El gobierno de José María Balcázar,Presidente de salida del Peru, decidió no solo declarar de Interés Nacional la ejecución del Proyecto minero “Tía María” sino que dio un paso más al autorizar el inicio de las actividades de explotación del megaproyecto minero.
La anterior Resolución Ministerial 121-2026 del
19 de marzo que declaraba de Interés Nacional el proyecto ya representaba un
anuncio temerario de confictividad social debido a que es fuertemente
cuestionado por la población afectada.
Sin embargo, el 17 de abril el Ministerio de
Energía y Minas (Minem) expidió una nueva resolución directoral que autoriza a
la empresa Southern Perú Copper Corporation el inicio de las actividades de
explotación de la primera etapa del proyecto.
Resulta llamativo que la anterior resolución fue
suscrita por el exministro Victorino Alfaro Lombardi, días antes de dejar el
cargo por un cuestionamiento público.
Esta vez, la resolución ha sido suscrita por la ingeniera Gaby Yulisa Julca Cumbicus, en el cargo transitorio de la Dirección General de Minería.
El proyecto minero Tía María sigue siendo uno de los casos más controvertidos de la relación entre inversión extractiva y conflictividad social en el Perú.
A más de una década de iniciado el debate público,
persisten cuestionamientos de fondo que explican la resistencia de amplios
sectores del Valle de Tambo, una de las zonas más productivas de Arequipa.
Uno de los principales puntos de conflicto gira en
torno al uso y la posible afectación del agua pues se teme que la
operación minera comprometa la calidad y disponibilidad del recurso hídrico del
que dependen cultivos como arroz, papa y ajo.
Aunque la empresa ha señalado que utilizará agua
desalinizada del mar, organizaciones locales cuestionan la viabilidad y
cumplimiento efectivo de este compromiso en el largo plazo.
A ello se suman preocupaciones por el impacto ambiental.
Pobladores y especialistas advierten sobre posibles emisiones de polvo y
residuos que podrían afectar tanto la salud de la población como la
productividad agrícola.
La desconfianza se ve reforzada por percepciones de
debilidad en la capacidad de fiscalización del Estado y antecedentes de
conflictos ambientales asociados a operaciones mineras en el país.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
también ha sido objeto de críticas. Diversas voces han señalado que el
documento presenta vacíos y no logra despejar completamente los riesgos sobre
el ecosistema local.
Además, se cuestiona la independencia de las
evaluaciones técnicas, lo que ha alimentado la percepción de falta de
transparencia.
Sin licencia social
Otro eje clave es la ausencia de una “licencia
social” para operar. Desde 2011, el rechazo al proyecto ha derivado en
protestas, paros y enfrentamientos que dejaron víctimas fatales, marcando
profundamente la memoria colectiva de la zona.
Este historial ha consolidado una relación de
desconfianza entre la población, la empresa y el Estado.
El manejo político del conflicto tampoco ha estado
exento de críticas. Distintos gobiernos han sido señalados por priorizar la
viabilidad del proyecto sin resolver las demandas de la población local, así
como por adoptar posturas cambiantes frente a la iniciativa según el contexto
político.
En el fondo, el caso Tía María refleja una disputa
más amplia sobre el modelo de desarrollo en el sur del país.
Mientras el Gobierno y la empresa destacan los beneficios económicos de la inversión minera —como generación de empleo e ingresos fiscales—, sectores del Valle de Tambo defienden la agricultura como una actividad sostenible que garantiza seguridad alimentaria y estabilidad territorial Tomado de SERVINDI.
