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Se abre el diálogo por el conflicto minero Las Bambas. Pasadas las ocho de la noche, culminó la reunión entre el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana en Lima. La reunión contó con la mediación de monseñor Miguel Cabrejos y se llevó a cabo sin la presencia de ningún representante de la empresa MMG Limited.
Este encuentro se realizó mientras los comuneros de Apurímac llevan 55 días bloqueando la carretera que usa la minera china para trasladar toneladas de minerales. En la zona del fundo Yavi Yavi (Cusco), los campesinos impiden el paso de los camiones que trasladan los recursos extraídos de Las Bambas. Ellos reclaman el pago por el uso dicha vía que está dentro del terreno comunal.
Culminada esta reunión, monseñor Cabrejos precisó que los acuerdos a los que se llegaron solo están referidos al proceso que se ha iniciado este domingo.
"Hemos pedido que todo se realice sin violencia de ninguna parte, ni de la mina, ni de los comuneros, ni del Gobierno [...] Muchas veces hablamos de aspectos técnicos y financieros, pero olvidamos el aspecto humano, las personas, hay mujeres y niños", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
Cabrejos anunció que el próximo sábado 6 de abril se llevará a cabo otra reunión. El mediador espera que en dicho encuentro sí participe algún representante de la empresa minera, que es la que tanto reclama por sus pérdidas económicas, pero no se hizo presente en la sesión de hoy.
"Si uno de ellos no se sienta a dialogar, poco se puede lograr. Vamos a pedir que la mina manda un representante", dijo el religioso que contó que, antes de iniciada la reunión, la empresa envió una carta diciendo que estaba dispuesta a dialogar, pero no mandó ningún interlocutor.
El representante de la Iglesia Católica señaló que el presidente de la comunidad insistió en que se libere a los asesores legales de la comunidad, detenidos por el presunto delito de extorsión. En este sentido, se acordó pedir al Poder Judicial (PJ)y al Ministerio Público (MP) un debido proceso en el caso de los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo.
Esto fue confirmado por el Jefe del Gabinete Ministerial.
"[Gregorio Rojas] Insiste en la liberación de sus asesores, pero esto no depende del Ejecutivo, es una decisión del Poder Judicial y del Ministerio Público. Nosotros nos hemos comprometido en hacer una invocación a que se respete el debido proceso, que es una garantía que todo ciudadano merece", dijo del Solar.
El primer ministro explicó que el dirigente comunal viajará a la zona del conflicto para consultar con los comuneros lo conversado en esta primera reunión y volverá, con la respuesta, al segundo encuentro, que se realizará también en Lima.
"Rojas, como presidente de la comunidad, no puede tomar decisiones él mismo, él va a consultar a que se levanten las medidas de fuerza de manera simultánea: si no hay bloqueo de la vía, no habrá estado de emergencia", anunció.
Otro acuerdo que ya se hizo oficial es que el Ejecutivo y la comunidad de Fuerabamba aceptan a la Iglesia Católica y a la Defensoría del Pueblo como mediadoras en este conflicto minero. Sin embargo, aún hace falta la participación de la empresa minera MMG Limited, que es la que usa la carretera motivo de controversia, la que ha sido beneficiada con las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con las que se descartó la construcción de un mineroducto y se prefirió trasladar los recursos minerales por una vía en medio de la comunidad.
Por su parte, el presidente de de Fuerabamba, Gregorio Rojas, se retiró sin brindar declaraciones a la prensa Tomado de SERVINDI
Tras nueve años de ocurridos los lamentables hechos de Bagua, aún no hay justicia definitiva para las víctimas. Debido a que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema solicitó (por 3 votos contra 2) anular la sentencia que absolvía a 53 indígenas y realizar un nuevo juicio, se debía dar un voto dirimente. Para ello, se designó a la juez suprema Iris Pacheco Huancas.
Hoy 27 de diciembre a las 09:00 horas debía realizarse la audiencia, pero a pocas horas de llevarse a cabo, la jueza suprema inhibirse sin especificar las razones por las que no quería seguir el caso "La curva del diablo". Ante ello, se suspendió el informe oral por este caso relacionado a las protestas sociales de las comunidades de la Amazonía ante los decretos que emitió el gobierno de Alan García y que atentaba contra sus derechos como pueblos indígenas.
El abogado Juan José Quispe (Instituto de Defensa Legal) señaló que "en el mejor de los casos se reprogramará, previo dictamen del fiscal supremo, en una fecha posterior a las vacaciones del Poder Judicial del mes de febrero del 2019".
Para el abogado, esto es un trato injusto para los indígenas, que fueron absueltos en la sentencia en cuestión. "La angustia de un nuevo juicio oral se prolonga vertiginosamente y ellos sin saber nada pues es difícil la comunicación telefónica para informales de este extraño apartamiento de una jueza que era clave para el caso", escribió en su Facebook.
En la previa, abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), procesados y autoridades de la Iglesia Católica alertaron que la sentencia del caso Bagua corría peligro. Resaltaron que la Sala que solicitó nuevo juicio estaba conformada por el actual presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros Cornejo.
"No se trata de un juicio común, donde se procesa a delincuentes de alguna organización criminal, sino donde se juzgan a miembros de comunidades indígenas que han sido indebidamente procesados por defender sus territorios, sus tierras y su ecosistema, de una exquisita cultura milenaria, que hablan lenguas distintas al castellano como el awajún y el wampis, cuya cosmovisión solo puede ser entendida a la luz de peritajes antropológicos", explicaron.
Sostuvieron que los magistrados que piden nuevo juicio no están considerando el artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que entre otras cosas "dispone que cuando se impongan sanciones penales contra miembros de comunidades indígenas deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales".
El problema, resaltan, es que los verdaderos responsables de las muertes y lesiones a policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) no han sido identificados ni han sido llevados a juicio.
"Lamentamos que la Fiscalía de Bagua y ahora la Corte Suprema se empecinen en querer sancionar a los detenidos y, por el contrario, no hayan profundizado en llevar a juicio a los verdaderos responsables de las muertes y lesiones de policías de la DINOES, ya que los delitos sí se perpetraron y merecen una sanción penal", dijeron en conferencia de prensa.
En setiembre del 2016, los 53 indígenas que habían estado en la cárcel acusados de ser responsables de la muerte de 12 policías en el Baguazo, fueron absueltos por la justicia peruana, pero, como dijeron los familiares de las víctimas, este caso no puede quedar impune.
El 5 de junio del 2009, durante el gobierno del aprista Alan García, fallecieron 34 personas, entre policías e indígenas, por el conflicto social provocado por decretos legislativos que, como denunciaron los pueblos awajún y wampis, iban en contra de su derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la OIT
“La niña estaba mal, con neumonía y no había aparatos para nebulizar”, cuenta un nativo —que prefiere no dar su nombre— que vive en la Reserva Territorial Nahua Nanti Kugapakori y Otros (RTKNN) en la región Ucayali, en Perú. Lo que hicieron de inmediato para tratar de salvarla fue trasladarla de emergencia a Sepahua donde esperaban encontrar una mejor atención médica. No mejoró, tuvieron que llevarla entonces a Atalaya, capital de la provincia del mismo nombre, donde tras un largo recorrido la pequeña de cuatro meses falleció. Este episodio fatal puso en evidencia uno de los problemas que enfrentan los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI): la vulnerabilidad frente a enfermedades y epidemias, así como la falta de una atención de salud diferenciada.
El caso de la pequeña de la etnia Nahua tiene como antecedente un episodio registrado en la misma zona geográfica en los 80, cuando un grupo de madereros ingresó al territorio de los Nahua, los contagió de gripe y tos, y causó la muerte de aproximadamente el 60 % de esta población. Entonces se entendió la necesidad de crear una reserva como ocurrió en 1990, que se convirtió en el 2003 en una reserva territorial y que obtuvo, finalmente, el reconocimiento oficial de los PIACI que viven dentro en el 2014. Hoy la Reserva Territorial Nahua Nanti Kugapakori y Otros (RTKNN) aguarda para dar el siguiente paso: ser reconocida como una reserva indígena.
Pero lo que debería entenderse como un avance es entendido también como una decisión controvertida, pues el artículo 5 de la Ley No. 28736 de los PIACI menciona la posibilidad de aprovechar recursos existentes en esos territorios “por necesidad pública”. Los expertos consultados para este especial resaltan la imprecisión del término, porque sostienen que podría abrir la puerta para que, dado el caso, se impulsen inversiones u otras actividades que afecten a estos territorios. Actualmente en el Perú, existen tres reservas indígenas y dos reservas territoriales en proceso de adecuación.
AL INTERIOR DE LA RESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI, NAHUA, NANTI Y OTROS SE ENCUENTRAN VIVIENDAS TEMPORALES COMO ESTA, HABITADAS POR INDÍGENAS AISLADOS. CRÉDITO: INDEPA.
El caso de los Nahua es un ejemplo que se repite en otros países de la región. Y lo confirma una reciente publicación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) cuando señala, con una mirada regional, que los PIACi son una “población que se encuentra en una situación crítica de vulnerabilidad” y que está amenazada por “el aumento de la frontera agrícola y de las ciudades en la Amazonía, así como la llegada de nuevas enfermedades a la región frente a las cuales la población urbana también es susceptible”. La OTCA está integrada por ocho países de la Amazonía y trabaja desde el 2011, entre otros temas, en la elaboración de una agenda regional para la protección de los PIACI.
Mongabay Latam ha buscado cuatro casos significativos y actuales en la región amazónica para observar la situación de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial. Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela son los países que forman parte de este especial y los cuatro reportajes preparados ponen en evidencia problemas como: la falta de una atención médica diferenciada, la amenaza de proyectos extractivos, la ausencia de políticas y medidas de protección por parte del Estado, y el riesgo del avance de las actividades ilegales sobre sus territorios.
Un estudio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) calcula que alrededor de 10 000 personas viven en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Esta información, más allá de la dificultad para precisar la cifra, debilita los argumentos de quienes por años han cuestionado la existencia de estos pueblos.
Entre las declaraciones más polémicas está la del Ministerio de Pueblos Indígenas de Venezuela en el 2009, cuando en una comunicación oficial dirigida a la Cancillería del país señaló que “no existen comunidades indígenas catalogadas con este término”. Diversos estudios, sin embargo, basados en reportes de avistamientos o rastros de su ocupación, se han encargado en los últimos años de documentar la existencia de los PIACI.
Y no solo la existencia, sino también las amenazas. El avance de las actividades ilegales y la incursión de bandas criminales en áreas cercanas al territorio de los PIACI es un problema vigente. Como antecedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2006 emitió una medida cautelar en la que le ordenaba al Gobierno de Ecuador proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenane tras las muertes registradas por enfrentamientos con taladores ilegales. Un año más tarde, en el 2007, la CIDH emitió una segunda medida cautelar esta vez para ser atendida por el Estado peruano porque el mismo problema ponía en peligro a los Mashco Piro, Yora (Nahua) y Amahuaca que habitan en la zona del río La Piedras en Madre de Dios.
EN MEDIO DE LA SELVA PERUANA, HABITAN AL MENOS 12 ETNIAS DE INDÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO O CONTACTO INICIAL. PREFIEREN EL NO CONTACTO Y LA AUTODETERMINACIÓN. CRÉDITO: SURVIVAL.
Alexander Alfonso Segura, jefe del Parque Nacional Río Puré en Colombia, narra con preocupación para este especial los riesgos que enfrenta hoy esta área protegida que alberga a los Yurí y los Passé, dos pueblos en aislamiento reconocidos por el Estado. Segura junto a 14 funcionarios tiene la responsabilidad de proteger un millón de hectáreas de bosque de los madereros ilegales, cazadores, las balsas y las dragas. Las mafias criminales, además, precisa el jefe del parque, se pasean a sus anchas por los ríos Putumayo, Caquetá y Puré, para robarse el oro que oculta la Amazonía.
“Las acciones de las autoridades están concentradas solo en el lugar del problema, no se fijan mucho en estos lados”, cuestiona así Segura la falta de vigilancia dentro del parque.
FAMILIA MASHCO PIRO EN LA PLAYA DEL RÍO ALTO MADRE DE DIOS. ATENDER SUS PROBLEMAS DE SALUD ES COMPLICADO DEBIDO A QUE ESTÁN EN AISLAMIENTO. CRÉDITO: FENAMAD.
En Ecuador, el territorio de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane está amenazado por las actividades petroleras. La geógrafa Paola Maldonado, con experiencia en el trabajo con pueblos indígenas en aislamiento, señala en una de las entregas preparadas para este especial que “la zona intangible” es un lunar que “está cercado por la actividad petrolera, la extracción de madera y los proyectos de conectividad”. Y el antropólogo Roberto Narváez reafirma que los intereses petroleros han prevalecido en Ecuador sobre los derechos humanos.
La minería ilegal, las epidemias y la presencia de bandas criminales tiene también cercados a los Hoti, Yanomami y Piaroa en Venezuela. Uno de los casos más emblemáticos y que aborda el reportaje de Venezuela está relacionado al cuestionado decreto que aprueba la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO)por el presidente Nicolás Maduro, 112 000 kilómetros cuadrados destinados a la explotación de minerales como el oro, el coltán y los diamantes, que en la parte extrema oeste toca el hogar de los Hoti. La Organización Indígena Yabarana del Parucito (OIYAPAM) denunció la presencia de mineros que utilizan incluso maquinarias en el territorio que ocupa este pueblo.
La vulnerabilidad de los PIACI frente a las enfermedades y epidemias no es una novedad. Expertos como el Dr. Fernando Mendieta, que tiene experiencia en la atención de estas poblaciones, señaló en un artículo publicado en El País de España que “la única forma de protegerlos efectivamente es garantizando un territorio libre de amenazas externas, pero que sea realmente seguro, fuera de actividades de cualquier tipo dentro de este”. Este es un escenario difícil de asegurar.
La OTCA precisa en el documento que publicó este año que solo dos países, de los ocho que integran la organización, han avanzado en desarrollar acciones para proteger la salud de los PIACI: Brasil y Perú. El último cuenta incluso con una norma y dos guías técnicas para la atención de estos grupos. Sin embargo, como lo mostramos en dos de los informes trabajados para este especial, existen problemas por atender en Venezuela y Perú.
En el caso de Venezuela, se mantiene desde marzo de este año en alerta por un brote de sarampión que pone en peligro la vida de los Yanomamis. Hasta el momento, como la narra el reportaje trabajado para este especial, no se sabe cuántas personas han perdido la vida. Una fuente del Ministerio de Salud (MINSA), que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, le dijo a Mongabay Latam que varios grupos de indígenas en aislamiento les reclamaron a los equipos médicos haber arribado tarde para salvarlos. “Algunas comunidades ya estaban diezmadas”, dijeron.
LOS YANOMAMI SE HAN VISTO DIEZMADOS POR LA RECIENTE EPIDEMIA DE SARAMPIÓN QUE ATACA A VENEZUELA. FOTO: GRUPO DE TRABAJO SOCIOAMBIENTAL DE LA AMAZONÍA WATANIBA.
Las únicas cifras conocidas han sido elaboradas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pero con base a datos levantados en Brasil. Sin embargo, en junio de este año, señalaron que tenían 280 casos en observación, de los cuales 79 eran de indígenas venezolanos.
En Perú, los Nahua se enfrentan a la contaminación por mercurio. En el 2014, se hallaron altos índices de este metal pesado en la orina de algunos de los habitantes de Serjali. En abril de 2016, el Ministerio de Salud se vio obligado a declarar una emergencia sanitaria y hoy los Nahua denuncian que hasta ahora no les han hecho un estudio de pelo, algo que recomendaba un estudio del MINSA del 2017.
“No tenemos idea de lo que nos pasa, por eso exigimos a las autoridades que actúen”, dice Jader Flores, un nahua que vive en Serjali y que participó en una reunión a fines de noviembre, en la ciudad de Atalaya, en la que expuso la situación frente a otros miembros de su pueblo, investigadores de los PIACI y representantes del Ministerio de Cultura.
De los cuatro países que forman parte de este especial, si hay uno que no tiene normas específicas para garantizar la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial es Venezuela. En este país se reconoce la existencia de tres pueblos indígenas que si bien no permanecen en aislamiento total, “si permanecen en un cierto aislamiento relativo con poco contacto (contacto inicial)”, explica un estudio del Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA),
Este mismo documento señala, además, que sí existen “abundantes disposiciones” que podrían ser aplicadas para la protección de estos grupos, por eso recomiendan “la implementación y el desarrollo de las medidas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes indígenas vigentes, como mecanismo para lograr la supervivencia física y cultural de estos grupos”.
El caso que presentamos en Ecuador es particular porque es una consecuencia de la disolución del Ministerio de Justicia. En noviembre se anunció la transformación de esta institución en la Secretaría de Derechos Humanos. Solicitamos información sobre el futuro de la dirección que atendía los temas de los pueblos en aislamiento, pero no hubo una respuesta concreta sobre cómo desarrollarán en adelante su trabajo. Lo que temen los expertos es el abandono de estos pueblos por parte del Estado.
En Perú, desde el punto de vista legal, el tema que preocupa a los especialistas consultados como la antropóloga Beatriz Huertas es la vulnerabilidad de estos pueblos frente al artículo 5 de la Ley No. 28736 de los PIACI, que como mencionamos al inicio de este artículo, desliza la posibilidad de aprovechar recursos existentes en los territorios de los PIACI “por necesidad pública”
El Día, 27 de noviembre, 2018.- El Servicio de Salud Arica (SSA) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) presentaron el documental audiovisual “Samak Purintaniri/ El que vino de los sueños” sobre el parto a la manera aymara.
La presentación se efectuó en el Hospital Regional Dr. Juan Noé gracias a un convenio de colaboración entre ambas instituciones para el fortalecimiento de la medicina indígena.
La actividad tuvo lugar en el auditorio del hospital y contó con la asistencia del concejal de Putre, Herman Gutiérrez, de la directora subrogante del SSA, Loreto Arévalo, y del director regional subrogante de CONADI de Arica y Parinacota, Eduardo Pérez, entre otros invitados.
El documental, realizado por la audiovisualista Yessica Molina, relata la experiencia de la mujer aymara Yessica Sánchez quien tuvo a su tercer hijo dentro del programa del SSA “Utasanjam usuña/ Parir como en casa”, en donde accedió a control de embarazo y atención de parto con atención complementaria de la usuyiri (partera aymara) Aurelia Álvarez.
La protagonista del vídeo manifestó que “se logró el objetivo de documentar un parto aymara en el Hospital de Arica, para que las futuras mamás puedan conocer tal cual es el proceso y disfrutar de algo tan bonito como es su embarazo y tener un buen término de parto”.
Este trabajo está disponible en el canal de Youtube del SSA y se puede acceder directamente a través del link: https://youtu.be/UcnpaXkhK9U
En el evento, el SSA y CONADI también entregaron las certificaciones a los médicos aymara y sus aprendices que participaron en una pasantía en el centro de medicina indígena Kuska de Cochabamba, en Bolivia, entre el 16 y el 20 de septiembre, en el marco del mismo convenio de colaboración el que fue ejecutado por la consultora Tassili.
Asimismo, CONADI presentó el libro “Historia oral de especialistas médicos aymara de la Región de Arica y Parinacota” de la antropóloga Johanna Slootweg que recoge los testimonios de trece terapeutas indígenas, entre ellos, Severo Llusco, de la localidad de Caquena, quien, en vida, fuera uno de los pioneros en la atención complementaria impulsada por el SSA.
No es tan bonito viajar cuando piensas que te pueden matar. En la trocha que separa el Valle de Esperanza y Pangoa lo único que alumbra son las estrellas. Son unas cinco horas de camino casi a ciegas y hasta un inocente perro te asusta. Esta zona de la selva central es la parte baja del río Ene, el llamado Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), un lugar en el que se vive en estado constante de emergencia desde hace décadas. Por los cultivos ilegales de hoja de coca y por la presencia del grupo terrorista Sendero Luminoso, que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), asesinó a más de 37 000 personas entre 1980 y el 2000. Me da miedo ser un número más de estos, a pesar de que supuestamente ya no pasa nada.
Esta es la principal fábrica de cocaína en el mundo y una de las tierras más idóneas para el cultivo de hoja de coca. Según las últimas cifras publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) solo en este valle se encuentra casi el 70 % de la producción peruana y alrededor del 15 % de la mundial. Cada hectárea puede llegar a tener más de 150 000 plantas, a diferencia de Colombia y Bolivia, donde crecen alrededor de 30 000. Estos tres países son los únicos que lo cultivan y su expansión es cada vez mayor. Solo en este valle se pierde un promedio de 30 hectáreas de bosques cada hora, afirman cifras de la Dirección de Ambiente y Recursos Naturales del sector Agricultura. Y en medio de este crecimiento desmedido, las comunidades asháninkas se ven acorraladas o, mejor dicho, olvidadas.
La tierra imaginaria
“Dígale a los gobernantes que Meantari sí existe”, me repetían todos los pobladores de esta comunidad asháninka, separada de Lima por 12 horas en carretera, 2 de trocha, 10 en río, otras 4 de trocha y otras 4 más caminando en un tupido bosque lleno de colinas.
Después de estar dos días entre carros, botes, y saltando piedras y troncos, sientes que solo quieres buscar una sombra para evitar que el sol te siga achicharrando la cabeza. Sin embargo, el cansancio solo es un detalle cuando te percatas de dónde estás parado. Un rincón del mundo al que nadie llega y que fácilmente podría ser considerado el paraíso, pero que lamentablemente está lejos de serlo. Meantari es una de las comunidades asháninkas que viven en el VRAEM. Así como todas las demás, hicieron lo que quisieron con ellos en la época del terrorismo. La CVR calcula que por esos años desaparecieron entre 30 y 40 comunidades asháninkas, más de 5000 indígenas fueron secuestrados y más de 6000 fueron asesinados. No existe asháninka en este valle que no tenga al menos un familiar desaparecido por esos años.
“Cuando llegaron los terroristas a la comunidad, nos rodearon y nos empezaron a decir que nos unamos a ellos. No quisimos y nos dispararon como animales. Mi esposo y uno de mis hijos fueron asesinados mientras huían”, parece que fuera ayer cuando Virginia Romaní, una mujer de un metro y medio, y piel desgastada por el sol, cuenta esto. Es una de las ancianas de la comunidad, en un lugar donde no hay viejos: casi todos los adultos fueron exterminados.
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Han pasado más de 30 años desde que Sendero Luminoso convirtió estos bosques en su patio trasero, donde hicieron lo que quisieron con la gente que solo pretendía una vida en paz. Los que no pudieron escapar, terminaron flotando como cajas de cartón en los ríos o enterrados como piedras en medio del bosque. En los primeros días de junio de este año, desde Meantari vieron bombas a lo lejos. No se imaginaban que era un ataque terrorista a la Base Contraterrorista de Nueva Libertad, en el distrito de Vizcatán, a unos kilómetros de ahí. Ellos solo rogaban que no avanzara hacia donde ellos estaban.
“Queremos que nos entreguen nuestro título por este territorio en el que nuestros ancestros han vivido. Después vienen los choris (colonos de la sierra) a sembrar coca porque todos ellos están metidos en eso. No queremos seguir viviendo con miedo”, me dijo Angel Tsirorinti, poblador de Meantari, mientras me invita un pote con masato, una bebida a base de yuca muy tradicional en comunidades indígenas.
En Meantari viven unas 120 personas. Todos son muy amables. No dudan en invitarte los últimos trozos del majaz (chancho de monte) cazado el día anterior o en darte, una y otra vez, masato, como muestra de hospitalidad. Así sea lo último que les quede. Las casas son muy sencillas, al igual que en todas las comunidades asháninkas. Están hechas con madera, no tienen paredes, solo una plataforma y los techos son de hojas de palmera. En las noches, los más afortunados cuelgan mosquiteros para descansar y los demás solo cierran los ojos para intentar olvidar. Los problemas no se detienen aquí. Antes era el terrorismo y ahora la inseguridad en su territorio. Las titulaciones tardan años y los colonos los invaden, queriendo quitarles sus tierras, que según el Estado es territorio ancestral y en teoría no puede ser tocado por extraños. En los primeros días de febrero de 2017, unas sesenta personas provenientes de Ayacucho llegaron armados a Meantari, exigiendo esa tierra, diciendo que les pertenecía en nombre de la Asociación de Productores Agroforestales y Ganaderos reubicados Nuevo Luren – Somanevi. Los asháninkas fueron acorralados, como lo hicieron los terroristas hace un par de décadas. Y escaparon. Sintiendo que les estaban arrebatando, una vez más, lo que siempre fue suyo.“
“Al día siguiente, iniciamos las acciones legales, amparándonos en el derecho a la defensa posesionaria extrajudicial, establecido en el código civil. Teníamos 15 días hábiles para recuperar el territorio con la fuerza que tengamos que utilizar. Enviamos documentos a la Defensoría del Pueblo, coordinamos con las Fuerzas Armadas y la policía, para realizar esta defensa. Las Fuerzas Armadas peinaron la zona, pero el día que íbamos a hacer la defensa, el helicóptero de la policía no quiso bajar para hacerlo efectivo. Felizmente los asháninkas ya se habían organizado y llegaron 120 de toda la cuenca del Ene para ayudar. Estos solo encontraron cinco personas y los expulsaron”, cuenta los hechos para Mongabay Latam, Irupé Cañari, asesora legal de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a las comunidades de esta cuenca.
La titulación de las comunidades indígenas es un problema de años. No existe una buena georreferenciación de los territorios. Los planos creados hace años no son exactos y muchas comunidades nativas no están inscritas en registros públicos.Además, la responsabilidad de las titulaciones ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hay mucha información que no es clara. En los años noventa existía el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) para la titulación de predios individuales y de las comunidades. En los 2000 se transfirió la competencia al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), que es un organismo del Ministerio de Vivienda. Para finalmente transferirse a Agricultura hace unos pocos años.
“Al gobierno no le interesan las comunidades. Me sorprende por qué no se ha reconocido a las comunidades antes. Tal vez por los intereses de las empresas para extraer madera. El mismo Estado viene vulnerando los derechos de las comunidades nativas. En el caso de Meantari, le hemos dado la razón a la comunidad y hemos procedido a su reconocimiento. Ahora viene la etapa de la titulación. Si todo está saneado, les entregaremos el título para darles tranquilidad”, dijo para Mongabay Latam, Hilario Briceño, Jefe de la Unidad de Comunidades Campesinas y Nativas de la Dirección Regional Agraria de Junín, que además confirmó que en el último año se han titulado 11 comunidades nativas en la región, con la ayuda de La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el organismo del Estado encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.
S.
Así como en Meantari, los problemas de tierra son comunes en el Ene. Potsoteni, Alto Kamonashyarii y Samaniato, son otras comunidades que están sufriendo por invasiones de colonos que se aprovechan de la desprotección de esta tierra. Por ejemplo, Samaniato, a unas tres horas de Satipo, mantiene un juicio desde 2002 con el señor Óscar Carrera Lázaro por la disputa de unas tierras, que afirma haberlas poseído y luego abandonado debido al conflicto armado y las reclama amparándose en el Decreto 005-91, que autoriza la reposición de las tierras de las personas que fueron afectadas por el terrorismo. En la Dirección Regional de Agricultura confirman que Carrera no tiene claro dónde está su supuesto terreno ni tiene planos ni las coordenadas exactas. Y, como dicen las autoridades, es extraño que le hayan dado posesión de estas tierras por aquellos años.
Las comunidades y las organizaciones indígenas no confían en las autoridades. “Siempre escuchamos promesas. Si no hacemos presión, no salen las cosas.Meantari tiene muchos problemas porque está cerca de la frontera, y están propensos a seguir siendo invadidos por taladores ilegales y por los cultivos de hoja de coca que cada vez los sentimos más, no solo ahí, sino en todo el Ene”, declaró para Mongabay Latam Ángel Pedro Valerio, Presidente de la Care.
El mundo real
Hace cinco años viajaba en una embarcación por el río Ene, rumbo a la comunidad asháninka de Paveni, en el límite con Cusco, donde todo está repleto de hoja de coca. En el puesto militar no me querían dejar pasar por ser periodista y tuve que ser rescatado por los líderes asháninkas con los que viajaba. En los siguientes cuatro días en la zona, ahí no más del puesto militar, se escuchaban avionetas subir y bajar desde la madrugada, como si fueran mosquitos. También por esos días, curioseando en los alrededores de Paveni, fui echado a gritos por personas de acento andino que salieron de extensas chacras de hoja de coca. ¿Y los militares del puesto de control dónde estaban?
“Está comprobado que hay en nuestras mismas instituciones personal que son extorsionadores, asaltantes, que no tienen moral. ¿Cómo luchamos contra esta mafia que corrompe policías, militares, autoridades, jueces, fiscales, y que mueve millones y millones de dólares?”, comentó con preocupación para Mongabay Latam, el Coronel de la Policía Nacional del Perú, Jhonel Castillo, de la División de maniobras contra el tráfico ilícito de drogas, los Sinchis, que tiene su accionar en el VRAEM.
Del VRAEM se distribuye a Estados Unidos, Europa y Brasil. Y además de las salidas ya conocidas por los puertos de toda la costa de Perú, también salen hacia Bolivia y Brasil, en avionetas que se hacen transparentes. Según el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), Héctor Loayza, en cada vuelo salen aproximadamente 300 kilos de cocaína. “Sacar un kilo por mar les cuesta entre 3000 y 4000 dólares. Por el puente aéreo, son unos 2500 dólares. Es muy rentable”, sentenció Loayza. Este valle es resguardado por 12 000 militares, pero lo que ven los que no son ciegos, es cada vez más preocupante.
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“La erradicación de la hoja de coca acá en el VRAEM ha sido casi nula. Y aquí es donde tenemos a Sendero Luminoso trabajando de la mano con el narcotráfico. Cada año vemos más extensiones de hoja de coca por todos lados”, dijo Castillo, desde la base de los Sinchis en Mazamari, Satipo, que está instalada en la zona desde los años sesenta.
Ante este panorama, las comunidades asháninkas son las que más sufren. Su territorio ancestral se va llenando de indeseables y nadie los protege.
“Las comunidades indígenas están apoyando para neutralizar el accionar del narcotráfico, pero también están aisladas. No tienen los recursos ni la protección suficiente. Por nuestro lado no hay los medios para ir, llegar y dar una ayuda inmediata”, se detiene otra vez Castillo.
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Mientras caminaba hacia la comunidad de Meantari, cruzando quebradas y trepando colinas, iba acompañado por un grupo de 10 ronderos asháninkas armados todos con escopetas. “No pasa nada, pero uno nunca sabe. Ellos (narcos y terroristas) siempre andan por acá y cada vez vemos más cultivos de coca en los alrededores. También pasa gente transportando droga y no nos sentimos seguros”, me dijo uno de ellos, cuando le pregunté por qué tanta seguridad.
“Esta zona se mueve alrededor del narcotráfico y todos lo saben. Tenemos que cambiar las estrategias para erradicar los cultivos en la zona. Ahí viene nuestra idea de trabajar con las comunidades nativas. Estas no están viciadas porque su cosmovisión no tiene que ver con la coca. Las comunidades indígenas se relacionan con el bosque, es su casa”, declaró para Mongabay Latam, Lorenzo Vallejos, Experto en Asuntos Ambientales para Perú y Ecuador en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Controlando los recursos
Para llegar a la comunidad nativa de Caparocia, hay que ir por un camino afirmado por dos horas hasta Puerto Ocopa, donde cogerás un bote que te llevará por otras dos horas en el río Ene, para finalmente caminar entre árboles, subidas y bajadas, durante tres horas más. Esta comunidad, junto con Samaniato, Unión Puerto Asháninka y Paveni, son las únicas en la cuenca del Ene que tienen permiso forestal, una de las pocas actividades con las que los asháninkas pueden ganar dinero. Sin embargo, no cuentan con las capacidades e información necesaria para aprovechar adecuadamente su bosque. El caso de Caparocia es el más evidente. La comunidad tuvo que pagar una multa de 6000 soles por una falta de la empresa maderera con la que trabajaba.
El 1 de octubre de 2015 entró en vigencia la nueva Ley Forestal Nº 29763, con la intención de hacer más transparente el aprovechamiento de los recursos por parte de las comunidades indígenas. La anterior venía causando problemas con ellas, ya que eran multadas muchas veces sin saber por qué. El problema es que, como casi ninguna comunidad tiene la capacidad para hacer su aprovechamiento forestal, pacta con una empresa para que sea ella la que la realice. En la mayoría de casos no se firman contratos, los terceros aprovechan para hacer cosas ilegales, y la multa la pagan las comunidades. Estas eran tan altas que podían llegar hasta los 600 UIT (más de dos millones de soles). Es por ello que, a pedido de las organizaciones indígenas, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Agricultura y Riego, trabajó para crear esta nueva ley.
“La anterior legislación no preveía el asunto de la responsabilidad solidaria. Hoy la nueva ley comprende esta figura. Sin embargo, esto tiene que materializarse con hechos que se puedan evidenciar. Por eso tiene que haber un contrato formal y muchas de ellas no lo tienen. Si no formalizan, ¿cómo nosotros podemos fiscalizar y aplicar la norma?”, dijo para Mongabay Latam, Idelfonzo Riquelme, Director de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), que también confirma el ablandamiento de las multas. “Hoy en día, se han creado niveles: Leve (de 0.1 a 3 UIT), Grave (3 a 10 UIT) y Muy grave (10 a 5 mil UIT)”.
Sin embargo, para la abogada Cañari, esta ley no es suficiente, “existe un desequilibrio de poderes. Muchas empresas se aprovechan de la necesidad de las comunidades. Serfor y Osinfor tienen que brindar más información a las comunidades, para evitar las estafas. Como en Caparocia, donde no sabían que la empresa Borka había blanqueado madera en 2015. Recién se enteraron cuando les pusieron la multa”.
Las comunidades indígenas representan más de 12 millones de hectáreas en todo el país y son los principales guardianes de los bosques. “Somos conscientes que el Estado tiene que dar mejor información. El fortalecimiento de capacidades de las comunidades es lento, pero se está haciendo”, dijo para Mongabay Latam, Elmer Medina, Especialista legal en recursos naturales de Serfor.
El jefe de la comunidad de Samaniato, Adolfo Yumiriqui, reafirma lo dicho por Vallejos. Para ellos lo más importante es cuidar su territorio. “Después de lo que vivimos con el terrorismo, decidimos vivir como comunidad para estar más juntos y protegernos. Ha pasado el tiempo, y ahora estamos luchando por proteger nuestro bosque que viene siendo destruido por los colonos invasores y el narcotráfico
