Han pasado diez años desde el 'Baguazo', pero aún existen problemas respecto a los derechos de los pueblos indígenas.
“Los trágicos hechos ocurridos en Bagua no deben ser olvidados. Lamentablemente, varias de las condiciones que generaron ese sangriento episodio no han cambiado. Todavía estamos en una situación en la que la falta de respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, genera que sean excluidos de decisiones que afectan sus vidas”, afirma Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Perú.
¿Cómo va la consulta previa?
FOTO: PRESIDENCIA PERÚ / FLICKR
Dos años después del innecesario y sangriento enfrentamiento entre policías e indígenas, Ollanta Humala promulgó la Ley de Consulta Previa en un acto simbólico en Bagua. Ocho años después de la aprobación de esta ley, la situación es la siguiente: hasta el momento, según cifras de la Defensoría del Pueblo, de los 55 pueblos indígenas identificados, 28 de ellos (amazónicos y andinos) han participado de procesos de diálogo o consulta con representantes del Estado.
Sin embargo, el Perú está incumpliendo con realizar consultas a indígenas durante la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión.
"Si bien hasta la fecha se han realizado 45 procesos de consulta previa, ninguno se ha realizado en el marco de la evaluación de los impactos socioambientales que afectan directamente a los pueblos indígenas. Es necesario que el Ejecutivo habilite al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para que integre la consulta previa al proceso de evaluación de los proyectos, conjuntamente con los mecanismos informativos y participativos", señala la Defensoría.
Este órgano autónomo observa también que existen diversos procesos que no han cumplido lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y la ley vigente.
“El problema principal es el momento inadecuado en el que se desarrollan los procesos de diálogo. Se realizan en etapas anteriores a la detección y evaluación de los impactos o en un momento posterior al momento en el que se debe dialogar sobre los cambios que incidirán en la calidad de vida de las comunidades indígenas”, afirma Alicia Abanto, Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría.
Otro problema señalado por la Defensoría es una directiva del Ministerio de Cultura que "no se sujeta al marco legal y avala la falta de consulta de megaproyectos de inversión vinculados con la infraestructura de servicios públicos".
Al respecto, Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena Aidesepprecisa que la Decimoquinta Disposición Complementaria del Reglamento de la ley "excluye de consulta previa a proyectos considerados como servicios públicos".
"Existe demasiado incumplimiento por parte del Estado”, afirma Cauper. Por ello, explica el dirigente, las organizaciones indígenas han interpuesto demandas judiciales para hacer respetar sus derechos. Un ejemplo es la Federación Acodecospat de Loreto, que presentó una acción de amparo en el 2013 para que se haga consulta previa por el megaproyecto Hidrovía Amazónica, proceso que finalmente se dio en el 2015. Sin embargo, como advierte la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este megaproyecto no garantiza los acuerdos tomados en la consulta. Para corregir esto, las comunidades presentaron, el 29 de mayo pasado, una acción de incumplimiento ante la Corte Superior de Justicia de Lima.
Aidesep considera que es urgente que exista mayor voluntad del Estado para que garantice el derecho a consulta antes de las concesiones extractivas, del EIA y del cierre de los proyectos. Por este y otros problemas, la organización indígena afirma que "es necesario que el Estado renueve su compromiso con la consulta previa".
Por su parte, la Defensoría señala que es necesario mejorar la calidad de los procesos de diálogo "para lograr cada vez mejores acuerdos". De igual manera, afirma, los acuerdos logrados se deben cumplir de manera oportuna.
Lamentablemente, hasta el momento, el Congreso no ha adecuado su reglamento para implementar la consulta previa de las medidas legislativas. Esta es una tarea pendiente desde el año 1995.
Defensores ambientales en peligro
Amnistía Internacional advierte que el Congreso peruano aún no ratifica el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), un tratado firmado por Perú en setiembre del 2018. La ratificación de este acuerdo, afirma la organización, ayudaría a garantizar el respeto de los derechos de los defensores ambientales. Por ello, realiza las siguientes recomendaciones:
- Establecer un Mecanismo Nacional de Protección Integral de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
- Implementar un Registro de Denuncias e Incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y elaborar un reporte sobre situaciones de riesgo, que permita conocer los patrones de ataques.
- Ratificar el Acuerdo de Escazú en el Congreso y avanzar en su implementación.
Las víctimas y los familiares
FOTO: RICARDO PARRA / RADIO MARAÑÓN
Como conmemoración de los diez años de la tragedia en Bagua, la mañana de este 5 de junio, se realizó una liturgia en la llamada 'La curva del diablo', donde asistieron deudos de las comunidades awajún y wampis, así como representantes de otras instituciones. Como informa el periodista Ricardo Parra de Radio Marañón:
"La actividad fue oportuna para que los líderes demandaran justicia y respeto por los derechos de sus comunidades, asimismo para exhortar a todos los peruanos a no olvidar aquel fatídico 5 de junio del 2009, fecha en la cual se dio un derramamiento de sangre".
En este evento, estuvo presente el dirigente Santiago Manuin, quien señaló que hasta la fecha no ha recibido una reparación civil por parte del Estado y que "para que exista una verdadera reconciliación debe de haber un respeto hacia nuestros derechos". Esto en alusión al trato discriminatorio que recibieron por parte del gobierno de García, quien afirmó que no eran ciudadanos de primera clase, según cita el periodista.
Sobre este tema, Amnistía Internacional advierte que el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones para garantizar derecho a la verdad, la justicia y reparación a los familiares de las víctimas del Baguazo.
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