El paro contra el proyecto Tía María, en la provincia arequipeña de Islay, ya supera los 40 días. Los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes han ocasionado decenas de heridos, detenidos y 5 personas fallecidas (considerando las 3 víctimas mortales del 2011). Aunque existen algunos avances en las negociaciones, el diálogo entre los representantes del Estado y los dirigentes locales se ha interrumpido reiteradas veces.
¿Qué temas hay que considerar para entender el problema?, ¿quiénes son los principales actores involucrados y qué posiciones tienen?, ¿hay posibilidad de lograr un acuerdo entre Southern Perú y los ciudadanos de valle del Tambo para hacer viable Tía María?, ¿qué entidades del Estado podrían o deberían intervenir? En Actualidad Ambiental abordamos estas preguntas para ofrecer algunos alcances y respuestas sobre uno de los principales temas de la coyuntura nacional.
1.-Cronología básica
2003: Inicia el proyecto minero “Tía María”, con una inversión anunciada de US$ 1,400 millones. Comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: “La Tapada” (425 338 000 ton de mineral de cobre oxidado) y “Tía María” (225 377 000 ton de mineral de cobre oxidado), incluyendo dentro de su área de influencia el valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa.
2006-2008: Se realizan actividades de exploración.
2008-2009: Se elabora el primer Estudio de Impacto Ambiental.
2011 (marzo): UNOPS (The United Nations Office for Project Services) presenta su informe del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero “Tía María” y realiza 138 observaciones.
2011 (abril): En medio de protestas, 3 personas mueren por enfrentamientos con la Policía.
2011-2013 El proyecto es paralizado.
2013 (noviembre): Se presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental (elaborado entre el 2012 y 2013).
2013 (noviembre): Southern Perú presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas.
2014 (agosto): El Ministerio de Energía y Minas aprueba el segundo Estudio de Impacto Ambiental.
2015 (marzo): En medio de un clima de tensión se retoman las protestas contra el proyecto Tía María.
2.- ¿Quiénes son los principales actores del conflicto y cuáles son sus posiciones?
3.- ¿Por qué Southern Perú genera desconfianza en la población?
Algunas posiciones en el conflicto dejan claro que el problema no es la actividad minera por sí misma sino que el proyecto sea realizado por Southern Perú. Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay, lo expone claramente cuando dice: “No estamos contra la actividad minera pero sí contra la empresa”. ¿Por qué la desconfianza en el sur del Perú contra Southern Perú?
En esta nota se ha desarrollado una lista del desempeño ambiental de la empresa desde los años 50.
4.- ¿Cuáles fueron las principales observaciones hechas por UNOPS al primer Estudio de Impacto Ambiental?
El documento de UNOPS (en castellano: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) fue presentado el 15 de marzo del 2011 con el título “Revisión “ad hoc” del Estudio de Impacto Ambiental, proyecto Tía María. Informe de observaciones y requerimiento de información complementaria”. Entre los temas más destacados desarrollados en las 84 páginas del informe, se señala como conclusiones:
– En términos generales, el EIA responde a los contenidos mínimos esperados para un Estudio de este tipo y un Proyecto de estas características. Sin embargo, considerando que se trata en el caso de la última fase de compatibilización ambiental del emprendimiento, y atento a la magnitud del mismo, se verifican diversas falencias que deberían ser superadas de manera previa a su aprobación.
– En materia social, también se han identificado significativas limitaciones en la elaboración de la línea de base y la presentación de conclusiones derivadas de los procesos participativos, lo cual supone una sub-valuación de esta dimensión, en un contexto por demás sensibilizado.
La empresa que elaboró este primer Estudio de Impacto Ambiental es Water Management Consultants (Perú) S.A. A Schlumberger Company.
Ver el documento de la UNOPS aquí.
5.- Sobre el segundo Estudio de Impacto Ambiental
Según un documento publicado en la web del Ministerio de Energía y Minas, los 138 comentarios o hallazgos del primer Estudio de Impacto Ambiental han sido superados durante el proceso de elaboración y evaluación del segundo Estudio de Impacto Ambiental, aprobado el 1 de agosto del 2014. Formalmente, el primer Estudio de Impacto Ambiental fue declarado inadmisible. Y al haber sido aprobado el segundo por el Ministerio de Energía y Minas, está dentro del proceso regular.
La empresa que elaboró el segundo Estudio de Impacto Ambiental es Geoservice Ingeniería.
6.- ¿Por qué UNOPS no “revisa” este segundo Estudio de Impacto Ambiental?
El trámite regular es que la empresa presente su Estudio de Impacto Ambiental y sea el Ministerio de Energía y Minas quien lo apruebe (aunque en el futuro esta tarea recaerá en el SENACE: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles).
Lo que pasó con el primer EIA y UNOPS fue producto de un acuerdo firmado (el 23 de noviembre del 2010) entre el entonces Ministerio de Energía y Minas y UNOPS con el fin de mejorar la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). UNOPS se comprometía a revisar 100 EIA del sector minero y energético a lo largo de un año y a implementar un sistema de revisión de EIA. A cambio, el Ministerio de Energía y Minas debía pagarle 6 millones de dólares.
En medio del conflicto por Tía María, el EIA de Tía María fue el primer trabajo que realizó UNOPS, haciendo un informe crítico que encontró 138 observaciones en el estudio. A puertas de la entrega de este informe, el Ministerio de Energía y Minas suspendió el convenio con UNOPS señalando que el Ministerio de Economía y Finanzas no le permitía disponer de saldos no gastados en el 2010. Actualmente, el convenio que había entre el Ministerio de Energía y Minas y UNOPS no existe.
7.- ¿Se puede/debe confiar en el segundo Estudio de Impacto Ambiental presentado por Southern Perú?
Se debería porque es el proceso diseñado por el Estado. La responsabilidad de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental recae en el Ministerio de Energía y Minas. Y luego le correspondería al OEFA fiscalizar el desempeño ambiental del proyecto. Sin embargo, este sistema presenta algunos puntos, por decir lo menos, frágiles. Podría cuestionarse, por ejemplo, que sea el mismo Ministerio de Energía y Minas quien apruebe el EIA porque sería una de las partes más interesadas en que el proyecto se ejecute.
Otro punto que podría prestarse a dudas es el rol que cumplen las consultoras ambientales, que son contratadas por la empresa para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Al respecto menciona la publicación de Isabel Calle: “Propuestas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en el Perú” (Cuaderno de Investigación N° 9. Julio del 2012):
“En relación con los procesos de elaboración de los EIA, mucho se ha cuestionado en distintos foros y medios sobre el régimen actual de las consultoras ambientales y su contratación por parte de las empresas que desarrollan los proyectos. De hecho, este es uno de los temas más cuestionados de la gestión ambiental. Que la empresa responsable del proyecto de inversión sea quien a la vez contrata directamente a la consultora ambiental, genera la sensación de que no existen mecanismos adecuados que garanticen la imparcialidad de las consultoras y que las empresas siempre pagarán por una respuesta a la ‘medida de sus necesidades’. Frente a ello, creemos que se debe revisar tres aspectos relacionados con el régimen de las consultoras ambientales: implementar un reglamento del régimen de consultoras ambientales, definir un esquema de contratación de las mismas y revisar el régimen de intervención del Estado en el mecanismo de pago a las consultoras ambientales”. (pg. 9).
Por su parte, Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que “es evidente que muchas empresas especializadas en elaborar EIA tienen la capacidad, experiencia e independencia suficiente como para que los Estados confíen en la objetividad de su trabajo, especialmente porque está en juego su prestigio y el propósito mismo de su objeto social. En otras palabras, no es negocio para las consultoras ambientales serias poner en duda la imparcialidad de sus EIA. Lo complejo en el Perú, y en muchos otros países del mundo, es que la comunidad local y la opinión pública confíen en la imparcialidad de la empresa que elaboró el EIA, de allí que es importante desde la ciudadanía saber ‘quién es quién’ en el mundo de las consultoras ambientales“. Tomado de la mula.pe
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