“En nombre de la conservación ambiental, se han justificado diversos atropellos a los derechos fundamentales de mi pueblo y de otros tantos en la región”.
Con estas palabras, el líder kichwa Marco Sangama denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la imposición de un modelo de conservación excluyente que los ha despojado su territorio ancestral, en San Martín.
Sangama criticó la creación inconsulta sobre territorio de su pueblo del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y que sobre él se haya puesto en marcha la venta de créditos de carbono sin transparencia ni rendición de cuentas.
“Se han violado nuestros derechos al consentimiento, participación, distribución de beneficios razonables, todos ellos protegidos en los estándares interamericanos e internacionales sobre pueblos indígenas”, dijo.
Sangama hizo esta denuncia el 28 de mayo, acompañado del también líder kichwa César Romero Shampiama, Inocente Sangama y la abogada Cristina Gavancho, en una audiencia pública convocada por la Corte IDH en Manaos, Brasil.
La audiencia de la Corte fue convocada a partir de una solicitud hecha por Chile y Colombia para que este organismo emita una opinión consultiva sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos”.
En el espacio, Romero detalló que el PNCAZ ha vendido créditos por millones de dólares a empresas contaminantes del norte global como la compañía británica de hidrocarburos Shell y el gigante petrolero francés TotalEnergies.
Sin embargo, no reciben ningún beneficio por estas ventas y peor aún, les niegan toda información al respecto.
¿Por qué el Estado y particulares que adquieren esos bonos operan a escondidas y sin transparencia con mi pueblo?”, cuestionó Romero.
Además, Sangama señaló que la imposición de estos sistemas de gobernanza forestal, están poniendo en riesgo la identidad cultural de su pueblo.
“Califican nuestras prácticas ancestrales como dañinas para el medio ambiente sin evidencia alguna, imponen estos sistemas a manos de “expertos”, eso es un claro ejemplo de racismo ambiental”, indicó.
La abogada Cristina Gavancho consideró que esta es una muestra de que la afectación a los pueblos indígenas “también está pasando en el ámbito de las actividades de conservación pensadas para la mitigación del cambio climático”.
“Creo que esta es una oportunidad para considerar esta afectación y para definir que uno de los contenidos de la protección al medio ambiente incluya los conocimientos propios de los pueblos indígenas”, indicó.
“Es una oportunidad de la Corte para determinar que el territorio indígena por sí mismo tiene una forma de conservación válida sin necesidad de crear figuras adicionales”, añadió la letrada.
Los kichwas esperan que, tras su participación, la Corte IDH desarrolle estándares regionales para armonizar los compromisos de mitigación del cambio climático con los derechos de pueblos indígenas y tribales Tomado de SERVINDI.
