“Tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano”, dice el líder indígena Aurelio Chino con firmeza. “Nuestro territorio es nuestro mercado, el bosque es nuestra farmacia y nuestra vida, pero están contaminados”.
Desde los 90, el Perú ha aprobado leyes y creado organismos muy importantes para manejar mejor el uso nuestros recursos naturales, incluyendo los Ministerios del Ambiente y Cultura. En el 2011, después de las protestas indígenas que terminaron en el lamentable “Baguazo” (2009) donde murieron 34 personas, el congreso aprobó la ley de consulta previa, convirtiéndose en el único país con una norma para implementar un derecho internacional consagrado en Convenio 169-OIT.
Desde los 90, el Perú ha aprobado leyes y creado organismos muy importantes para manejar mejor el uso nuestros recursos naturales, incluyendo los Ministerios del Ambiente y Cultura. En el 2011, después de las protestas indígenas que terminaron en el lamentable “Baguazo” (2009) donde murieron 34 personas, el congreso aprobó la ley de consulta previa, convirtiéndose en el único país con una norma para implementar un derecho internacional consagrado en Convenio 169-OIT.
Sin embargo, desde el 2013, en vez de seguir avanzando como líder en el respeto de los derechos indígenas y la protección ambiental, el país empezó a retroceder con la aprobación de una serie de leyes “pro-inversión”, conocidas como “paquetazos ambientales”.
Estas normas debilitan la institucionalidad social y medio ambiental del país, y ponen en grave riesgo derechos fundamentales para la vida de todos los peruanos, en particular el derecho a la consulta de más de 7 millones de indígenas. Esto es aún más grave en un país con muchos conflictos por el control y uso de la tierra (60% es por la presencia de la minería o petróleo), y con cientos de muertos y miles de heridos por estas confrontaciones.
El Perú no puede ir para atrás cuando muchos países avanzan en sus políticas para defender su medio ambiente. No queremos crecimiento económico a costa de nuestros ríos, biodiversidad, alimentos, e incluso nuestra salud. Fortalezcamos el cumplimiento de las normas e instituciones ambientales y de Consulta Previa para poder seguir creciendo en una sociedad equitativa, sostenible e inclusiva.
Pedimos a los candidatos y candidatas a la presidencia y congreso de la república del Perú que se comprometan a fortalecer y mejorar la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas; y a fortalecer el Ministerio del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) y el Ministerio de Cultura, como bases fundamentales de la institucionalidad medioambiental.
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