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Mediante una nota de prensa Amerigo Incalcaterra, Representante Regional del Alto Comisionado, urgió al Estado y a la sociedad peruana a reducir el actual clima de tensión, enfatizando en que “solo a través de un diálogo constructivo, libre de violencia y respetuoso de los derechos humanos se van a encontrar las respuestas a los desafíos que enfrenta el país”.
Manifestó que el Estado peruano debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y cuidar que el uso de la fuerza cumpla siempre con los estándares internacionales de derechos humanos, previniendo y eliminando cualquier exceso en el uso de esta.
Recordó que el ejercicio pacífico de la protesta social es fundamental en el fortalecimiento de la democracia. Las manifestaciones sirven de cauce para el ejercicio de muchos otros derechos, así como para el intercambio de puntos de vista diferentes y la tolerancia, indicó Incalcaterra.
Llamó a las autoridades nacionales a que, en el marco del estado de emergencia decretado, el uso de la fuerza sea estrictamente proporcional y limitado.
Asimismo, condenó el uso de la violencia por parte de algunos manifestantes, recordando que “la violencia no constituye un instrumento legítimo del ejercicio de los derechos de reunión y asociación”.
Hizo un llamado a las personas y a los grupos que se manifiestan a abstenerse de recurrir la violencia, y privilegiar en todo momento los espacios de diálogo. “Acudir a la violencia, no es el medio para reivindicar derechos”, afirmó.
Respecto a la muerte de Victoriano Huayna, Henry Checlla y el Brigadier de la Policía Nacional de Perú, Alberto Vásquez, víctimas fatales, expresó su solidaridad a los familiares e instó al Estado a realizar una investigación pronta, independiente, y exhaustiva que permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de estas muertes.
También la Defensoria del Pueblo
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, llamó a los dirigentes y a la ciudadanía de las regiones que han anunciado plegarse al paro convocado para los días 27 y 28, contra el proyecto minero “Tía María”, a respetar los derechos de las personas que no participan de esta medida.
Asimismo, pidió evitar cualquier acto de hostilización o agresión que pueda afectar valores como la vida, la integridad, la tranquilidad, entre otros.
Exhortó a las fuerzas del orden a privilegiar las acciones de inteligencia y disuasivas y recordó que el uso de la fuerza se debe hacer, siempre, de manera proporcional y necesaria de acuerdo con los Principios de Naciones Unidas.
La Defensoría recuerda que en la provincia de Islay -declarada en estado de emergencia desde el día sábado- la población tiene suspendidos sus derechos de reunión y tránsito.
En ese sentido, “sería una situación muy crítica si algunos grupos desafiaran el estado de emergencia. La Policía debe estar preparada para una circunstancia así, considerando en todo momento el respeto a los derechos”, advirtió Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad.
La Defensoría del Pueblo ha previsto que sus oficinas, en las regiones que se unirían al paro macroregional, se mantengan en alerta permanente, sostengan reuniones con autoridades para evaluar la situación y actúen de inmediato en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales
Tomado de SERVINDI Servicios de Comunicacion Intercultural
El ministro Manuel Pulgar Vidal publicó el domingo un artículo en el que ridiculiza la propuesta posextractivista que múltiples intelectuales latinoamericanos y europeos plantean, entre ellos por supuesto Eduardo Gudynas, pero también Héctor Alimonda, Joan Martínez Alier o Maristella Svampa, sosteniendo que se trata de una propuesta “bucólica y agrarista”. Reducir y extrapolar son dos características del debate simplón: lamentable para una persona con la trayectoria de Pulgar Vidal.
Sin embargo, es necesario aclarar desde una perspectiva de las ideas que la propuesta posextractivista no se sostiene sobre la negación de la minería a rajatabla sino sobre la propuesta racional de una minería que se enmarque dentro de una visión pluriproductiva. Por ese motivo, el concepto “Zonificación Ecológica Económica- ZEE” debe ser asumido y priorizado por los distintos gobiernos regionales, municipales y el gobierno nacional. Por cierto, es una tarea del Minam que, por la buena voluntad de algunos de sus funcionarios, sale adelante sin mayor apoyo político. Hoy solo diez departamentos y dos regiones especiales (Vraem y Picota) cuentan con un ZEE que, además, no se respeta.
Pero en nuestro Perú actual nos enfrentamos a lo que yo misma denomino un “extractivismo compulsivo” que fue fomentado por el gobierno de Alan García con la justificación teórica del “perro del hortelano”, discurso subalternizador, que ha sido percibido por los indígenas peruanos como irrespetuoso y discriminador. Durante este gobierno, al que los votantes de Humala dieron apoyo porque esperaban una diferencia del anterior, se ha profundizado este extractivismo compulsivo: el presidente Humala ha priorizado, debido a la desaceleración de la economía, el fortalecimiento de proyectos de exploración y explotación, tanto mineros como petroleros, muchas veces ninguneando las propias leyes aprobadas como la de consulta previa (reglamentada de tal manera que parece amortajada). Si bien es cierto no apela al discurso del “perro del hortelano”, hoy por hoy le da sustento a la calificación inadmisible del funcionario de la Southern, Julio Morriberón, la de “terroristas antimineros”. Así, el diario El Comercio tituló el domingo “Humala afirma que terroristas azuzan la violencia en Islay” dándole el espaldarazo que ese discurso reificante necesitaba. Es vil usar el fantasma del terrorismo para enfrentar otro tipo de conflictos totalmente diferentes.
Raúl Zibechi sostiene en un análisis sobre el extractivismo en América Latina que: “La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo ‘normal’ de operar del extractivismo”. ¿Por qué? Porque el extractivismo se sustenta en la acumulación por despojo, por lo tanto, requiere de un control de esa población a la que se despojará. Se trata de estrategias que van de la mano con la imposición de estados de excepción levantando las garantías de la democracia. Lo ha dicho también Horacio Machado para Potosí, pero se aplica a Tía María: “Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes –mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual– son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos”. El gobierno ha tomado una decisión. La jauría de la derecha cavernaria grita y aúlla. Los señores de la mina sonríen en silencio.
Publicado en Kolumna Okupa de La República, martes 26/05/2015
88 defensores del medio ambiente fueron asesinados en América Latina durante el 2014, según un reporte de la organización internacional Global Witness. Esa cantidad equivale a tres cuartas partes de los asesinatos de activistas del medio ambiente en todo el mundo, indica el reporte titulado “¿Cuántos más?”.
“Cada semana son asesinadas al menos dos personas por tomar posición en contra de la destrucción medioambiental”, señala el informe. “A algunos les dispara la policía durante protestas, otros son buscados por asesinos. Mientras que las compañías buscan nuevas tierras para explotar, cada vez más personas pagan el último precio por oponerse”, explica el reporte.
Además, el informe indica que el 40 por ciento de las víctimas pertenece a algún pueblo indígena.
Los defensores del medioambiente asesinados se oponían especialmente a cinco ramos: minería y actividades extractivas, agua, negocios agroindustriales y explotación forestal, todo enmarcado por “disputas por territorio”, de acuerdo al reporte de Global Witness.
Brasil lidera la lista con 29 activistas asesinados, seguido de Colombia con 25, en Honduras 12, en Perú 9, Guatemala 5, Paraguay 3, mientras que en Ecuador y Costa Rica uno.
Sin embargo, los realizadores del informe dijeron que no se puede tener una cifra exacta de los asesinatos de activistas porque muchos “ocurren en villas remotas o adentro en la jungla, donde las comunidades no tienen acceso a comunicación o a los medios. Sospechamos que hay más asesinatos”.
En Honduras, resalta el asesinato de tres colaboradores de la activista Berta Cáceres, que se oponían a la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque, municipio San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara (noroccidente).
En México, uno de los asesinados fue el expresidente del comisariado ejidal de Cajón de Cancio, del estado Sinaloa, Ramón Corrales Vega, opositor a la minera china Paradox Global Resources. Tomado de Servindi
El paro contra el proyecto Tía María, en la provincia arequipeña de Islay, ya supera los 40 días. Los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes han ocasionado decenas de heridos, detenidos y 5 personas fallecidas (considerando las 3 víctimas mortales del 2011). Aunque existen algunos avances en las negociaciones, el diálogo entre los representantes del Estado y los dirigentes locales se ha interrumpido reiteradas veces.
¿Qué temas hay que considerar para entender el problema?, ¿quiénes son los principales actores involucrados y qué posiciones tienen?, ¿hay posibilidad de lograr un acuerdo entre Southern Perú y los ciudadanos de valle del Tambo para hacer viable Tía María?, ¿qué entidades del Estado podrían o deberían intervenir? En Actualidad Ambiental abordamos estas preguntas para ofrecer algunos alcances y respuestas sobre uno de los principales temas de la coyuntura nacional.
1.-Cronología básica
2003: Inicia el proyecto minero “Tía María”, con una inversión anunciada de US$ 1,400 millones. Comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: “La Tapada” (425 338 000 ton de mineral de cobre oxidado) y “Tía María” (225 377 000 ton de mineral de cobre oxidado), incluyendo dentro de su área de influencia el valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa.
2006-2008: Se realizan actividades de exploración.
2008-2009: Se elabora el primer Estudio de Impacto Ambiental.
2011 (marzo): UNOPS (The United Nations Office for Project Services) presenta su informe del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero “Tía María” y realiza 138 observaciones.
2011 (abril): En medio de protestas, 3 personas mueren por enfrentamientos con la Policía.
2011-2013 El proyecto es paralizado.
2013 (noviembre): Se presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental (elaborado entre el 2012 y 2013).
2013 (noviembre): Southern Perú presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas.
2014 (agosto): El Ministerio de Energía y Minas aprueba el segundo Estudio de Impacto Ambiental.
2015 (marzo): En medio de un clima de tensión se retoman las protestas contra el proyecto Tía María.
2.- ¿Quiénes son los principales actores del conflicto y cuáles son sus posiciones?
3.- ¿Por qué Southern Perú genera desconfianza en la población?
Algunas posiciones en el conflicto dejan claro que el problema no es la actividad minera por sí misma sino que el proyecto sea realizado por Southern Perú. Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay, lo expone claramente cuando dice: “No estamos contra la actividad minera pero sí contra la empresa”. ¿Por qué la desconfianza en el sur del Perú contra Southern Perú?
4.- ¿Cuáles fueron las principales observaciones hechas por UNOPS al primer Estudio de Impacto Ambiental?
El documento de UNOPS (en castellano: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) fue presentado el 15 de marzo del 2011 con el título “Revisión “ad hoc” del Estudio de Impacto Ambiental, proyecto Tía María. Informe de observaciones y requerimiento de información complementaria”. Entre los temas más destacados desarrollados en las 84 páginas del informe, se señala como conclusiones:
– En términos generales, el EIA responde a los contenidos mínimos esperados para un Estudio de este tipo y un Proyecto de estas características. Sin embargo, considerando que se trata en el caso de la última fase de compatibilización ambiental del emprendimiento, y atento a la magnitud del mismo, se verifican diversas falencias que deberían ser superadas de manera previa a su aprobación.
– En materia social, también se han identificado significativas limitaciones en la elaboración de la línea de base y la presentación de conclusiones derivadas de los procesos participativos, lo cual supone una sub-valuación de esta dimensión, en un contexto por demás sensibilizado.
La empresa que elaboró este primer Estudio de Impacto Ambiental es Water Management Consultants (Perú) S.A. A Schlumberger Company.
Ver el documento de la UNOPS aquí.
5.- Sobre el segundo Estudio de Impacto Ambiental
Según un documento publicado en la web del Ministerio de Energía y Minas, los 138 comentarios o hallazgos del primer Estudio de Impacto Ambiental han sido superados durante el proceso de elaboración y evaluación del segundo Estudio de Impacto Ambiental, aprobado el 1 de agosto del 2014. Formalmente, el primer Estudio de Impacto Ambiental fue declarado inadmisible. Y al haber sido aprobado el segundo por el Ministerio de Energía y Minas, está dentro del proceso regular.
La empresa que elaboró el segundo Estudio de Impacto Ambiental es Geoservice Ingeniería.
6.- ¿Por qué UNOPS no “revisa” este segundo Estudio de Impacto Ambiental?
El trámite regular es que la empresa presente su Estudio de Impacto Ambiental y sea el Ministerio de Energía y Minas quien lo apruebe (aunque en el futuro esta tarea recaerá en el SENACE: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles).
Lo que pasó con el primer EIA y UNOPS fue producto de un acuerdo firmado (el 23 de noviembre del 2010) entre el entonces Ministerio de Energía y Minas y UNOPS con el fin de mejorar la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). UNOPS se comprometía a revisar 100 EIA del sector minero y energético a lo largo de un año y a implementar un sistema de revisión de EIA. A cambio, el Ministerio de Energía y Minas debía pagarle 6 millones de dólares.
En medio del conflicto por Tía María, el EIA de Tía María fue el primer trabajo que realizó UNOPS, haciendo un informe crítico que encontró 138 observaciones en el estudio. A puertas de la entrega de este informe, el Ministerio de Energía y Minas suspendió el convenio con UNOPS señalando que el Ministerio de Economía y Finanzas no le permitía disponer de saldos no gastados en el 2010. Actualmente, el convenio que había entre el Ministerio de Energía y Minas y UNOPS no existe.
7.- ¿Se puede/debe confiar en el segundo Estudio de Impacto Ambiental presentado por Southern Perú?
Se debería porque es el proceso diseñado por el Estado. La responsabilidad de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental recae en el Ministerio de Energía y Minas. Y luego le correspondería al OEFA fiscalizar el desempeño ambiental del proyecto. Sin embargo, este sistema presenta algunos puntos, por decir lo menos, frágiles. Podría cuestionarse, por ejemplo, que sea el mismo Ministerio de Energía y Minas quien apruebe el EIA porque sería una de las partes más interesadas en que el proyecto se ejecute.
“En relación con los procesos de elaboración de los EIA, mucho se ha cuestionado en distintos foros y medios sobre el régimen actual de las consultoras ambientales y su contratación por parte de las empresas que desarrollan los proyectos. De hecho, este es uno de los temas más cuestionados de la gestión ambiental. Que la empresa responsable del proyecto de inversión sea quien a la vez contrata directamente a la consultora ambiental, genera la sensación de que no existen mecanismos adecuados que garanticen la imparcialidad de las consultoras y que las empresas siempre pagarán por una respuesta a la ‘medida de sus necesidades’. Frente a ello, creemos que se debe revisar tres aspectos relacionados con el régimen de las consultoras ambientales: implementar un reglamento del régimen de consultoras ambientales, definir un esquema de contratación de las mismas y revisar el régimen de intervención del Estado en el mecanismo de pago a las consultoras ambientales”. (pg. 9).
Por su parte, Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que “es evidente que muchas empresas especializadas en elaborar EIA tienen la capacidad, experiencia e independencia suficiente como para que los Estados confíen en la objetividad de su trabajo, especialmente porque está en juego su prestigio y el propósito mismo de su objeto social. En otras palabras, no es negocio para las consultoras ambientales serias poner en duda la imparcialidad de sus EIA. Lo complejo en el Perú, y en muchos otros países del mundo, es que la comunidad local y la opinión pública confíen en la imparcialidad de la empresa que elaboró el EIA, de allí que es importante desde la ciudadanía saber ‘quién es quién’ en el mundo de las consultoras ambientales“. Tomado de la mula.pe
¿Vuelven los operativos psicosociales propios de la época del fujimontesinismo?
El dirigente Milton Sánchez de la Plataforma Institucional Celendina (PIC) denunció el incendio de una caseta de vigilancia de la empresa Yanacocha ubicada muy cerca al predio de la familia Acuña-Chaupe provocada por miembros de seguridad de la propia empresa minera.
El autoatentado se produjo el 30 de abril a las 5.45 p.m. Los guardianes tomaron presurosos fotografías del incendio para presuntamente inculpar a los ronderos y guardianes de las lagunas que precisamente ese día se movilizaron a inspeccionar las lagunas de manera pacífica.
Amerigo
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, llamó a los dirigentes y a la ciudadanía de las regiones que han anunciado plegarse al paro convocado para los días 27 y 28, contra el proyecto minero “Tía María”, a respetar los derechos de las personas que no participan de esta medida.
