Miles de millones de dólares de cooperación son aportados cada año por gobiernos, fondos privados y fundaciones para la adaptación y mitigación climáticas. Los donantes muchas veces buscan a los indígenas, quienes hoy son considerados los mejores guardianes de los ecosistemas climáticamente saludables. Sin embargo de esa ayuda a los territorios originarios solo llegan migajas.
“Estamos cansados de que el financiamiento vaya a fundaciones indígenas sin indígenas. Todo el dinero se va en pago a consultores y en los costos de oficinas refrigeradas”, dijo a IPS Yanel Venado Giménez, en el estand que los pueblos indígenas tienen en esta gigantesca conferencia mundial, que cuenta con 33 000 personas acreditadas.
“En esta COP27 están los donantes internacionales. Por eso vinimos a decirles que el financiamiento directo es la única vía para que en los proyectos climáticos se tomen en cuenta las prácticas culturales indígenas. Tenemos agrónomos, ingenieros, abogados y muchas personas preparadas. Además, sabemos trabajar en equipo”, agregó.
Giménez es miembro del pueblo Ngabe-buglé, representa a la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Conapip) y es, ella misma, abogada.
Que los pueblos indígenas, por su presencia en muchos de los territorios mejor conservados del mundo, están en la primera línea de batalla ante la crisis ambientaría global, es un tema que ya está fuera de discusión.
Por eso, hace un año, en la COP26 de la ciudad escocesa de Glasgow, los gobiernos del Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y 17 donantes privados se comprometieron a aportar hasta 1700 millones dólares para acciones de mitigación y adaptación de las comunidades originarias.
Sin embargo, aunque no hay datos ciertos sobre cuánto de esa cifra efectivamente fluyó, las comunidades dicen que ellas no han recibido prácticamente nada.
“En cada una de estas conferencias escuchamos grandes anuncios de financiamiento, pero luego regresamos a nuestros territorios y esa agenda no se vuelve a tocar”, dijo a IPS Julio César López Jamioy, integrante del pueblo inga que habita en el Putumayo, en la Amazonia colombiana.
“En 2021 se nos dijo que era necesario que construyamos mecanismos para acceder y poder ejecutar esos recursos, que generalmente son canalizados a través de los gobiernos. Por eso estamos trabajando con aliados en esa tarea”, añadió.
López Jamioy, quien es coordinador de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), cree que ya es tiempo de agradecerles a muchas de las organizaciones no gubernamentales por los servicios prestados.
“Hasta cierto momento necesitábamos que nos acompañaran, pero ahora ya es tiempo de actuar a través de nuestras propias estructuras organizativas”, remarcó.
Presencia latinoamericana
No hay registro de cuántos indígenas latinoamericanos están en Sharm el Sheij, este balneario en la península del Sinaí, en el sur de Egipto, con distintas fuentes de financiamiento, pero se calcula que son entre 60 y 80.
Son aproximadamente 250 integrantes de pueblos originarios de todo el mundo que participan en la COP27, en la parte destinada a acoger a las organizaciones e instituciones sociales dentro del Centro de Convenciones de Sharm el Sheij.
Desde ahí alzan su voz y sus planteamientos a los salones y estands que acogen a los delegados y negociadores oficiales de las 196 partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), organizadora de estas cumbres anuales.
El espacio que comparten los indígenas es un gran estand que tiene un par de oficinas y un auditorio con unas 40 sillas. Aquí, durante las dos semanas de la COP27, del 6 al 18 de noviembre, hay un intenso programa de actividades acerca de la agenda que los indígenas trajeron a la cumbre climática, que atrae la atención del mundo.
En el comienzo de la Conferencia, un grupo de indígenas latinoamericanos fue recibido por el presidente colombiano, Gustavo Petro. Obtuvieron su respaldo para su lucha contra las industrias extractivas que actúan en los territorios de propiedad ancestral y le pidieron que haga de nexo con otros gobiernos.
“Generalmente los gobiernos se comprometen con nosotros y luego no cumplen. Pero hoy tenemos más aliados que nos permiten incidir y plantear nuestra agenda”, reconoció a IPS, Jesús Amadeo Martínez, del pueblo Lenca, que habita en El Salvador.
Los indígenas llegaron a esta Conferencia con credencial de observadores y ese es otro de los temas cruciales, ya que reclaman ser considerados parte en las negociaciones a partir del próximo año, en la COP28, que debe celebrarse en Dubái.
El planteo fue liderado por Gregorio Díaz Mirabal, miembro por el pueblo kurripaco de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), quien en diálogo con un grupo de periodistas disparó: “Nosotros somos preexistentes a los Estados-Nación; tenemos derecho a ser parte en el debate, porque no somos una ONG ambiental”.
¿De beneficiarios a socios?
Siempre las comunidades fueron vistas como beneficiarias de proyectos de acción climática en los territorios, canalizados a través de grandes ONG que reciben los fondos y los distribuyen.
Ya en 2019, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) emitió su Política para Promover los Derechos de los Pueblos Indígenas (PRO-IP), que justamente explora la posibilidad de que el financiamiento llegue de forma más efectiva a las comunidades originarias.
Algunos de los obstáculos son que a veces los tiempos de la aprobación de proyectos son demasiados veloces para los métodos consultivos de decisiones de las comunidades y que muchas de ellas no están registradas jurídicamente, por lo que necesitan un paraguas institucional.
Las experiencias de financiamiento directo hasta ahora, son incipientes. Sara Omi, del pueblo emberá de Panamá, contó a IPS que en su caso sí lograron recibir financiamiento directo a comunidades mexicanas y centroamericanas del Fondo Mesoamericano, para el desarrollo de las capacidades de las mujeres indígenas.
“Nos orientamos a la producción agropecuaria sostenible y en dos años de trabajo hemos apoyado 22 proyectos en temas como recuperación de semillas tradicionales. Pero no contamos con grandes recursos. La suma de todas nuestras iniciativas no alcanzó los 120 000 dólares”, explicó.
Omi es abogada graduada en la privada Universidad Católica de Santa María La Antigua de Panamá, gracias a que consiguió una beca, y asegura que los pueblos indígenas ya han demostrado que están preparados para administrar los recursos de cooperación.
“Por supuesto que deben existir requisitos de rendición de cuentas a los donantes, pero deben ser compatibles con nuestras realidades. A los territorios hoy están llegando migajas”, advirtió.
En la segunda semana de la COP27 participará el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y eso es motivo de esperanza para los pueblos de la Amazonia, que en los últimos cuatro años sufrieron con el agresivo desprecio del presidente saliente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, por la cuestiones ambientales e indígenas.
“En el gobierno de Bolsonaro se cerraron fondos de financiamiento. Ahora reaparecerán, pero no queremos que a ellos acceda solamente el gobierno, sino también nosotros. Los sistemas tienen hoy demasiada burocracia; necesitamos que sean más accesibles porque somos una parte fundamental del combate al cambio climático”, dijo a IPS el indígena Eric Terena, quien vive en el sur de Brasil, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay.
“Vemos que esta COP es más inclusiva que ninguna de las anteriores con los pueblos indígenas, pero los gobiernos deben comprender que es tiempo que recibamos el financiamiento”, concluyó el dirigente del pueblo Terena.
IPS realizó este artículo con el apoyo Climate Change Media Partnership 2022, de Earth Journalism Network, de Internews, y de Stanley Center for Peace and Security.
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