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El suceso ocurrió durante un altercado el 20 de marzo, en el sector Palma B del Alto Orinoco, luego de que agentes militares se negaran a devolver un router de internet de la comunidad.
El organismo internacional insta a las autoridades a tomar las medidas necesarias para reparar el daño, teniendo en cuenta un enfoque intercultural que considere impactos en las víctimas, sus familias y su comunidad.
Justicia y reparación
Por medio de un pronunciamiento, la CIDH señaló que el altercado que ocasionó el asesinato de los cuatro indígenas yanomami también dejó herido a un joven indígena.
El organismo internacional recuerda que, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado debe iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva, la cual debe ser realizada a través de los medios legales disponibles para esclarecer los hechos.
Para ello recomienda la coordinación y cooperación con autoridades de justicia indígena Yanomami, tomando en cuenta la jurisdicción especial bajo legislación nacional y los estándares internacionales que reconocen sistemas propios de pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación.
Situación vulnerable
En su pronunciamiento, la CIDH también dio cuenta de que la región amazónica venezolana registra altos niveles de violencia con riesgos específicos para pueblos indígenas.
Evidencias de ello se exponen en su informe Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, pues allí se dan a conocer graves casos de violencia contra pueblos indígenas por parte de mineros ilegales.
Entre los atentados, resalta los ocurridos en las comunidades yanomami, donde incluso se reporta casos de violencia sexual contra mujeres y trabajo forzoso.
Asimismo, la CIDH recuerda el asesinato de 16 indígenas yanomami de la región Haximú en 1993, luego del cual el Estado venezolano firmó un acuerdo comprometiéndose a adoptar medidas de vigilancia y protección con las comunidades.
