lunes, 29 de febrero de 2016

LIDER AWAJUN SIN JUSTICIA Y SIN SALUD PERU


El viernes pasado, cuando supe que a Santiago Manuin le habían amputado la pierna, recordé que lo conocí a la semana de la tragedia de Bagua en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo. Yo había escuchado hablar sobre él desde la primera vez que fui a Nieva, en 1992. Las religiosas y los jesuitas lo admiraban mucho debido a su compromiso con los derechos humanos y con su pueblo. Había estudiado en Navarra y Ginebra y había logrado evitar que narcotraficantes y terroristas llegaran a la zona awajún.
En aquella ocasión, me causó mucha tristeza encontrar a un hombre tan admirable postrado en la cama de un hospital. Ocho balazos de la policía le habían perforado el abdomen. Había sufrido una septicemia hospitalaria pero, después de tres operaciones y que perdiera cincuenta centímetros de intestinos, parecía por fin viable su recuperación. 
Recuerdo que uno de sus hijos advirtió una pequeña hemorragia bajo las sábanas. Avisó a las enfermeras, que después de mucho tiempo intervinieron. Entretanto, Manuin insistía en colocarse los anteojos, para leer una revista sobre el medio ambiente. 
- Quería los periódicos – me confió un amigo suyo – pero para su salud no sería recomendable.   
Días después, cuando recién supo que 23 policías habían sido asesinados aquel fatídico 5 de junio, lloró ante la tragedia que en vano había intentado impedir.    
Afuera de la sala del hospital vigilaban dos policías, vestidos de civil. Días después de mi visita, esposarían a Manuin a su cama, como si tuviera fuerzas para fugar.    
Cuando conversé con él, le hablé sobre las marchas y las vigilias que se realizaban por los awajún en diversos lugares del país. Muchos pensamos que por fin se había despertado la consciencia sobre las necesidades de los pueblos amazónicos.     
Meses después, encontré a Manuin en una conferencia en Lima sobre el derecho a la consulta previa. Se le veía más delgado, pero parecía que estaba logrando volver a su vida normal.   Yo no sabía entonces que él tenía diabetes, que se había agravado por sus heridas. Tampoco imaginaba que a la violencia del régimen de Alan García sucedería la torpeza del Poder Judicial y el Ministerio Público.  
En mayo del 2014 comenzó el juicio por los sucesos de Bagua. No se juzga a ningún político ni policía por los nativos y campesinos asesinados, pero sí a Manuin y otros 52 acusados de la muerte de los policías. Un desatinado fiscal ha pedido cadena perpetua para Manuin, acusándolo de homicidio calificado, pese a que los hechos ocurrieron cuando se encontraba malherido e inconsciente. Es más, hasta se le acusa por la masacre ocurrida en la Estación 6, a cientos de kilómetros. 
El juicio es una sucesión de desatinos: no hay ninguna prueba o indicio para incriminar a los dirigentes awajún y wampís que están siendo juzgados y muchas personas creen que todo es una forma de humillar y doblegar a los indígenas. Ellos deben viajar durante días para cada una de las audiencias, a costos elevadísimos. El Poder Judicial ha rehusado el pedido de la Defensoría del Pueblo de que el tribunal tenga dedicación exclusiva.
Durante las primeras audiencias no hubo intérpretes y solamente después de un año, se autorizó que a los acusados se les tradujeran las diferentes intervenciones de los magistrados.  Casi todos los acusados fueron golpeados por la policía y obligados a incriminarse durante aquellos trágicos días del 2009. Los magistrados y fiscales realizan una serie de preguntas hostiles hacia los indígenas. No se sabe si actúan así por el menosprecio que tantas personas sienten hacia los awajún, percibiéndolos como atrasados y violentos, o porque intencionalmente buscan maltratarlos.
Es impresionante cómo, pese a todo lo que padeció y sigue padeciendo, Manuin no tiene palabras de rechazo hacia el Perú, sino que solamente pide justicia. Por ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014.
Su situación, sin embargo, se ha deteriorado complicado desde la semana pasada, cuando sufrió la amputación de una pierna debido a complicaciones de la diabetes. Ahora se encuentra internado en la Clínica del Pacífico en la ciudad de Chiclayo. 
Es indignante que los responsables de tanto sufrimiento no sean procesados y ni siquiera puedan pedir disculpas. En el texto que sigue, el propio Manuin señala la responsabilidad de varios de ellos. Entretanto, va a participar en las elecciones como candidato por el Frente Amplio a la región Amazonas
Entretanto, este mes, los perjuicios del Estado hacia los awajún se reanudaron con el derrame de petróleo de Petroperú. El gobierno de Humala ya termina y para Manuin y los awajún la justicia se encuentra todavía muy lejos.   Tomado de SERVINDI.

PARLAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS ARGENTINA

Manifiesto al Estado, Pueblos y Organizaciones:

Las autoridades de pueblos y organizaciones indígenas de Argentina que suscriben el presente documento, elevamos esta posición ante la coyuntura de un nuevo gobierno que repite viejos vicios de arrancar su gestión desde la ilegalidad de violar derechos sobradamente adquiridos, en beneficio de los grupos concentrados de poder.
Decimos que ante esto, no vamos a permanecer pasivos y nos autoconvocamos en carácter de urgente. Reafirmamos nuestra identidad desde ser parte e hijos de la Madre naturaleza, nos paramos decididamente frente al extractivismo neoliberal, frente a la criminalización del ejercicio de derecho, en defensa de todas las vidas como base de los principios del Buen Vivir y ejerciendo la libre determinación como pueblos preexistentes:

Afirmamos:

Que en 200 años de Estado argentino las naciones preexistentes hemos sido reprimidos cultural y físicamente, invisibilizados, excluidos, por políticas de exterminio o de asimilación implementadas por un Estados uninacional y monocultural creado sin nosotros y contra nosotros.
Pero hoy nos visibilizamos, pasamos de la resistencia a la propuesta, nos articulamos, somos actores políticos y ya nada puede hacerse sin nuestra participación o pretendiendo ignorarnos.
De la misma manera sostenemos que nada valdrá la pena, sino no avanzamos a un Estado Plurinacional y diverso, con la participación de todos los sectores invisibilizados y explotados.
En consecuencia, llamamos a los demás sectores que se sientan identificados con nuestra posición a sumarse a este camino de la emancipación de los pueblos.
Que los gobiernos estatales, sean abiertamente neoliberales, “moderados” o “progresistas”, persisten en la aplicación de un modelo neoliberal extractivista, que vulnera nuestros derechos fundamentales, saquea los bienes naturales y depreda la Madre Naturaleza, entregando soberanía nacional a través de políticas de promoción de inversiones, tratados de libre comercio, privatizaciones, apertura de importaciones, megaproyectos, etc.
Que producto de esa vulneración de derechos por el neoliberalismo extractivista se multiplican los conflictos sociales en todas las regiones del país, frente a los cuales los Estados nacional y provincial, responden con la criminalización del ejercicio de derechos, estigmatización de nuestras organizaciones indígenas, persecución policial y judicial a nuestros líderes, autoridades y dirigentes, decreto de necesidad y urgencia o militarización de nuestros territorios, cooptación de dirigentes y división de nuestras organizaciones a través de la creación de entidades paralelas.
Que nuestros territorios, por su diversidad biológica y cultural única, se configuran así en el centro de las disputas por los bienes naturales, en el marco de una crisis global –climática, económica, financiera, política, de paradigmas, etc. – frente a la cual los Estados y los organismos internacionales plantean la profundización del neoliberalismo, pretendiendo resolver las crisis profundizando el modelo que las causa. Y desde los pueblos indígenas debatimos, construimos y proponemos cambios a este modelo inviable para el mundo. Por eso;

Decidimos:

1. Consolidar el fortalecimiento de nuestras organizaciones y su articulación en todo el país, a través de procesos de intercambio de experiencias, construcción colectiva de propuestas e incidencia conjunta en los espacios nacional e internacional de defensa de nuestros derechos y construcción de políticas públicas. Trabajar por el fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres y las y los jóvenes indígenas.
2. Ejercer desde nuestras comunidades nuestro derecho a la libre determinación sobre nuestros territorios, bienes naturales, modelo económico y político propio, y haciendo respetar la consulta, como medio para el consentimiento previo, libre e informado de toda medida o proyecto que nos afecte real y potencialmente.
3. Frente al saqueo de los bienes naturales, la depredación y la contaminación de la naturaleza, persistir en nuestras acciones por el reconocimiento de los Derechos de la Madre Naturaleza, el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la deuda histórica con nuestros pueblos y la justicia climática.
4. Desarrollar acciones conjuntas contra la criminalización del ejercicio de nuestros derechos y la militarización de nuestros territorios, con investigaciones, informes y denuncias ante espacios internacionales, fortaleciendo para ello nuestros propios observatorios jurídicos, nuestros procesos de capacitación y formación, la ampliación y consolidación de nuestras alianzas con los movimientos indígenas y sociales del país, el continente y el mundo.
5. Fortalecer políticas de comunicación como un derecho de los pueblos indígenas y una herramienta estratégica, afianzando la articulación de nuestras propias redes de comunicación y con las redes de comunicación alternativa, desde la visión política y programática de nuestros pueblos y organizaciones.
6. Desarrollar acciones e implementar el Buen Vivir en políticas públicas desde lo local a lo global, con participación de nuestras organizaciones como pueblos indígenas.
7. Exigimos a los Estados provinciales y nacional, respetar el derecho a la vida y a nuestros derechos Ancestrales que están reconocidos en las leyes nacionales e internacionales como el Convenio 169 de la OIT, La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Nacional y otras leyes y acuerdos. Asimismo, dado que en múltiples conflictos la fuerza pública ha asesinado a dirigentes indígenas. Les exigimos abrir espacios para resolver los conflictos sin derramamiento de sangre.
8. Estas estrategias nos permiten la construcción de un nuevo modelo de vida basado en el Sumaj Kausay, Kvme Feleal y lo mismo en otros idiomas, desde el ejercicio de nuestros derechos y contribuyendo responsablemente a la construcción del anhelado Estado Plurinacional de Argentina.
9. Elaborar una AGENDA URGENTE que refleje las medidas inmediatas que debe tomar este nuevo gobierno demandadas desde los distintos territorios.

Se autoconvocan:

Consejo Plurinacional Indígena
Coordinadora del Parlamento Mapuce Chewelche de Rio Negro
Coordinadora de Comunidades Kollas Autonomas QLLAMARKA
Mesa de Pueblos Originarios de la Pcia de Buenos Aires y Capital
Enlace Continental Mujeres Indígenas (Región Sur América)
Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina (CJIRA)
Consejo Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI)
Comunidad India Quilmes
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), Rio Negro
Unión Indígena del Norte de Salta (UNIS)
Comunidad Indígena de Ojo de Agua de Yavi. Jujuy
Organización Social Indígena de General Pueyrredón (OSPI)
Newen Lelful Mapu. La Pampa
Comunidad Diaguita Cacano

viernes, 26 de febrero de 2016

ENCUENTRO DE PUEBLOS AFECTADOS POR LA MINERIA PERU



Las organizaciones Agrarias Indígenas y la sociedad civil, conforme a los acuerdos de II Encuentro de los Pueblos Afectados por la minería transnacional, realizado en la ciudad de Cusco, la coyuntura política nacional nos exige seguir desarrollando debatir y analizar los temas: Desafíos de los Pueblos Indígenas, frente a los mega Proyectos y Políticas Extractivistas en América, La Soberanía y los demás plataformas de lucha de los pueblos en el marco de Descolonización y reafirmar en nuestra Identidad, es un deber la Integración de los Pueblos Indígenas a nivel Macro regional, nacional y del abya yala.
Las jornadas de defensa del territorio en las regiones del sur peruano principalmente como los Guardianes de la Madre Tierra, son el Símbolo de Resistencia y Dignidad Nacional.
La situación política electoral requiere un Debate y Propuestas sobre la Realidad Política Nacional y frente a las Nuevas Políticas Mundiales, los conflictos y la Militarización en el Perú, para el fortalecimiento organizativo, la defensa de la soberanía junto a nuestras Plataformas de Lucha.
Por todo ello CONVOCAMOS a líderes de las organizaciones Indígenas, Agrarias, Ligas Agrarias, Presidentes comunales, organización de Mujeres, Jóvenes, Asociación de Productores, Frentes de Defensa, Comités de Lucha, Rondas Campesina, colectivo de organizaciones afectados de la Región Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, Apurimac, Ayacucho…
Dicho encuentro se realizara en Local de FEPCACYL Quillabamba Cusco el día 30 de Marzo del 2016, desde horas 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
INFORMES Y COMUNICACIONES: leconya@hotmail.com, Celular: 992756185
Atentamente.
COMISION ORGANIZADORA






POR LA DEFENSA DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE AMAZONIA PERU

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“Tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano”, dice el líder indígena Aurelio Chino con firmeza. “Nuestro territorio es nuestro mercado, el bosque es nuestra farmacia y nuestra vida, pero están contaminados”. 

Desde los 90, el Perú ha aprobado leyes y creado organismos muy importantes para manejar mejor el uso nuestros recursos naturales, incluyendo los  Ministerios del Ambiente y Cultura. En el 2011, después de las protestas indígenas que terminaron en el lamentable “Baguazo” (2009) donde murieron 34 personas, el congreso aprobó la ley de consulta previa, convirtiéndose en el único país con una norma para implementar un derecho internacional consagrado en Convenio 169-OIT.
Sin embargo, desde el 2013, en vez de seguir avanzando como líder en el respeto de los derechos indígenas y la protección ambiental, el país empezó a retroceder con la aprobación de una serie de leyes “pro-inversión”, conocidas como “paquetazos ambientales”.
Estas normas debilitan la institucionalidad social y medio ambiental del país, y ponen en grave riesgo derechos fundamentales para la vida de todos los peruanos, en particular el derecho a la consulta de más de 7 millones de indígenas. Esto es aún más grave en un país con muchos conflictos por el control y uso de la tierra (60% es por la presencia de la minería o petróleo), y con cientos de muertos y miles de heridos por estas confrontaciones.
El Perú no puede ir para atrás cuando muchos países avanzan en sus políticas para defender su medio ambiente. No queremos crecimiento económico a costa de nuestros ríos, biodiversidad, alimentos, e incluso nuestra salud. Fortalezcamos el cumplimiento de las normas e instituciones ambientales y de Consulta Previa para poder seguir creciendo en una sociedad equitativa, sostenible e inclusiva.
Pedimos a los candidatos y candidatas a la presidencia y congreso de la república del Perú que se comprometan a fortalecer y mejorar la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas; y a fortalecer el Ministerio del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE)  y  el Ministerio de Cultura, como bases fundamentales de la institucionalidad medioambiental.

lunes, 15 de febrero de 2016

PUEBLOS DE LA AMAZONIA AFECTADOS POR DERRAMES DE PETROLEO PERU

Ante los derrames de crudo de petróleo en los ríos amazónicos la candita presidencial del Frente Amplio Verónika Mendoza anunció que en un gobierno suyo modernizará Petroperú para que sea una empresa petrolera estatal eficiente y responsable con altos estándares ambientales.
“¡Basta ya! Han ocurrido varios derrames de petróleo en nuestra Amazonía. ¿Y el Estado? ¿Y las autoridades? Nuestros hermanos de las comunidades afectadas están sacando el petróleo de los ríos con sus propias manos" afirmó conmovida por estos derrames que afectan aproximadamente a 8 mil personas.
 "Mi compromiso es garantizar el derecho de la gente a vivir, a tener un medio ambiente sano y sancionar de manera ejemplar a las empresas que contaminan. ¡Nunca más permitamos un atentado contra nuestra naturaleza que es nuestra fuente de vida”, señaló Mendoza.
Verónika Mendoza pidió a Petroperú aternder con celeridad a las poblaciones afectadas por los derrames de petróleo que desde enero se han producido en Loreto y Amazonas, en el Oleoducto Norperuano.

Oefa dictará medida preventiva

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) anunció que dictará una medida preventiva para ordenar a Petroperú " el mantenimiento efectivo, inmediato e integral del oleoducto norperuano".
"En los tramos en los que el deterioro del oleoducto sea grave, se ordenará el reemplazo de la infraestructura correspondiente" indicó en un comunicado difundido el sábado 13 de febrero.
El OEFA indica que "Los derrames ocurridos implicarían una situación de reincidencia, debido al derrame ocurrido en Cuninico (Urarinas, Loreto) en junio de 2014, lo que incrementaría la multa a ser impuesta!.   Tomado de Servindi  Servicios de Comunicacion Intercultural.

Verónika Mendoza es una de las pocas congresistas que viajó hasta la laguna Shanshococha, en la cuenca del río Pastza, a verificar las denuncias de las comunidades
Datos
- El 25 de enero se registró un derrame de petróleo en el distrito de Chiriaco, provincia de Bagua, en el departamento de Amazonas.
- El 3 de febrero hubo otro derrame en el distrito de Morona, provincia Daten del Marañon, región Loreto
- El petróleo derramado en el tramo II del oleoducto NorPeruano, administrado por Petroperú, llegó a los ríos Marañón y Chiriaco.

EL MITO DEL DILUVIO ,HUAROCHIRI PERU

martes, 5 de agosto de 2008

Perú - Mito Huarochiri - Diluvio


Se ofrece a continuación un mito sobre el diluvio, originario de la actual provincia de Huarochirí, en la sierra de Lima, Perú. Aparece en un Manuscrito quechua sin título recogido a fines del s. XVI por el sacerdote cuzqueño Francisco de Avila. Dioses y Hombres de Huarochiri:
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En tiempos antiguos este mundo estuvo en peligro de desaparecer. Una llama macho que pastaba en una montaña con excelente yerba, sabía que la Madre Lago [el mar] había deseado y decidido desbordarse, y caer como catarata. Esta llama entristeció; se quejaba: "in, in", diciendo lloraba, y no comía. El dueño del llama, muy enojado, lo golpeó con una coronta de choclo:
- "Come, perro -le dijo-, tú descansas sobre la mejor yerba".
Entonces la llama, hablando como si fuera un hombre, le dijo:
- "Ten mucho en cuenta y recuerda lo que voy a decirte: ahora, de aquí a cinco días, el gran lago ha de llegar y todo el mundo acabará"
Así dijo, hablando. Y el dueño quedó espantado; le creyó.
- "Iremos a cualquier sitio para escapar. Vamos a la montaña Huillcacoto, allí hemos de salvarnos; lleven comida para cinco días", ordenó, dijo.
Y así, desde ese instante, el hombre se echó a caminar, llevando a su familia y al llama.
Cuando estaba a punto de llegar al cerro Huillcacoto, encontró que todos los animales estaban reunidos: el puma, el zorro, el huanaco, el cóndor, todas las especies de animales. Y apenas hubo llegado el hombre, el agua empezó a caer en cataratas; entonces allí, apretándose mucho, estuvieron hombres y animales de todas partes, en el cerro de Huillcacoto, en un pequeño espacio, sólo en la punta, hasta donde el agua no pudo alcanzar. Pero el agua logró tocar el extremo del rabo del zorro y lo mojó; por eso quedó ennegrecido.
Y cumplidos los cinco días, el agua empezó a descender, se secó; y la parte seca creció; el mar se retiró más, y retirándose y secándose mató a todos los hombres. Sólo ése de la montaña vivió y con él volvió a aumentar la gente, y por él existe el hombre hasta hoy. Y nosotros bendecimos esta narración ahora; los cristianos bendecimos ese tiempo del diluvio, tal como ellos narran y bendicen la forma en que pudieron salvarse, en la montaña Huillcacoto.

viernes, 5 de febrero de 2016

EL TPP AMENAZA LOS DERECHOS HUMANOS


En octubre pasado el gobierno de Chile, junto a otros once gobiernos, concluyó las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, más conocido como TPP (Trans Pacifc Partnership). Se trata de un acuerdo comercial negociado por años en secreto cuyo objetivo sería la creación del mercado más grande del planeta, con la participación de, entre otros estados, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, México, Perú y Chile, los que en conjunto representan el 40% del PIB mundial. Su objetivo no declarado es la generación de un bloque comercial liderado por Estados Unidos para poner freno al creciente protagonismo geopolítico y económico de China a nivel global.
Junto a Estados Unidos, los promotores más activos del TPP han sido las corporaciones trasnacionales. Si bien el análisis en profundidad de los contenidos e implicancias de las seis mil páginas de este acuerdo es una tarea aún pendiente, la información hasta ahora disponible permite entender el interés de estas corporaciones en su aprobación.
En efecto, el TPP establece como plazo mínimo de protección de los derechos de autor y derechos afines la vida del autor más 70 años, el que excede en 20 años aquel estipulado por el Convenio de Berna (1986) y por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de 1994. El mismo permite la extensión hasta ocho años de la protección de datos de medicamentos biológicos, impidiendo la entrada al mercado de versiones genéricas de remedios después de su primer registro. En el caso de Chile ello tendría, según la Subsecretaria de Salud, un costo de 770 millones de dólares anuales por cada año adicional a los cinco años actuales de protección(1) .
El TPP si bien reconoce la importancia de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, limita su protección a los sistemas de propiedad intelectual. Además, reitera la obligación que Chile había asumido en anteriores acuerdos comerciales de ratificar el UPOV 1991, Convenio que establece un sistema de “protección” de los derechos de los “obtentores vegetales”, entre ellos la reproducción y la comercialización de variedades vegetales, muchas de ellas desarrolladas en base a conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades rurales.
En materia de comercio electrónico se obliga a los países a permitir la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, aun cuando dicha información sea de carácter personal o sensible, sin la consideración de que dichos países cuenten con un nivel adecuado de protección de datos personales. Además, se supedita la protección de datos personales a los requerimientos del comercio internacional.
En materia medioambiental el TPP dispone que los estados no pueden fallar en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales a través de una acción o inacción que afecte el comercio o la inversión, supeditando la política ambiental al comercio. Aún cuando en este Capítulo se establece protección ambiental en materias como capa de ozono, especies exóticas invasoras o pesca marina, las obligaciones para las partes son débiles, lo mismo que la participación pública que se propone.
Pero posiblemente el capítulo más grave es el relativo a lasinversiones (XX), el que establece la obligación de los estados de otorgar a los inversionistas un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas”, y de no expropiar ni nacionalizar sus inversiones, sea directa o indirectamente, salvo que sea con un propósito público, de una manera no discriminatoria, mediante el pago de una indemnización efectiva. Para determinar si un acto estatal constituye una expropiación indirecta el TPP considera su carácter, su impacto económico, y la interferencia con “expectativas inequívocas y razonables de la inversión”, lo que deja abiertas las puertas a los inversionistas para impugnar decisiones de política pública por considerarlas expropiación indirecta.
Si bien se consideran permisibles los actos regulatorios “no discriminatorios” adoptados para proteger “objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medioambiente”, se deja fuera otras acciones que los estados puedan impulsar como por ejemplo, garantizar los derechos laborales o de seguridad social de la población. Además, se faculta a los inversionistas para llevar sus controversias con los estados a tribunales arbitrales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), lo que lesiona la soberanía de los estados para impulsar medidas legislativas o políticas para profundizar la democracia y los derechos sociales, medidas que en años recientes se han visto impugnadas por corporaciones por su contrariedad a los acuerdos comerciales (2).
Un reciente estudio da cuenta que al 2014 había más de 600 demandas de inversionistas ante el CIADI por supuestos incumplimientos por parte de los estados de sus obligaciones al amparo de acuerdos comerciales. Según datos oficiales de esta misma entidad de 269 casos concluidos el 2013, 82 involucraban a estados latinoamericanos (es decir un 30,5%), muchos de ellos en forma adversa para éstos. Este porcentaje se ha incrementado dramáticamente en los últimos años, ya que de 175 casos pendientes, 74 son contra Estados latinoamericanos (un 43,5%) (3)
La inclusión de cláusulas que limitan la capacidad de los estados de garantizar los derechos humanos en acuerdos como el TPP contraviene los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos con el voto de Chile el 2011, en los que se insta a “…mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyen acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de tratados o contratos de inversión” (4).
En la reunión de APEC celebrada en Filipinas en noviembre la presidenta Bachelet dio su total respaldo al TPP afirmando que este es “bueno” para el país (5). Preguntado por la coalición Chile Mejor sin TPP, que agrupa a más de 80 organizaciones sociales, el director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Andrés Rebolledo, sobre la existencia de estudios que avalen esta afirmación, este reconoció aún no existen, sino que han sido encargados a una prestigiosa universidad del país. No queda claro además como los negociadores chilenos han considerado los derechos humanos para adoptar la decisión de suscribir este acuerdo. Todo indica no lo han hecho.
Por otra parte, existe evidencia que los numerosos TLC que en las últimas décadas Chile ha suscrito con más de 60 estados han incidido de manera directa en el incremento de las inversiones extractivas y productivas –minería en el norte, forestación y salmonicultura en el sur, proyectos energéticos y de infraestructura a lo largo del país– en tierras y territorios indígenas.
Ello tanto a través de la atracción de inversiones de corporaciones domiciliadas en los países con los que Chile ha suscrito estos acuerdos comerciales, como a través de la apertura de mercados para las empresas de capitales nacionales, como CODELCO y SQM en el caso de la minería, y las forestales Arauco y Mininco (CMPC) en el caso de la forestación.
Por lo mismo, y de conformidad con el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, este acuerdo comercial no puede ser ratificado por el Congreso, si la Presidenta lo suscribe como ha declarado lo hará, sin consultar en forma previa a sus instituciones representativas. Resultan muy preocupantes las afirmaciones del Director de DIRECON en el sentido de que, de acuerdo a su análisis, el TPP no requiere de consulta indígena.
En paralelo a las negociaciones que el Estado llevó adelante en torno al TPP, el gobierno anunció el 2014 la elaboración de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, el que con la participación activa de la ciudadanía, debería permitir revisar la consistencia del marco normativo y política pública del Estado, así como la actuación de las empresas, con los PR de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El debate en torno al TPP no puede estar ausente en el proceso de elaboración de este Plan.
Tampoco puede estar ausente en este debate el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre la conveniencia o no de la ratificación de este acuerdo comercial. Se abre entonces la posibilidad de generar un debate abierto con la ciudadanía y estos pueblos sobre la suerte del TPP, el que muchos estimamos, con fundamentos hasta ahora no escuchados, limita gravemente los derechos humanos. Esperamos que el gobierno y al parlamento así lo entiendan.

EL TPP AFECTA LA SOBERANIA Y LIBRE DETERMINACAION DE LOS PUEBLOS

Foto: Servindi


"La forma en que fue llevada (la negociación del TPP) no se condice con una democracia y no se condice con derechos que están reconocidos a personas y a pueblos"
Así lo sostiene José Aylwin, experto jurídico del Observatorio Ciudadano de Chile, respecto al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), que 12 países firmaron el 4 de febrero en Nueva Zelanda. 
Señaló en ese sentido, que el tratado se sacó adelante sin respetar derechos humanos como el derecho a la participación política.
Asimismo, enfatizó que se trata de un tratado impuesto por Estados Unidos y que se mantuvo en casi total secretismo, y que tiene como fin contrarrestar el crecimiento económico de su competidor, China. 
Al respecto, cuestionó que los países al aceptar dicho secretismo se convirtieron en "cómplices de prácticas antidemocráticas". "Los Estados no pueden aceptar ciertas condiciones", aseveró. 
Precisó así que los únicos que tuvieron acceso a los capítulos del TPP, desde un inicio, fueron 500 empresas, grandes corporaciones de Estados Unidos. "El secretismo rigió solo para sociedad civil, para pueblos indígenas, pero no así para las corporaciones (...) ellos fueron invitados a participar", afirmó.  
De otro lado, el experto del Observatorio Ciudadano, el cual promueve la campaña Chile sin TPP, reafirmó su posición de que el capítulo más peligroso del tratado es el de Inversiones, debido a que obliga a los Estados a otorgar a los inversionistas un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas”.
Agregó en ese sentido que el polémico acuerdo no permite a los países firmantes la expropiación y nacionalización de sus inversiones, sea directa o indirectamente, salvo que sea con un propósito público.
Sobre este punto, Aylwin señaló que es importante entender a qué llaman las expresas expropiación. Puso como ejemplo que si un gobierno emite una ley y ésta es entendida por las empresas como un obstáculo a sus expectativas, la empresa puede llevar el caso a tribunales internacionales, "sin pasar antes por tribunales internos".
Respecto al componente de pueblos indígenas, el experto de Chile manifestó que el TPP "lesiona la soberanía de los Estados y, si vemos que los países son plurinacionales, la libre determinación de los pueblos". 
Las declaraciones del experto se dieron en el marco de una asamblea informativa organizada por la asociación amazónica nacional Aidesep y el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú