El Apu Mayster Flores ha perdido la cuenta de los años en que apenas duerme tres horas por las noches. Cree que ya pasó una década así porque sus recuerdos del desvelo que lo oprimen llegan hasta algunas madrugadas turbulentas del 2012 en Villa Gran Tierra, la comunidad nativa que hoy lidera. Empieza a contar una a una las familias de su pueblo que pasan por lo mismo, pero de pronto calla. Navega un momento en su memoria, y luego asegura con firmeza que ya son 11 años conviviendo con el ruido estridente que despiden las operaciones en el lote petrolero 95. La empresa que actualmente realiza las actividades de extracción en esa parte del distrito de Puinahua, región Loreto, es PetroTal Perú.
La maquinaria de la base petrolera nunca da tregua. Mayster Flores dice que de día el ruido impide a los niños atender sus clases y obliga a que los comuneros kukama kukamiria prolonguen sus labores de pesca para mantenerse alejados del pueblo. Pero lo peor llega por las noches. Además del estrépito constante, los kukamas acusan que las operaciones de PetroTal generan movimientos en el suelo que remecen las viviendas desde Villa Gran Tierra hasta la comunidad nativa Bretaña.
“De noche todo es mucho más fuerte porque la calle se queda en silencio y solo permanece el ruido de la empresa”, describe Lucelia Shupingagua, una madre de familia que el año pasado decidió abandonar Bretaña en busca de un poco de paz. El 8 de agosto del 2020, el esposo de Shupingagua y hermano mayor del apu Mayster Flores, Chemilton Flores Crispín, murió tras ser baleado durante una protesta indígena que fue repelida por la Policía frente a PetroTal. Así como Chemilton Flores, otros dos comuneros kukamas también fueron asesinados y once resultaron heridos. Una crisis que por estos días parece asomar con la alerta de nuevas protestas
¿Cuál es el costo social y ambiental de defender un territorio de la actividad petrolera para un grupo de comunidades que además no están tituladas? Ese es el dilema y la pesadilla que enfrenta la población kukama kukamiria del distrito de Puinahua. El ruido los tortura, pero la empresa niega que este exista. La superposición de sus territorios les preocupa pero el Estado no reconoce hasta hoy sus tierras. Mientras tanto denuncian la contaminación de sus fuentes de agua, chacras, problemas de salud, la falta de servicios básicos y también de una compensación por el uso de su territorio.
Una titulación que nunca llega
Villa Gran Tierra está situada en la margen izquierda del río Puinahua, a no más de 50 metros de la empresa PetroTal. Allí viven unas 130 personas en 46 casas hechas con madera, hojas y calaminas. Cerca se encuentra Bretaña, la capital del distrito de Puinahua, una comunidad mucho más grande que alberga a casi 3000 personas. Por la ubicación de ambos pueblos, sus habitantes consideran que son a quienes más afectan las operaciones de la empresa. Sin embargo, además de Villa Gran Tierra y Bretaña, las comunidades nativas Urarinas, Nuevo Kuwait, Jorge Chávez, Manco Cápac, San Pedro I y II, Siete de junio, San Carlos, Áncash, San Miguel, Huacarachiro, Las Palmas y Nueva Independencia están en la zona de influencia directa de PetroTal.
Siempre a través del río Puinahua, los recorridos entre algunos de estos pueblos pueden ser muy cortos o durar hasta tres horas. Entre Jorge Chávez y San Pedro, por ejemplo, son diez minutos en bote a motor; pero de Urarinas a Bretaña el viaje es uno de los más largos. Hay dos detalles que resaltan las similitudes entre las comunidades de la cuenca del Puinahua: todas son habitadas por pobladores indígenas kukama kukamiria y ninguna ha sido titulada pese a que hace años sus directivas impulsan gestiones para conseguirlo. A Bretaña, incluso, el Gobierno Regional de Loreto le anuló el reconocimiento como comunidad nativa dos meses después de otorgárselo. Ocurrió en el 2013 durante la gestión del sentenciado por corrupción Iván Vásquez Valera.
“Hemos hecho todos los trámites, pero en la Dirección Regional de Agricultura de Loreto (oficina encargada del proceso de titulación) siempre argumentan que no tienen presupuesto ni combustible para llegar a mi pueblo”, lamenta el jefe de Bretaña, Milton Mori. A los dirigentes de Villa Gran Tierra las diligencias para alcanzar el reconocimiento de su comunidad se les estancaron hace dos años con el brote de la pandemia. Ninguna gestión ha sido restablecida.
Entre los graves perjuicios que genera la falta de seguridad jurídica, el presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Manuel Ramírez, remarca que comunidades como Villa Gran Tierra, Bretaña o Siete de Junio no pueden acceder siquiera a una compensación por el uso de sus terrenos. La empresa petrolera, subraya Ramírez, está íntegramente sobre territorio indígena (Fuente Mongabay Latam)
