración de Fin de Misión el ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en febrero del 2020, después de su visita al Perú, al señalar que muchos de los conflictos sociales podrían haberse evitado si se hubieran celebrado consultas significativas en base a estándares internacionales.
“Tenemos un derecho y reclamamos el territorio que nos corresponde. Señores del Estado y de CIMA, esto exigimos como pueblo, nuestra demarcación territorial. Nunca han llegado con la consulta previa. Nosotros no hemos pasado por ese momento de consulta, es por eso motivo que estamos aquí en conflicto” dijo Roberto Carlos Guerra, secretario de la comunidad.
La comunidad de Puerto Franco también interpeló a la delegación de CIMA y SERNANP sobre la inclusión del PNCAZ en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), donde el Parque ha sido reconocido con este estándar global de calidad.
Sin embargo, la comisión visitante no respondió claramente porqué se postuló al PNCAZ si éste no cumplía con algunos criterios manejados por la UICN, y en especial con el de una buena gobernanza, donde las comunidades kichwa no cuentan con una participación plena y efectiva en la toma de decisiones y gestión del Parque, afectándose la legitimidad y voz, la transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Además, vulnerándose normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT en el derecho de los pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de recursos.
“Hemos sabido del bono de carbono ¿Cuántos millones han llegado? ¿Dónde están? ¿Hemos participado? ¡No! (…) No estamos locos para decir que no participamos. No estamos pidiendo un favor, sino el respeto de nuestros derechos. Así como se beneficia el Parque, nosotros como anillo número uno debemos beneficiarnos”, remarcó Alpino Fasabi.
El tema de bonos de carbono sigue siendo un desafío en cuanto a la rendición de cuentas de parte del PNCAZ, sobre todo con su proyecto REDD+ en marcha el cual ya ha generado entre el 2008-2018 la verificación de al menos 25 millones de toneladas de carbono, según la certificadora VCS. Cómo funciona, cuál es el precio real de la venta del carbono que coloca CIMA en el mercado, qué intermediarios y cuántos existen, cuántos créditos han sido colocados oficialmente, cómo ha sido priorizada la distribución de beneficios y los beneficiarios, entre otros, siguen siendo dudas por resolver.
Esta situación de incertidumbre y de falta de acceso a información afecta al artículo 15.2 del Convenio 169, el cual establece que los pueblos indígenas deben beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios. Y también el artículo 8.j del Convenio de Diversidad Biológica, el cual reconoce que este derecho incluye actividades de conservación como lo son las áreas naturales protegidas. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya estableció en el Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam que el derecho al beneficio también surge cuando se realizan actividades de conservación ambiental.
A todo esto, es importante considerar lo remarcado en el informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz:
“El Congreso Mundial sobre los Parques es el foro de establecimiento de normas y directrices internacionales relacionadas con las zonas protegidas más importante del mundo. En el Congreso celebrado en Durban en 2003 los principales ecologistas del mundo anunciaron un “nuevo paradigma” relativo a las zonas protegidas que respetaría los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este importante cambio en el enfoque de la conservación se adoptó en respuesta a la creciente opinión pública de que era injusto que los modelos convencionales excluyeran o marginaran a los pueblos indígenas y las comunidades locales de la administración y gestión de las zonas protegidas” (Victoria Tauli, Informe, párrafo 39).
“Una declaración del ex ministro del ambiente hablaba de 87 millones de USD en venta de créditos de carbono ¿Quién sabe eso? ¿CEPKA? ¿CODEPISAM? ¿AIDESEP? ¿COICA? ¿Puerto Franco? ¿Chambira? ¿Mushuk Llacta? ¿Las comunidades del bajo Huallaga? ¿Alguien sabe de eso? ¿De qué transparencia estamos hablando? Aterricemos en que las acciones de conservación tienen que ser con los pueblos indígenas” dijo Matías Pérez, coordinador de incidencia de FPP en Perú.
Frente a estos cuestionamientos, Gustavo Montoya, el jefe del PNCAZ del SERNANP y el director de CIMA manifestaron la abierta predisposición para incluir a las comunidades nativas como beneficiarias de la venta de bonos de carbono:
“Los bonos de carbono no se generan así por así. Es un trabajo que viene de años y multidisciplinario. Hay todo un proceso detrás y habrá que explicarlo. La mejor disposición del equipo del Parque en incluir a las comunidades nativas como prioridad en la participación de los beneficios que tiene este tema de los bonos de carbono. Hay que ver cuál es el mecanismo (…) Habrá que hacer una capacitación para ver qué son esos bonos de carbono. Informar esto de manera transparente”, dijo el jefe del PNCAZ.
“Es un tema nuevo y complejo, y que tranquilamente podemos organizar una reunión y explicarles largamente y resolver todas las preguntas de cómo funciona el mercado de carbono y qué es lo que se hace con las ventas que CIMA ha realizado en representación del SERNANP durante todos estos años”, agregó el director de CIMA.
Los representantes del CIMA y el SERNANP reiteraron que el PNCAZ ha sido aliado de las comunidades a lo largo de los años y mencionando que trabajan con aproximadamente 520 comunidades en todo el ámbito del Parque. Ninguna de las dos instituciones quiso pronunciarse sobre los hechos de la demanda de amparo interpuesta por Puerto Franco, alegando que ésta debe seguir su curso en lo judicial.
Ninguna de las dos instituciones [Sernanp y PNCAZ] quiso pronunciarse sobre los hechos de la demanda de amparo interpuesta por Puerto Franco, alegando que ésta debe seguir su curso en lo judicial.
Se debe recordar que Puerto Franco y el CEPKA presentaron una demanda de amparo en el Juzgado Mixto de Bellavista el año 2020 exigiendo que el SERNANP:
i) realice la consulta libre e informada del D.S. 031-2001-AG que crea el Parque y también del Plan Maestro;
(ii) cumpla con el derecho de las comunidades nativas sobre las que se superpone el PNCAZ de beneficiarse de las actividades de conservación en sus territorios;
(iii) instruya a los guardaparques a permitir el acceso a comuneros y comuneras de Puerto Franco y otras comunidades afectadas, a los recursos naturales, y a sus actividades tradicionales de subsistencia hasta que se realice el proceso de consulta previa;
(iv) cumpla con el derecho de las comunidades nativas sobre las que se superpone el PNCAZ de participar en la gestión del área de conformidad con el derecho a la autodeterminación, o a la autonomía y autogobierno, reconocidos en el derecho internacional en materia de derechos humanos y la jurisprudencia internacional, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 – OIT.
Por su parte, Cristina Gavancho, abogada del IDL, cuestionó que en la reunión se usen argumentos de que ha habido únicamente mala información y no exista vulneración de derechos a las comunidades Kichwa:
“Nadie está inventando, o hay confusión, de que se están vulnerando derechos. El solo hecho de que no se les considere en el Plan Maestro negándoles sus derechos de participación ya es una vulneración de derechos (…) Desde el momento en que no se incluye la participación del pueblo indígena es una vulneración de derechos y también que no los visibilice en sus documentos de gestión. No se puede decir que se está inventando la vulneración de derechos y todo lo que se está diciendo acá es producto de una mala información”, dijo.
El jefe del PNCAZ reconoció la necesidad de retomar la comunicación y mencionó una serie de oportunidades para la incorporación al pueblo Kichwa en la gestión del Parque: comenzar un proceso de reuniones participativas, informadas y transparentes para definir cómo trabajar de manera conjunta con las comunidades; la vigilancia participativa; la participación en el Comité de Gestión del ANP como un espacio de libre acercamiento; la generación de Acuerdos de Conservación; y participar en el proceso de actualización del Plan Maestro del Parque.
“Hay una realidad y es que el Parque va a seguir siendo vecino de Puerto Franco. Por lo tanto, tenemos que pensar en ese futuro (…) Hay que restaurar una serie de desconfianzas mutuas”, finalizó el director de CIGMA.
Tomado de SERVINDI Servicios de Comunicacion Intercultural.
