- Gracias al apoyo de algunas personas ya no pernoctan a la intemperie y de momento ocupan una cochera. Esperan apoyo de la gente.
El martes 8 de marzo, cerca de la medianoche, llegaron a Lima procedentes de Apurímac casi cien comuneros de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero Las Bambas. Ellos solicitan un "diálogo directo entre las comunidades propietarias legítimas de las tierras de la zona del proyecto, la empresa minera y el Estado".
Hasta ayer sábado el único lugar que les pudo dar "cobijo" fue un parque ubicado en la avenida Nicolás de Piérola, cerca de la avenida Abancay en el centro de Lima.
Llegaron hasta ahí luego de recorrer a pie, en marcha de sacrificio, cientos de kilómetros desde Chalhuahuacho, distrito de la provincia de Cotabambas. En su trayecto hicieron una parada en la ciudad de Arequipa donde dieron a conocer sus principales demandas.
Anoche, gracias al apoyo de algunas personas, los comuneros que se autoidentifican como pueblo indígena Chanka dejaron de pernoctar a la intemperie y de momento ocupan una cochera ubicada en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el Jirón Cailloma, a pocas cuadras de donde se ubicaban en un inicio.
Aunque poca, la ayuda se hizo presente, pero es necesario que más gente se solidarice con ellos. Se trata principalmente de personas dedicadas a la agricultura y la ganadería, algunos se dedican también a la minería artesanal.
Los interesados pueden llamar al número celular (RPC) 986 432 844 y preguntar por Américo Quispe. Para el jueves 17 de marzo tienen previsto realizar una marcha pacífica con el apoyo de diversos colectivos ciudadanos de la capital peruana.
Lo que sigue, señalaron algunos dirigentes, es una huelga de hambre en rechazo al proyecto minero de la compañía china MMG Limited (MMG), por desconocer convenios y actuar de mala fe con las comunidades. Como es sabido, el conflicto por el proyecto minero Las Bambas causó el 2015 violentos enfrentamientos que acabaron con la vida de tres comuneros y dejaron varios policías heridos de gravedad.
Entre las causas del descontento de la población estaba las modificaciones que se realizaron al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto que fue aprobado el año 2011. Por ello, solicitaban la demolición y retiro de una planta de molibdeno y de otras instalaciones por representar un gran riesgo para su salud.
Comuneros frente al Parque Universitario.
Ausencia de representatividad y diálogo directo
Según explicó Rony Cabrera, vocero de los afectados y quien coordina las acciones en Lima, el denominado Frente de Defensa de Cotabambas, que participa de una Mesa de diálogo con el Gobierno, no representa a las comunidades de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, que son más de 45 ubicadas en las provincias de Cotabambas y Grau.
"El Frente de Defensa tiene sus intereses particulares que no sabemos cuáles son, pero ellos no cuentan con organizaciones base (...) El Estado está queriendo negociar con el Frente que no tiene nada que ver con los legítimos propietarios de las tierras y que además son los directamente afectados tanto en lo ambiental como en acciones policiales”, explicó.
Enfatizó en ese sentido que lo que buscan con su movilización a Lima es que el Estado les escuche directamente, algo que a la fecha no logran satisfactoriamente.
Por el momento, sostuvo, solo algunas familias de la zona de influencia del proyecto han salido ganando con Las Bambas por haberse convertido en proveedores de la empresa. El resto, por el contrario, sufre diversos tipos de abuso, remarcó Cabrera.
El caso de Fuerabamba grafica la situación que se vive en la zona. Richart Lima Pinarez de la comunidad de Chuykuni, vecina de Fuerabamba, informó que ya el 70 por ciento de los habitantes de esta comunidad ha sido reubicado para dar paso a un tajo abierto, pero que no se está cumpliendo con todo lo que se le ha prometido.
"La empresa anterior (Glencore) firmó convenios con Fuerabamba pero la nueva empresa (MMG Limited) los desconoce, dice que es nueva empresa y no sabe de los acuerdos", sostuvo Lima.
Recalcó además que el 30 por ciento de habitantes que queda se resiste a abandonar y ante ello la empresa ha optado por cortarles el servicio de agua. También habría cercado la zona por lo que los comuneros ahora tienen que pedir permiso para ingresar a sus viviendas. "Nosotros tenemos familia y vamos y eso es lo que vemos", explicó.
Mujeres también participaron en marcha de sacrificio.
No respetarían a población local
Melchor Vargas Alccahua de la comunidad de Pumamarca, de la zona de influencia directa del proyecto, señaló que han presentado reclamos a la empresa por la contaminación y bulla que genera el paso de vehículos de carga pesada por mitad de su comunidad.
"Nuestra comunidad colinda con el proyecto. Hemos reclamado por la gran polvareda que genera el paso de camiones y nos han respondido con agresiones (...) Meten policías a nuestra comunidad y nos agreden", aseveró. Recalcó que por todo esto, los niños ya no salen a la calle y tampoco quieren ir al colegio.
De otro lado, acusó engaños y compras fraudulentas de tierras. Richart Lima, de Chuykuni, sostuvo al respecto: "Engañaron a nuestros padres y abuelos y nos compraron tierras a bajos precios".
Agregó que en otros casos, les dijeron que las tierras compradas iban a ser para el levantamiento de campamentos pero que con el tiempo no fue así, sino que convirtieron "los cerros que compraban en botaderos, en sitios de desmonte para la mina".
Recalcaron que la empresa lleva operando cerca de seis meses y que la contaminación en ojos de agua, manantiales y otras fuentes ya se está dando. Criticaron en ese sentido que el presidente Ollanta Humala haya ido a inaugurar el proyecto a mediados de febrero.
"Humala llegó como un ladrón, con cuatro helicópteros llegó directamente al mismo proyecto sin dar la cara a la población", lamentó Lima Pinarez.
No escuchan pedidos
Según informó Cabrera, hasta el momento se han reunido con autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Los primeros sostuvieron, explicó el vocero, que ya no es posible abrir una nueva mesa de diálogo y los segundos que ya van entregar el cargo y que el tema lo tendría que ver la siguiente gestión.
En ese marco, destacó que lo que ellos exigen es "diálogo directo entre las comunidades propietarias legítimas de las tierras de la zona del proyecto, la empresa minera y el Estado".
Asimismo sostuvo que piden "la nulidad de cualquier tipo de contrato, concesiones, acuerdos, y cualquier otro elemento que sirva a la minera para decir que ha tenido una buena relación con nosotros", agregó.
Por lo pronto seguirán gestionando otros espacios de diálogo con el Gobierno, hasta el jueves que tienen previsto una movilización pacífica. El congresista Sergio Tejada los ha apoyado en las gestiones para las reuniones con la PCM y el MEM. La congresista Verónika Mendoza ha ofrecido también realizar gestiones con algunos ministerios. Tomado de SERVINDI. Servicios de Comunicacion Intercultural.
No hay comentarios:
Publicar un comentario