COMUNIDADES AWAJUN AMAZONIA PERUANA  EXIGEN 

                ATENCION A LA CONTAMINACION DE SU TERRITORIO

Comunidades awajún de Manseriche, en Datem del Marañón (Loreto),        iniciaron un paro indefinido para  DENUNCIAR LA CONTAMINACION POR DERRAME DE PETROLEO EN SU TERRITORIO ocurrido hace más de un año.  La medida de protesta se realiza ante la falta de atención frente a la emergencia, el incumplimiento de compromisos y la ausencia de acciones concretas para garantizar el acceso a agua segura.

El paro, iniciado por la comunidad Pijuayal, fue respaldado por la comunidad nativa Atahualpa y sus anexos, quienes denunciaron el incumplimiento y la indiferencia del Estado en los diálogos.

A inicios de este mes, la población de Pijuayal ya había adoptado la medida de protesta tras diálogos infructuosos con las autoridades.

Como se recuerda, el 19 de marzo de 2025 ocurrió un derrame petrolero en el Oleoducto Norperuano, administrado por Petroperú, que contaminó una quebrada de la zona que sirve como fuente de agua para los integrantes de las comunidades locales. 

Por ello, las comunidades han venido exigiendo que se cumpla con la limpieza de la quebrada, se realice el recojo de residuos sólidos, se garantice la remediación del área afectada.

Compromisos rotos

Mediante un pronunciamiento difundido por el periodista Adrián Sarria, la comunidad Atahualpa y sus anexos resaltó que “ha pasado un año de compromisos rotos” por las autoridades.

“Se ofrecieron respuestas y solo llegaron silencios. Se firmaron acuerdos y no se ejecutaron. Mientras tanto, nuestras fuentes de agua siguen amenazadas, nuestras familias expuestas y nuestras comunidades tratadas como zonas de sacrificio”, denunciaron.

“Si creen que pueden seguir administrando este conflicto con promesas vacías, se equivocan. Si no hay cumplimiento inmediato de los acuerdos, la protesta puede escalar en todo el territorio”, agregaron.

La protesta, que incluye el bloqueo de la carretera Saramiriza–Bagua, se mantiene como una acción legítima en defensa de la vida y del territorio, informó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA).

El Gobierno indígena invocó a la intervención inmediata de las autoridades, la atención en salud para la población afectada, acciones urgentes para contener y remediar el impacto ambiental.

De acuerdo a un informe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) recogido por El Diario  La República, en la zona se identificaron concentraciones de plomo, cromo y compuestos altamente tóxicos en niveles por encima de estándares ambientales.

“Los niños presentan diarreas, alergias en la piel. También hay problemas de salud que no se pueden detectar a tiempo porque no hay servicios adecuados”, señaló una dirigente al medio.  Tomado de SERVINDI

 

CONTRA LA OPINION PUBLICA Y RAZONES TECNICAS Y SOCIALES APRUEBAN EL CUESTIONADO PROYECTO DE TIA MARIA PERU

 

El gobierno de José María Balcázar,Presidente de salida del Peru, decidió no solo declarar de Interés Nacional la ejecución del Proyecto minero “Tía María” sino que dio un paso más al autorizar el inicio de las actividades de explotación del megaproyecto minero.

La anterior Resolución Ministerial 121-2026 del 19 de marzo que declaraba de Interés Nacional el proyecto ya representaba un anuncio temerario de confictividad social debido a que es fuertemente cuestionado por la población afectada.

Sin embargo, el 17 de abril el Ministerio de Energía y Minas (Minem) expidió una nueva resolución directoral que autoriza a la empresa Southern Perú Copper Corporation el inicio de las actividades de explotación de la primera etapa del proyecto.

Resulta llamativo que la anterior resolución fue suscrita por el exministro Victorino Alfaro Lombardi, días antes de dejar el cargo por un cuestionamiento público.

Esta vez, la resolución ha sido suscrita por la ingeniera Gaby Yulisa Julca Cumbicus, en el cargo transitorio de la Dirección General de Minería.

Cuestionamientos a Tía María

El proyecto minero Tía María sigue siendo uno de los casos más controvertidos de la relación entre inversión extractiva y conflictividad social en el Perú.

A más de una década de iniciado el debate público, persisten cuestionamientos de fondo que explican la resistencia de amplios sectores del Valle de Tambo, una de las zonas más productivas de Arequipa.

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno al uso y la posible afectación del agua pues se teme que la operación minera comprometa la calidad y disponibilidad del recurso hídrico del que dependen cultivos como arroz, papa y ajo.

Aunque la empresa ha señalado que utilizará agua desalinizada del mar, organizaciones locales cuestionan la viabilidad y cumplimiento efectivo de este compromiso en el largo plazo.

A ello se suman preocupaciones por el impacto ambiental. Pobladores y especialistas advierten sobre posibles emisiones de polvo y residuos que podrían afectar tanto la salud de la población como la productividad agrícola.

La desconfianza se ve reforzada por percepciones de debilidad en la capacidad de fiscalización del Estado y antecedentes de conflictos ambientales asociados a operaciones mineras en el país.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto también ha sido objeto de críticas. Diversas voces han señalado que el documento presenta vacíos y no logra despejar completamente los riesgos sobre el ecosistema local.

Además, se cuestiona la independencia de las evaluaciones técnicas, lo que ha alimentado la percepción de falta de transparencia.

Sin licencia social

Otro eje clave es la ausencia de una “licencia social” para operar. Desde 2011, el rechazo al proyecto ha derivado en protestas, paros y enfrentamientos que dejaron víctimas fatales, marcando profundamente la memoria colectiva de la zona.

Este historial ha consolidado una relación de desconfianza entre la población, la empresa y el Estado.

El manejo político del conflicto tampoco ha estado exento de críticas. Distintos gobiernos han sido señalados por priorizar la viabilidad del proyecto sin resolver las demandas de la población local, así como por adoptar posturas cambiantes frente a la iniciativa según el contexto político.

En el fondo, el caso Tía María refleja una disputa más amplia sobre el modelo de desarrollo en el sur del país.

Mientras el Gobierno y la empresa destacan los beneficios económicos de la inversión minera —como generación de empleo e ingresos fiscales—, sectores del Valle de Tambo defienden la agricultura como una actividad sostenible que garantiza seguridad alimentaria y estabilidad territorial  Tomado de SERVINDI.