"(...) Ocho guerras perdidas con el extranjero; pero, en cambio, cuántas guerras ganadas contra
los propios peruanos"
"Redoble por Rancas", Manuel Scorza
Estando en nuestro país Telmo Hurtado, el militar del ejército peruano responsable de dirigir el asesinato de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca (Ayacucho), 30 de los cuales eran niños y niñas indefensos. Es lamentable pero necesario recordar aquellos infautos sucesos de nuestra historia moderna
Como se recuerda, el 14 de agosto de 1985 las patrullas “Lince 6” y “Lince 7” del ejército incursionaron en el poblado de Huancayocc y, siguiendo estrictamente lo establecido en su plan de operaciones, ingresaron violentamente a cada una de las casas de los comuneros, encerrando en una vivienda a los varones y violando a las mujeres, para luego asesinarlos a todos a tiros y, con la finalidad de no dejar huellas, incendiar y dinamitar los cuerpos.
Cuando los hechos salieron a la luz pública, se conformó una comisión investigadora del Senado para hallar a los responsables de esta matanza. Sin embargo, y con la intención de “limpiar la zona”, de inmediato el cobarde y asesino Hurtado volvió al lugar de la matanza para ejecutar a algunos sobrevivientes y testigos de los hechos, acto que fue confesado en su oportunidad por el propio Hurtado, quien nunca mostró el más mínimo arrepentimiento de sus crímenes pues, según él, lo hizo en “defensa de la patria”.
Sin embargo, a pesar de los execrables delitos cometidos por este individuo, la Corte Suprema de Justicia de aquél entonces decidió que el caso se ventilará ante la Justicia Militar, como si tales delitos fueran de función. Con ello, y a pesar de las declaraciones vertidas por el propio Hurtado, éste fue absuelto de los delitos de homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado por el delito de abuso de autoridad a seis años de prisión y al pago de la irrisoria suma de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas.
Siete años más tarde, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó la sentencia y la reparación otorgada. Ya para entonces, Hurtado ya había ascendido al grado de capitán; es decir, se mantuvo en sus funciones durante todo ese tiempo como si nada hubiera pasado y, lógicamente, nunca fue dado de baja.
Es preciso recordar y resaltar que el Estado Peruano durante todo el tiempo en que duró el conflicto interno armado, aplicó y continuó la política de genocidio y exterminio de nuestras comunidades campesinas, de nuestros pueblos indígenas, iniciada desde la invasión hispánica – europea. Como muestra de ello, basta observar las conclusiones de la Comisión de la Verdad que nos dicen que cerca del 75% de las víctimas del conflicto interno fueron quechuahablantes, o sea, gente oriunda de las zonas rurales de la sierra peruana.
En ese entonces, como ahora, matar indios o campesinos no era considerado un delito grave que amerite ninguna sanción ejemplar, sino que más bien formaba parte de la “brillante” estrategia militar a través de la cual nuestros “valientes soldados” y “héroes de la patria” debían demostrar toda su barbarie arrasando comunidades enteras para “derrotar y amedrentar al enemigo”, tras lo cual eran condecorados con ascensos y medallitas. Este accionar no hace sino corroborar que el único propósito del Estado era –y sigue siendo- aniquilar a la población indígena del Perú, aplicando la lógica de que, en principio, todo campesino –sobretodo quechuahablante- era subversivo y, por tanto, era necesario exterminarlo aún desde el vientre materno.
Alan García Pérez, Presidente de la República en la fecha de esta matanza, no era en lo absoluto ajeno a lo que sucedía en el interior de nuestro país desde hacía muchos años atrás. Por el contrario, él, como Jefe Supremo de la Fuerzas Armadas y Policiales, sabía muy bien del accionar contrasubversivo que aquéllas practicaban, y en todo momento impulsó, lideró y continuó la histórica política genocida del Estado de perseguir y desaparecer al indio. En efecto, no olvidemos que recientemente García se quitó la careta al decir que “los indígenas son ciudadanos de segunda categoría”, además de que durante sus dos gobiernos no se cansó de promover la impunidad en favor de los policías y militares que han asesinado a nuestros campesinos y campesinas.
En ese contexto, ya no cabe duda de que Hurtado solamente fue una pieza más dentro de todo el engranaje genocida que emprendió el Estado peruano contra nuestros hermanos y hermanas indígenas, fundamentalmente contra los originarios de los Andes. Es claro que las órdenes provenían desde las más altas esferas del poder estatal, siendo el Presidente de la República el jefe de la banda asesina.
Ahora, esperamos que la Sala Penal Nacional realmente tenga las agallas y la dignidad para imponer una sanción ejemplar contra el genocida Hurtado y no adopte una actitud endeble contra este asesino de campesinos, como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades. Y, asimismo, esperamos que el nuevo gobierno impulse desde el primer día las respectivas acciones legales que permitan sancionar al también genocida Alan García, quien a la fecha, en vez de ser condenado por el pueblo peruano después de tanto daño causado a la gente más desposeída de nuestro país, fue recompensado (gracias al voto del pueblo criollo limeño) con la presidencia de la república una vez más, de la cual se ha valido para seguir buscando la impunidad para él y todos sus lacayos y cómplices de sus crímenes, además de seguir promoviendo salvajemente el despojo y la desaparición de nuestros pueblos indígenas
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