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Los Jíbaros son tribus indígenas encontradas en la región amazónica del Perú, en el este del Ecuador y en Colombia occidental. El Jíbaro era violentamente agresivo con otras tribus y extranjeros, luchando con lanzas, y cerbatanas. Las cabezas de sus enemigos caídos eran preservadas con humo y conservadas como trofeos. Los jíbaros eran reacios a todo tipo de influencias del exterior, ya fuera la subyugación Inca, la influencia europea (sobre todo española) y la cristianización. El mito que se relata a continuación, fue tomado de la página web Scribd: Medio ambiente y cultura.
. La tierra, al principio, estaba desnuda y fría. Yus, el dios creador, pensó en vestir la tierra seca con árboles gigantes y pequeñas plantas. Entre las ramas el viento silbaba, lo que recordó a Yus que necesitaba poblar su creación con pequeños animales que silbaran con el viento. Creó así a pequeños animales como las moscas y otros insectos, serpientes que también silbaban. Junto a ellos colocó pequeños animales que saltaban de rama en rama, muertos de sed.
Entonces se dio cuenta que éstos no tenían agua, por lo que tomó un jarro de oro y derramó el líquido sobre las copas de los árboles formándose entre ellos primeros manantiales y después enormes ríos, poblándose de inmediato de innumerables peces.
Miró entonces al cielo, y lanzando su pañuelo a las alturas, cubrió el cielo apareciendo entonces el sol, la luna y las estrellas.
Pero Yus no estaba satisfecho con su creación ya que sus criaturas eran demasiado simples para comprender la grandeza de su obra, por lo que tomó un puñado de barro y modeló una figura de hombre. Luego subió a un gran volcán y sobre su cráter se coció el hombre. Dios dio un soplo sobre la figura para enfriar el cuerpo, dándole así la vida y la inteligencia para que se extendiera por la tierra.
Conferencia de prensa sobre grave denuncia. Foto: Jean Chicana / Servindi
– Tras cinco años de conocer los resultados de la contaminación con metales pesados, el Estado no brindó solución a grave problema de salud.
Servindi, 26 de noviembre, 2015.- Sendas demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, se anunciaron a favor de las comunidades campesinas de Huisa y Alto Huancané, las más afectadas por la contaminación con metales, en la provincia de Espinar, Cusco.
El anuncio coincide con una reciente investigación realizada por Convoca y difundida por el diario La República que reveló una gran falta cometida por el Estado peruano con las poblaciones cercanas a la zona de afectación del proyecto Tintaya -hoy Antapaccay-.
La investigación demuestra que el Estado peruano no cumplió con proteger y atender a tiempo a las comunidades afectadas en su salud por la contaminación con metales pesados, a consecuencia de los relaves dejados por la actividad minera.
En octubre de 2010 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente(CENSOPAS), entidad dependiente del Ministerio de Salud (MINSA), realizó un estudio para determinar el grado de contaminación por metales pesados en los poblados de Huisa y Alto Huancané.
Dicho estudio mostró que en el 100 por ciento de los casos analizados las personas analizadas estuvieron expuestos a metales altamente dañinos como el arsénico, el mercurio, el cadmio y el plomo, superando en muchas situaciones los límites máximos indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No obstante, el CENSOPAS no divulgó los resultados a la población ni adoptó las medidas que la situación ameritaba. La posterior revelación de este estudio fue el inicio del grave conflicto social que dejó tres fallecidos en mayo de 2012.
En esa misma fecha, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal defendió su posiciónafirmando que el estudio de CENSOPAS no fue practicado en el área de influencia de la entonces minera Xstrata, demostrando así la despreocupación del gobierno.
Infografía: Convoca
Esconden resultados
En 2013, CENSOPAS recibió el pedido de realizar un nuevo estudio por parte de la minera Quechua, subsidiaria de la firma japonesa Pan Pacific, quienes se encontraban en etapa de exploración de un proyecto que compartía parte de la zona de influencia de la mina Tintaya.
Cabe mencionar que en ese tiempo, la empresa Xstrata Tintaya se asoció con la compañía suizaGlencore, quienes ampliaron el proyecto cuprífero y lo renombraron Antapaccay.
En mayo de 2013 la población recién pudo conocer verdaderamente los resultados de los estudios practicados hasta ese entonces. No obstante tras la protesta, se acordó un nuevo examen médico.
Estos nuevos resultados además de confirmar el diagnóstico anterior, descubrieron que en la orina y la sangre de los pacientes analizados se encontraron otros metales como molibdeno, cobalto, estroncio, cesio, tungsteno, uranio, entre otros; siendo en total 17 metales nocivos.
Sin embargo, durante las mesas de diálogo de agosto de 2013, el CENSOPAS solo mostró los resultados para seis metales. Los resultados para los metales restantes no fueron revelados sino hasta diciembre de 2014.
Por si fuera poco el Estado aparte de esconder las pruebas a la población, entregó las constancias médicas sin sellos ni firmas que certifiquen la información tal como corresponde al ser un documento oficial.
Faltas del Estado
De acuerdo con el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, en este caso existen una serie de obligaciones contempladas en normas que no han sido cumplidas por parte del Estado, así como también algunos ilícitos penales como “el delito de no atender personas en peligro”.
Asimismo, explicó que se encuentra en preparación una demanda civil contra el Estado para que repare los daños de las personas afectadas.
“Estas demandas no buscan oponerse a la actividad extractiva necesariamente, lo que busca es una adecuada protección al medioambiente, a los derechos de las personas afectadas, porque es absolutamente incompatible esa situación en un Estado constitucional”, aclaró Ruiz Molleda.
Por su parte, el médico Fernando Osores Plenge precisó que la intervención de la congresista Verónika Mendoza colaboró en la revelación de los estudios escondidos y encarpetados por CENSOPAS, entidad dirigida en ese momento por la doctora María del Carmen Gastañaga.
También puntualizó que el Estado intentó pasar los estudios como parte de un informe de base sobre una zona donde todavía no había actividad minera, cuando en realidad el estudio mismo indicaba que ya había el tajo Tintaya, en plena explotación y otros proyectos en desarrollo.
“El Estado sabe desde el 2010 que hay metales pesados en las personas y las están envenenando, intoxicando, que son un veneno para la salud humana, que destruyen el futuro de las comunidades y que rompen con la seguridad y la inocuidad alimentaria”, denunció Osores.
Y finalizó mencionando que hasta la fecha, las autoridades no han hecho nada para solucionar y atender de forma especializada este grave problema.
“Solamente han hecho acciones de salud bamba, donde las poblaciones llegan, son auscultadas en el pecho, se les manda (hacerse) una ecografía, y todavía tienen el cuajo de mandarlos a comprar medicamentos a la farmacia”, reclamó.
Juan Manuel Magaño presentando imágenes de los niños con malformaciones. Foto: Jean Chicana / Servindi
Demandas
Juan Manuel Magaño, dirigente de la comunidad Huisa, expresó su indignación en torno al atentado contra la salud de su pueblo y el desamparo de las autoridades ante los constantes reclamos por contaminación con metales pesados.
“Nos han quitado nuestros derechos a una vida digna, han atentado (contra) nuestra atención médica y de salud. No nos han atendido hasta el momento (…) El Estado sabía desde el 2010 que hemos estábamos siendo envenenados y no hizo nada”, expuso Magaño.
Asimismo comentó que en Huisa existen tres fallecidos producto de males hepáticos, atribuidos a la sobreexposición a metales nocivos, así como la existencia de casos de recién nacidos con malformaciones, y niños con trastornos mentales.
Por su parte, la señora Melchora Surco Rimachi comentó que en el poblado de Alto Huancané se presentan casos similares en niños y adultos, lo cual ha cambiado totalmente la forma de vida de la comunidad.
“Tenemos preocupación de qué será de nuestros nietos, de nuestras demás generaciones. El Estado se ha olvidado de nosotros sabiendo que hay contaminación, pero dicen que es natural. (…) Pero lo que yo veo desde mi niñez no era así”, contó entre sollozos
La transnacional norteamericana Coca Cola lanzó un vídeo publicitario empleando un supuesto reconocimiento a la lengua indígena Mixe, el cual ha creado una gran controversia y debate en las redes sociales, principalmente de México.
En el vídeo filmado en la comunidad Totontepec unos jóvenes elaboran un árbol de navidad el cual muestra al final un mensaje en la lengua de este pueblo originario lo que causa sorpresa y admiración entre los jóvenes locales.
Para algunos sectores el comercial emplea estereotipos que en sí mismos son una muestra de la segregación de la cultura indígena y de los indígenas oaxaqueños.
Cabe destacar que como señalan diversos portales la cultura Mixe es una de las más fuertes, sólida y rica en expresiones artísticas y musicales, de Oaxaca, y son llamados los no conquistados, por su resistencia a todos los intentos de los colonizadores españoles.
En tal sentido “no requieren un árbol de navidad para ser reconocidos” y el video resulta una burda jugarreta comercial de la empresa refresquera para presentar su cara bonita en la temporada navideña.
Un artículo de Isadora Bonilla, publicado en el portal Regeneración se interroga: “¿Por qué chingados los indígenas necesitan un árbol de navidad? ¿De qué manera la Coca Cola les puede beneficiar? ¿Por qué tienen que ser todos los adolescentes pseudo benefactores, rubios, blancos o de un estrato económico más alto?”
“A los adolescentes de estratos económicos altos, ¿lo mejor que se les puede ocurrir para romper prejuicios entorno a la problemática indígena (sea cual sea ésta entre las decenas de problemáticas que hay) es llevar un árbol de madera, pintarlo de rojo y jugar a la caridad?”
La escritora prosigue: “¿Es la caridad un solución al problema de la desigualdad y la discriminación? ¿Conocen los adolescentes caritativos los estragos de la industria refresquera en México, en el mundo, y en especial en las poblaciones indígenas? Parecería que no.”
¿Vivimos una coca colonización?
El artículo de Isadora Bonilla nos brinda algunas estadísticas que vale compartir:
– 163 litros de refresco son consumidos por persona al año en México.
– Aproximadamente 500,000 personas mueren por diabetes al año en nuestro país.
– Cada 30 segundos a alguien le amputan una pierna en el mundo por complicaciones de diabetes, uno de los padecimientos que en México más cuestan al erario público y que puede ocasionar el colapso del sistema nacional de salud.
– Coca Cola paga un costo mínimo por derechos de explotación del agua.
– Cada litro de Coca Cola gasta 175 litros de agua.
– Chiapas, es el estado donde más se consume esta bebida. El mismo estado ocupa el lugar número 13 en obesidad y 31 en desnutrición.
Según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Chiapas seis de cada 10 adultos sufre obesidad y sobrepeso.
Estos estudios indican una fuerte relación entre el padecimiento y el consumo de refrescos, que se ha propagado en la entidad gracias a las campañas de publicidad masivas y a la inserción de la bebidas en los usos y costumbres de las comunidades, al grado de que en algunas el destete se realiza con Coca Cola.
– Por razones genéticas y de cambios en el hábito tradicional de consumo esta epidemia mundial tiene una enorme carga sobre las poblaciones indígenas del planeta.
Servindi, 12 de mayo, 2014.- Expertos encontraron que el creciente consumo de harinas y bebidas embotelladas en reemplazo de alimentos tradicionales han disparado la incidencia de diabetes en comunidades del estado de Chiapas. Así lo advierte un informe de El Universal. Seguir leyendo…
– El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes y nueva información científica confirma que los pueblos indígenas son más vulnerables a esta peligrosa enfermedad.
– Mientras que la prevalencia de diabéticos el 2011 fue de 8.3 por ciento a nivel mundial en algunos pueblos indígenas alcanza niveles de hasta 44 por ciento. Considerada la mayor epidemia del mundo las poblaciomes originarias no son diagnosticadas de su afección, no reciben tratamiento adecuado y muchas mueren sin saber la razón de su sufrimiento Tomado de SERVINDI comunicacion Intercultural
– Comunidades y federaciones rechazan oportunismo político de Gobierno central y regional.
- Cuatro organizaciones indígenas expresaron su rechazo a los intentos del gobierno central y regional de intentar apropiarse de la lucha de los pueblos y arrogarse logros obtenidos gracias a la lucha sacrificada de miles de indígenas.
En tal sentido rechazaron la utilización y manipulación “con fines políticos o personales” de un proceso de diálogo aún lleno de conflictos, dificultades e incertidumbres, y que “aún está lejos de concluir”.
Mediante un pronunciamiento indican que diversos logros como “presupuesto, proyectos, actividades, entre otros”, ahora son utilizados por diversos actores políticos para intentar apropiarse de los éxitos obtenidos por el sacrificio indígena.
El pronunciamiento fue suscrito por la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) y la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE).
Recordaron que los procesos de diálogo deben realizarse respetando a las instituciones indígenas y en “coordinación permanente con las organizaciones representativas de cada pueblo”.
Asimismo, señalaron que la agenda social de las comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre, se basa en un diálogo de cuatro años y que tiene hitos históricos en las actas de Lima suscrita el 10 de marzo de 2015; y el acta de Teniente López, firmada el 24 de setiembre de 2015.
Dichos acuerdos han significado “una de las movilizaciones más importantes de los últimos años, realizada por los pueblos indígenas achuar del Corrientes, quechua del Pastaza, kichwa del Tigre y kukamas del Marañón”.
Históricamente los diversos gobiernos “han trabajado a espaldas de los pueblos y las comunidades, marginando la agenda indígena e imponiendo formas y decisiones, gastando fondos públicos en actividades que la población desconoce”.
En América Latina, el 81% de los productos que nos alimentan en la mesa de nuestros hogares día a día, provienen de la pequeña agricultura familiar. Son estos agricultores quienes generan más trabajo en nuestros países, ocupando entre el 57% al 77% de la población económicamente activa.
En Perú, más del 90% de los productores agrarios peruanos son agricultores familiares. Más del 75% de los alimentos que consumimos provienen de sus tierras y trabajo diario. Estos agricultores operan en su mayoría en parcelas menores a las 5 hectáreas .
Según el programa de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) los niveles de hambre se han reducido de manera importante en nuestro país, sin embargo, al 2015, existirían aún 2,3 millones de personas que sufren hambre .
El Instituto Nación de Estadística e Informática (INEI), indica que hasta el año 2014, la pobreza afectaba al 33,8% de la población de la Sierra, al 30,4% de los residentes de la Selva y en la Costa (incluye Lima Metropolitana) al 14,3%a población. Esta pobreza además tiene un perfil a considerar: el 64% habla una lengua nativa amazónica, el 34,1% habla Quechua o Aymara, el 39,3% son trabajadores familiares no remunerados y el 42% se dedican a actividades primarias o extractivas como la agricultura, pesca y minería.
Hasta nuestros días, los programas sociales están enfocados en temas asistenciales, sin embargo, la inversión para que estos agricultores desarrollen su actividad de manera sostenible, es bastante pequeña en relación al peso económico y poblacional de la agricultura familiar. Los agricultores que reciben asistencia técnica son un 11% y los que acceden a créditos un 8%.
En un reciente Foro Latinoamericano Andino Amazónico realizado en Bolivia en septiembre del presente año, el ecuatoriano Eddy Timias, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA resaltó, que sólo en la cuenca amazónica de América Latina, viven 390 pueblos indígenas que ocupan poco más de 170 millones de hectáreas y cuentan con una población de 2.586.012 personas pero, que cerca de 24 millones hectáreas de sus territorios en la región, se encuentran en disputa.
Estos pueblos Amazónicos como otros pueblos indígenas, son los más pobres entre los pobres en América Latina, y los que tienen menos asegurado sus territorios y apoyo de los Estados para desarrollar una agricultura amigable con los bosques, el medio ambiente y que valore sus conocimientos ancestrales.
El Congreso de la República en Perú, en octubre del presente año, ha aprobado una Ley Marco de Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Familiar en el Perú . La norma recién ha sido promulgada por el ejecutivo y se debiera contar con un reglamento en los próximos 90 días a partir del 4 de noviembre del presente.
Todos aquellos que reconocemos, por lo indicado, la importancia de la agricultura familiar en nuestro país, necesitamos motivar que esta norma sea reglamentada en breve.
De igual forma, necesitamos reconocer las agriculturas de nuestro país y la desigualdad sobre estas. Los pueblos cercanos a la Costa tienen mayor interés de las grandes inversiones bajo zonas irrigadas por la facilidad para explotarlas pero, estas zonas no producen la mayor riqueza alimenticia de nuestro país. La zona Andina y Amazónica son las más rezagadas por el Estado. De manera particular la zona Amazónica que tiene un potencial adicional, sus Bosques. Esto significa que para la Amazonía, el Estado tiene una doble responsabilidad, apoyar una agricultura sostenible pero, además, una agricultura que sea amigable con la conservación y usos del mayor pulmón de América Latina.
Esto tiene plena y directa relación con la pobreza y el hambre. Ayudar a estos agricultores a desarrollar sus potencialidades, significa mejorar la actividad económica que da más trabajo en el Perú y que aún, podría generar aún más puestos de trabajo. Esto además significa no invertir en mono cultivos y prácticas no sostenibles de uso de pesticidas y abonos artificiales sino, potenciar la inmensa biodiversidad y formas alternativas de agricultura de nuestros pueblos.
¿Será posible asumir éste reto? ¿Seguiremos apostando por el asistencialismo o políticas de venta de nuestros territorios para que sean terceros los que se lleven nuestras riquezas? ¿Podemos hacer posible una inversión social, cultural y ambientalmente responsable? Articulo de Jorge Arboccó
Las personas en situación de inseguridad alimentaria alcanzan en el Perú a 2.3 millones y en el caso de la ciudad de Lima y el Callao son más de 320 mil. Asimismo, el desperdicio de alimentos es muy elevado; estimaciones de la FAO indican que cerca de 7 millones de toneladas de alimentos son destruidos cada año a nivel nacional. Ello ocurre porque la legislación tributaria hace que sea más conveniente para las empresas destruir los alimentos que ya no puede vender en lugar de donarlos.
En el marco de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas aprobados en setiembre pasado, nuestro país se ha comprometido a lograr metas específicas para el año 2030 en relación a ambos temas: “reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución…”y, paralelamente, a “poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables … a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año”.
Como se explica en la Exposición de Motivos de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada hace unos días por el Congreso de la República, la principal causa del problema de la inseguridad alimentaria en nuestro país está por el lado del acceso a los alimentos en razón de los bajos ingresos de sectores significativos de nuestra población. A ello se suman los elevados índices de desnutrición crónica infantil y de anemia, situaciones que no se corresponden con los niveles de crecimiento económico de nuestro país en los últimos años.
Existiendo esa realidad, simultáneamente el desperdicio y la destrucción de alimentos son crecientes, y esto ocurre así en todo el mundo. A nivel de América Latina un 15% de los alimentos disponibles, según cifras de la FAO, se pierden o desperdician mientras un 8% de su población sufre hambre; la situación es muy similar en el caso particular del Perú. Datos nacionales específicamente para el sector de supermercados indican que son más de 500 millones de soles al año los que se pierden en alimentos.
Además de las estrategias y políticas así como de los programas sociales que llevan adelante los estados para reducir la inseguridad alimentaria y el hambre, existe a nivel internacional un instrumento importante para apoyar los esfuerzos que también realizan muchas organizaciones de sociedad civil y comunitarias para contribuir a ese objetivo: los BANCOS DE ALIMENTOS.
Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin fines de lucro que buscan ser un puente entre productores, comercializadores y distribuidores de alimentos y las personas que padecen inseguridad alimentaria. Este modelo funciona en EE.UU., Europa y en Latinoamérica desde hace ya muchos años. Así existen más de mil Bancos de Alimentos en el mundo que contribuyen con la alimentación de más de 40 millones de personas.
En el caso de nuestro país, Banco de Alimentos Perú (BAP) ha empezado a operar en el 2014 siguiendo el modelo de los bancos de alimentos existentes en muchos países del mundo y contando con la asesoría de la Red Mundial de Bancos de Alimentos, con sede en Estados Unidos, de la cual forma parte. Desde esa fecha, el BAP ha intermediado donaciones de alimentos de más de 20 empresas por un total de 236 mil kilos en favor de 53 organizaciones de apoyo social, beneficiando a 74 mil personas en total (entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y familias en general). Estas cantidades son todavía pequeñas en relación a la necesidad y a la potencialidad de donaciones existente en nuestro país.
De acuerdo a la experiencia internacional, otro instrumento que ha sido decisivo para el doble propósito de aumentar las donaciones de alimentos y reducir el desperdicio de éstos, han sido las propuestas legales para promover y facilitar las donaciones, y, en algunos casos, hasta para prohibir la destrucción de alimentos (caso de Francia). Esto se ha logrado ya en países de la región que, gracias a ello, han multiplicado la cantidad de alimentos recuperados y donados, como es el caso de México, Colombia, Argentina, Chile, entre otros.
En el Perú se ha presentado recientemente una iniciativa legislativa a la Comisión de Economía del Congreso de la República sobre este tema. El proyecto propone que nuestra legislación exceptúe del pago de IGV y no limite la deducción del impuesto a la renta a los alimentos que sean donados, para de esta forma promover y facilitar que cada vez más empresas pongan al alcance de quienes los necesitan aquellos productos que no tienen ya valor comercial pero sí un valor social.
El Banco de Alimentos Perú está impulsando una campaña de difusión y sensibilización para que se apruebe este Proyecto de Ley y que, al igual que sucede ya en muchos otros países, en el Perú no se sigan destruyendo alimentos que están en condiciones de ser consumidos y que ayudarían a miles de personas que no tienen acceso a una alimentación suficiente.
Chavín de Huantar es un sitio arqueológico situado a 462 kilómetros al noreste de Lima, Perú, a 3.177 metros sobre el nivel del mar, entre cadenas montañosas andinas. Se ha descubierto que fue un centro mágico-religioso construido aproximadamente en el año 327 a. C. Los habitantes de Chavín fueron unos pocos sacerdotes y sus auxiliares de servicio, mientras que la mayor parte de sus usuarios eran una suerte de peregrinos que llegaban al lugar en busca de "oráculos", portando ofrendas de diverso tipo, pudiendo permanecer por largos períodos. Esta es una de las varias versiones del Mito de AchKay, recogidas hacia 1933-34 de unos informadores de Pomabamba, cerca de Chavín de Huantar y de otros dos lugares del curso alto del río Marañón en la vertiente occidental de los Andes. Este mito fue tomado y adaptado del Blog Mesa Llena.
. Es la historia de dos hermanitos, niño y niña, que, en un período de gran carestía, son arrojados a un barranco por sus padres, llevados a la desesperación por la escasez de alimentos. De forma providencial son salvados por un cóndor que los deja en las proximidades de Chavín de Huantar, en la casa de una vieja llamada Achkay que vivía con su hija Oronkay.
La mujer finge acogerlos cariñosamente, pero durante la noche, devora al niño y, al día siguiente, manda a su hija matar y cocinar a la niña. Avisada por una rana, la niña con un truco logra arrojar a Oronkay en la olla preparada para ella y huye al monte, llevándose los huesos del desafortunado hermano.
Achkay, ignorante de lo ocurrido, se come el contenido de la olla y se da cuenta de todo cuando ya está irremediablemente en su estómago. Decidida a vengarse, la vieja se lanza en persecución de la niña, que en el transcurso de su huída es ayudada por una serie de animales, como el cóndor, elzorro, el ciervo y la mofeta.
Todos los animales de la región le ofrecieron sin reservas su protección. Y de esta forma la niña llegó a los territorios de los kullkush, las tórtolas de la puna, a las que pidió ayuda para llevar los huesos de su hermano, ya que empezaba a encontrarse muy cansada. Uno de estos pájaros se ofreció entonces para resucitar a su hermano, haciéndose entregar los huesos, que depositó en su cesta de mimbre.
Obligado a ausentarse para ir en busca de semillas y granos, recomendó a la niña no abrir por ninguna razón la cesta para ver que pasaba con los huesos.
Achakay, siguiendo el rastro de la niña, llegó a su vez al territorio de los kullkush y, viéndola, lanzó un grito amenazador. La niña, desesperada pues no había vuelto aún la tórtola, destapó la cesta y vio con gran sorpresa que los huesos se habían transformado en el cuerpo de su hermano. Se sintió feliz, pero justo en el momento en que estaba cogiendo la mano del pequeño, éste se transformó en kashmi (perrito blanco).
Seguida por este nuevo compañero, la niña huyó hacia el altiplano, donde encontró una vicuña con una cuerda de oro atada al cuello; a ella le contó todo, rogándole que le dejara la cuerda para subir al cielo. La vicuña le prestó la cuerda de oro y la niña, junto a su hermano, comenzó la subida.
Mientras tanto, también Achkay llegó donde la vicuña y viendo que la niña subía al cielo, pidió al animal una cuerda para subir a su vez. La vicuña le dio una queshwa (cuerda de paja) con un ukush (ratoncito) puesto en el extremo. Achkay lanzó la cuerda hacia arriba y empezó a subir alegremente, convencida de que la pequeña ya no tenía escapatoria. Cuando estaba a punto de alcanzarla le gritó:
- "¡Oye, desgraciada, pagarás por la muerte de mi hija con tu vida!".
Pero al continuar la subida oyó el ruido emitido por el ratoncito, a quien preguntó:
- "Oye ratoncito, dime, ¿qué estás comiendo con tantas ganas? Estoy masticando la kamcha dura de mi abuela", contestó.
Razón por la que el animal continuó tranquilamente royendo la fibra de la cuerda, hasta que de repente ésta, por el peso de Achkay, se rompió.
La vieja empezó entonces a caer. Los gritos de auxilio lanzados por Achkay rebotaron,transformándose en múltiples ecos entre las gargantas y barrancos de Chavín de Huantar, ecos que han llegado hasta hoy con el nombre de huari. El cuerpo de la infame Achkay se estrelló contra el monte Rakan Shapra, en la orilla izquierda del río Ouchka, cerca de las tuinas del Templo de Chavín.
La sangre que salió del cuerpo de la vieja fue a parar a un lugar cercano llamado Wila-kota, que ahora es un pequeño lago en la orilla izquierda de dicho río. Los restos del cuerpo volaron en todas las direcciones; de ellos nacieron muchas pequeñas plantas silvestres y cultivadas que aun hoy crecen en la tierra de los Konchucos. De las piernas y de los brazos salieron los cactus (kashas), de las uñas las ciruelas, de los pelos las ortigas, de los ojos las patatas, de los dientes el maíz, de los dedos la mashwa, etc.
Y la pequeña, sin embargo, alcanzó el cielo con su hermano transformado en un perrito blanco. Allí, éste se transformó en Ongoy (la constelación de las Pléyades), según una versión, o en Achachi Ururí (la Estrella de la Mañana), según otra. La niña se convirtió sin embargo en Apachi Ururí (la Estrella de la Noche). Desde entonces estos astros son la guía de viajeros, pastores y agricultores
Campesinos y campesinas marchan en Nicaragua contra minería a cielo abierto. Foto: Elmundo.cr
Varios miles de campesinos marcharon en el norte de Nicaragua el pasado 3 de octubre para protestar contra una concesión minera a cielo abierto otorgada por el gobierno a una compañía canadiense, informó la prensa local.
De la manifestación, convocada por la Iglesia Católica nicaragüense, participaron al menos 10,000 campesinos que se oponen al desarrollo de un proyecto minero a cielo abierto en el municipio de Gran Grande, en la región norte del país.
La protesta que se extendió a lo largo de cuatro kilómetros y concluyó frente a la iglesia de Rancho Grande, en la provincia de Matagalpa, unos 150 kilómetros al norte de la capital, donde los sacerdotes de la provincia celebraron una misa.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, aseguró que hay gran preocupación entre el campesinado de la región por el desarrollo del proyecto minero, porque provocaría daños ambientales en una de las regiones ganaderas más grandes del país.
Según La Prensa, unas diez mil personas se dieron cita en el municipio de Rancho Grande, donde se manifestaron en contra de la minería y en favor del medioambiente.
La Iglesia Católica fue la que convocó a la peregrinación, que se extendió desde la comunidad El Comején en la entrada del municipio, hasta la iglesia en el centro de Rancho Grande.
Por su parte, la empresa minera B2Gold anunció a través de una nota de prensa que se encuentra realizando los estudios de factibilidad para extraer mineral en la zona de Rancho Grande.
“Si los resultados de todos los estudios mineros demuestran que se puede construir una mina con viabilidad económica, responsabilidad social y cuido ambiental, entonces B2Gold procederá”, enfatizó el gerente del Proyecto Pavón de B2Gold en Rancho Grande, Aiser Sarria.
Un reciente fotoreportaje de Telesur, reveló que trabajadores de la compañía canadiense B2Gold y habitantes de la comunidad de mina El Limón sostuvieron un enfrentamiento con funcionarios policiales que además de provocar un muerto y varios heridos, dejó cinco vehículos destruidos y la comisaría local quemada.
Según América Economía, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) sostuvo en una resolución que “el proyecto Tajo Pavón afectaría los ríos Yaoska y Tuma en la zona”.
La empresa B2Gold explora el área desde hace tres años, con la oposición de grupos ambientalistas, así como sectores religiosos y sociales.
La resolución del Marena detalló también que “por las características del sitio y su cercanía a la Reserva Natural de Yaoska, provocaría impactos negativos a las áreas de tránsito natural de las especies silvestres en la conectividad biológica con las Reservas Naturales del Macizo de Peñas Blancas y Bosawás”.
B2Gold Corporation es una empresa minera de oro con sede en Vancouver que opera cuatro minas (dos en Nicaragua, una en Filipinas y la cuarta en Namibia), con proyectos de expansión en Colombia, Mali y Burkina Faso
– Conglomerados financieros tienen matrices y filiales en zonas “offshore” donde envían millonarios flujos de dinero que dejan de tributar a su país de origen.
El portal de investigación Ojo Público identificó a ocho grandes grupos empresariales del Perú que tienen matrices y filiales de sus compañías en los principales paraísos fiscales del mundo, que les permite eludir o reducir sus impuestos y evitar las regulaciones tributarias de sus países de origen.
Se trata de Credicorp, Breca, Intercorp, Belcorp, Gloria, Hochschild, Ferreyros y D&C, cuyas matrices y filiales se encuentran en Islas Caimán, Bermudas y Vírgenes Británicas, así como en Panamá, Bahamas, Belice y Chipre, lugares considerados “de baja o nula imposición”.
Según Ojo Público, estos ocho grupos de poder poseen 36 empresas matrices o filiales en edificios ubicados en estos paraísos fiscales, hacia donde envían millonarios flujos de dinero para reducir o esquivar el pago de impuestos o proteger el secreto de sus millonarios ingresos.
La naturaleza de la elusión
De acuerdo al economista y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Eduardo Sotelo, los “offshore” son “escenarios pasibles de la elusión tributaria, la cual, a diferencia de la evasión, consiste en utilizar normas paralelas para burlar el pago total de impuestos que le corresponde al país de origen”, dice.
“Se requiere el despliegue de un equipo de abogados y contadores que conozcan las leyes y vacíos para justificar su accionar”, agrega en entrevista a Ojo Público.
Por otro lado, uno de los múltiples mecanismos de elusión tributaria de los grupos empresariales es el llamado precio de transparencia, que consiste en “comercializar bienes o servicios entre empresas del mismo grupo económico”.
Según el economista Luis Moreno, coordinador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, cuando este contrato se hace con filiales ubicadas en paraísos fiscales no hay cómo fiscalizar que no se inflen o abaraten los precios en el papel para declarar menos ingresos y renta.
“La elusión no es ilegal, pero sí inmoral”, dice en entrevista a Ojo Público.
En marzo del 2014, la entonces jefa de la Sunat, Tania Quispe, dijo que las operaciones por los llamados precios de transferencia entre los años 2007 y 2012 llegaron a los 370 mil millones de dólares y el 65 por ciento se hizo vía filiales internacionales, anota el reportaje.
El 2013 la Sunat revisó 187 casos por este tipo de transferencias y halló sospechas de elusión en 27 de ellos.
“El monto no declarado se calculó en 350 millones de dólares, y los impuestos dejados de pagar [en base a la cifra anterior] fueron 105 millones de dólares”, señaló en ese entonces.
Si este último monto hubiera sido cobrado, el Estado podría haber financiado el presupuesto del programa social Cuna Más, para atender y cuidar a niños en extrema pobreza, durante todo el 2015, apunta el informe.
Grupo Credicorp
De los ocho grupos, Credicorp es el conglomerado con la mayor cantidad de empresas ‘offshore’. De su larga lista, 12 están repartidas en las Islas Bermudas, Caimán, Vírgenes Británicas, Bahamas y Panamá. Las dos más importantes son Credicorp Ltd. y Credicorp Capital Ltd.
Además, tiene otras cuatro filiales domiciliadas en el edificio Ugland House del estudio Maples & Calder, en las Islas Caimán, edificio del que el presidente de EE.UU. Barack Obama diría: “O es el edificio más grande del mundo o es el mayor fraude fiscal”.
Otras dos están registradas en el edificio Harbour Place, a una cuadra del anterior. También es dueña de una subsidiaria en Las Bahamas, otras dos en Panamá y una última en las Islas Vírgenes Británicas, precisa el portal Ojo Público.
Grupo Breca
El Grupo Breca tiene cinco empresas en los paraísos fiscales. Cinco de sus filiales: Resources Ltd., Minerals Perú Ltd., Mineral Marcobre, Marcobre I y Marcobre II están en el mismo Ugland House de las Islas Caimán.
Grupo Hochschild
En las Islas Caimán también el Grupo Hochschild creó dos sociedades offshore: las subsidiarias Hartsdale Capital Inc. y Farragut Holdings Inc., ubicadas en el edificio Harbour Place en donde opera la firma legal Close Brothers (que también tiene como cliente a Credicorp).
Ambas sociedades manejan las acciones de la peruana Inversiones Aspi, matriz de Cementos Pacasmayo, dice el informe.
Grupo Intercorp
Intercorp, de propiedad del administrador Carlos Rodríguez Pastor (56), tiene cuatro de sus compañías en un paraíso fiscal. En Las Bahamas tiene inscritas sus principales compañías: Intercorp Perú Ltd. e Inteligo Bank. En Panamá registró Intercorp Financial Services en el 2006. Cinco años después hizo lo mismo con Inretail Perú.
Grupo Gloria
Del mismo modo, Panamá fue elegida por el grupo Gloria para constituir Maningham Holding, y otras dos sociedades de intermediación financiera: Lakebar Holding y Clarcrest Investments.
Grupo Ferreycorp
Tres de sus subsidiarias reportan domicilios en Panamá. Una de ellas es Gentrac Corporation, sociedad que adquirieron el 2010 junto a las sedes de distribución de Caterpillar en Belice, otra jurisdicción con opacidad financiera.
El grupo agroindustrial D&C, de Samuel Dyer Coriat, se fue más lejos. Según sus memorias anuales la matriz Camposol Holding Ltd. se trasladó el 2007 a Chipre, en donde tiene el 100% de acciones de otros tres holdings que funcionan en la misma isla del mediterráneo oriental.
Grupo Belcorp
Tiene como presidente a Eduardo Belmont Anderson (70). En las patentes de marca que presentó el año pasado en Puerto Rico dejó constancia que su matriz, Ebel International, se ubica en las Islas Bermudas, señala el reportaje de Ojo Público. Tomado de Servindi Servicio de comunicacion Indigena
Intervención de Máxima Acuña ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima.
– Delegación de cajamarquinos denunció abusos de Minera Yanacocha ante directivos de la institución financiera internacional, propietaria del 5 por ciento de la empresa. La mayor accionista es la estadounidense Newmont Mining.
Máxima Acuña de Chaupe y Elmer Campos, defensores de las lagunas de Cajamarca y líderes comunitarios de la lucha contra el proyecto Conga, intervinieron en el espacio dedicado a la sociedad civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI.
La asamblea, que contó con la participación de organizaciones sociales de diversos países, se desarrolló el jueves 9 de octubre a las 18 hs. en el Centro de Exposiciones de Lima.
Máxima Acuña y Milton Sánchez ingresan a las reuniones anuales del Banco Mundial en el en el Centro de Exposiciones de Lima. Foto: Servindi
“Vengo de Tragadero Grande”
“Soy Máxima Acuña, vengo del paraje Tragadero Grande-Las Posadas, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Soy víctima de la violación de mis derechos por parte de la empresa Minera Yanacocha que me quiere quitar mi tierra”, denunció Máxima ante el auditorio de unas 500 personas entre representantes del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y medios de comunicación de diversos países.
“Me desalojaron, destruyeron mi casa, mataron a mis animales. Soy torturada por la empresa minera con apoyo de la policía. Pido al Banco Mundial, porque sé que han financiado a las transnacionales para cometer estas violaciones”, señaló la defensora de las lagunas.
“En Bambamarca vivimos amenazados, a nuestros hermanos los han matado, estamos procesados. Quiero que por favor retengan a esta empresa para poder vivir en paz y hacer nuestro desarrollo en nuestras propias tierras”, concluyó Máxima.
En agosto de 2015 Máxima Acuña fue objeto de amenazas de muerte. En mayo, un grupo de trabajadores de la empresa minera derribó una construcción levantada por la campesina y su familia.
En enero, unos quince efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios agentes de la empresa Securitas, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha,irrumpieron en el domicilio de Máxima.
Intervención de Elmer Campos ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi
“Siguen engañando a nuestro país”
“Mi nombre es Elmer Campos Álvarez, del departamento de Cajamarca. Fui baleado por la policía durante la represión de las protestas contra el proyecto minero Conga. Me destrozaron el bazo, el riñón y la columna vertebral. Me dejaron así, en una silla de ruedas, para toda la vida”, dijo Elmer con voz firme ante la asamblea.
“Nos siguen baleado, dejando muertos, dejando huérfanos, derramando mucha sangre. ¿Qué es lo que hace la minera Yanacocha? Sin tener una licencia social, sigue operando y engañando a nuestro país con que el proyecto está suspendido”, señaló el representante de Bambamarca.
“Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay progreso económico, sin embargo Cajamarca es el departamento más pobre. Queremos que este proyecto sea declarado inviable. Están contaminando nuestras lagunas. Queremos que este proyecto sea paralizado y que no haya más derramamiento de sangre ni más muertos”, concluyó Elmer.
En marzo de 2015 un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga en 2011, durante las cuales Elmer Campos resultó baleado.
Espacio de la sociedad civil durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima. Foto: Servindi
Respuestas oficiales
La sesión fue moderada por Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute (NRGI) y ex director del Banco Mundial.
El director ejecutivo del banco por Estados Unidos, Matthew McGuire, respondió a los reclamos de Máxima y Elmer:
“Qué podemos hacer ante los hechos que han ocurrido, en términos de la discusión de las salvaguardas, contamos con un proceso establecido para ello que es inclusivo. El reto es cómo hacerlos operativos en nuestros equipos de trabajo”, señaló McGuire.
“En términos de instancias particulares, creo que es más difícil en países con menos fe en la sociedad civil. No estaba familiarizado con los asuntos comentados previamente, me aseguraré de atenderlos y de que los mecanismos específicos para ellos funcionen”.
Por su parte Jörg Frieden, director ejecutivo del banco por Suiza, ensayó diversas respuestas y justificaciones ante los reclamos formulados.
“La señora preguntó qué podemos hacer cuando estamos en situación de conflicto social, donde tal vez hay violencia policial, y estuvimos confrontando estas situaciones”.
“Podemos hacer dos cosas: estar lejos de estos problemas, y por lo tanto no intervenir, no trabajar en países que no respetan los derechos humanos, donde no es posible manejar un conflicto social de manera abierta y sin violencia”.
“Alejarse sería la solución fácil y tengo la impresión de que muchas veces eso se espera de nosotros, pero yo pienso que eso no es posible y no es correcto, nosotros tenemos que estar en todos los países incluyendo aquellos en los que por historia, por sistema, por dictadores, no respetan los derechos humanos o pasan momentos difíciles”.
“El asunto es nuestro empeño para mejorar las cosas y encarar los conflictos y la violencia de manera responsable y encontrar soluciones. Y tenemos responsabilidad por los problemas que generamos nosotros”, concluyó el funcionario.
Máxima Chaupe reclamó a funcionaria del Banco Mundial que retengan a la empresa Minera Yanacocha. Foto: Servindi
Conga no va
Al finalizar la asamblea, Fionna Douglas, responsable de Comunicación de la Red de Sostenibilidad del Banco Mundial, se acercó a Máxima y Elmer para intercambiar unas palabras.
Se entregaron copias del informe “Conga no va” publicado recientemente por un grupo de organizaciones sociales de Celendín con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.
El informe reúne las objeciones contra proyecto y demuestra que los riesgos sociales y ambientales lo hacen inviable según los propios estándares de la IFC.
“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza violar casi todos”, agregó el abogado de derechos humanos Benjamín Hoffman, de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, quien realizó tareas de investigación y apoyo técnico.
“La IFC y el Banco Mundial deberían unirse al pueblo de Cajamarca y declarar inviable el proyecto Conga” concluye el informe.
A pesar de los riesgos ambientales y sociales implicados, la IFC no ha publicado ninguna evaluación del proyecto, no ha manifestado una posición pública al respecto ni ha intervenido para hacer cumplir sus propias Normas de Desempeño.
La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en la región Cajamarca.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo dirigido por la profesora Sarah Knuckey de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de los estudiantes, la reflexión crítica y la investigación académica Tomado de.Servindi,
