Cuarentisiete comunidades quechua hablantes de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac, reclaman por los daños ambientales y económicos que les está ocasionando el megaproyecto minero Las Bambas de la empresa transnacional china MMG Limited.
Los problemas se han agudizado con el inicio de la fase de explotación y el transporte del mineral cobre en pesados camiones que levantan polvaredas infernales y atraviesan los territorios comunales sin permiso de los campesinos.
Burla a la consulta previa
El malestar de las comunidades se debe también a los cambios que se hicieron al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas sin cumplirse con el requisito de la consulta previa.
El gobierno de Ollanta Humala creó la figura del “Informe Técnico Sustentatorio” con el propósito de evadir la consulta y aprobar, en tiempo récord, los pedidos de cambio a los EIA que presenten las empresas dueñas de concesiones extractivas.
Una de las cuatro modificaciones solicitadas por Las Bambas, autoriza el traslado de la construcción de las plantas de molibdeno y de filtros de Espinar a Cotabambas, con lo cual crece el riesgo de contaminación ambiental en esa provincia.
Otro cambio importante cancela la construcción del mineroducto que iba a servir para enviar el concentrado de cobre hacia el Cusco (Espinar). Ahora unos 300 camiones de gran tonelaje cruzan, casi a diario, los caminos comunales sin asfaltar, contaminan el aire y alteran el apasible paisaje rural.
A nueve meses de haberse iniciado la fase de explotación del proyecto, las familias del distrito de Challhuahuacho denuncian que la mina está contaminando el río del mismo nombre y disminuyendo su caudal, afectando al ganado y a las cosechas.
Dieciséis familias del caserío de Taquiruta, de la comunidad de Fuerabamba que ya fue trasladada a Nueva Fuerabamba, se niegan a salir hasta que la empresa les pague “lo justo” por sus mil hectáreas de terreno.
Las familias campesinas están acostumbradas a vivir en casas distantes unas de otras, en medio del campo y en construcciones semi enterradas para evitar los vientos helados a 3,800 msnm.
Sin embargo, han sido llevadas a residir en bloques de casas de cemento de dos pisos, expuestas a las bajas temperaturas y alejadas de sus chacras, pastizales y ganado.
La población tiene que soportar las explosiones diarias que construyen el tajo abierto Ferrobamba, en Fuerabamba, que crece y devora cerros, campos, cultivos, corrales, caminos y nacientes de agua. El proyecto contempla otros dos tajos más: Chalcobamba y Sulfobamba. La concesión minera cubre un total de 35 mil hectáreas.
Daños nunca imaginados
La multimillonaria inversión que supone el proyecto minero Las Bambas había despertado grandes esperanzas en esta región ubicada en el sur alto andino del Perú, una zona de pobreza endémica y abandono estatal centenarios.
Pero los pobladores nunca pudieron imaginar los daños que ocasiona una mina de enorme envergadura. Al parecer, se estaría produciendo un cambio sustantivo en el sistema de vida de estos pueblos, debido al corte abrupto con sus fuentes de subsistencia tradicionales y la alteración de su base cultural y social.
La mina ha significado un veloz crecimiento urbano de Challhuahuacho y un movimiento comercial y elevación de precios inusitados, que hacen inalcanzables para muchas familias y jornaleros los productos de primera necesidad. La salud, educación y movilidad también se vienen encareciendo.
Las fiestas costumbristas han sido transformadas en eventos comerciales por la empresa minera, cuyos gerentes contratan orquestas de moda, regalan cientos de cajas de cerveza y traen prostitutas para los solteros.
En Fuerabamba, Qoylluqui, Tambulla, Chuicuni y otras comunidades de Challhuahuacho es notoria la división que alienta la empresa minera, enfrentando a comuneros contra comuneros, lo cual debilita la organización social y daña su espíritu colectivista y solidario.
Reevaluar Las Bambas
Ante esta complejidad de serios problemas, el Estado tiene que asumir la protección de los pueblos originarios y reevaluar la continuidad de Las Bambas en diálogo directo con las comunidades. Sin embargo, hasta ahora el gobierno nacional actúa de espaldas a los reclamos desesperados que vienen desde las alturas de Cotabambas y Grau.
En el último lustro tanto el Ejecutivo como el Parlamento han venido aprobando nuevas normas para facilitar el ingreso y despojo de tierras por parte de los grandes inversionistas. Los dueños de Las Bambas están entre los principales beneficiados por estas nuevas medidas que buscan “atraer la inversión extranjera”.
Las autoridades judiciales han puesto en práctica un plan incriminatorio contra centenares de comuneros por haber dirigido o participado de las protestas, pese a que el artículo 149 de la Constitución les reconoce funciones jurisdiccionales “dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario”.
En junio de este año la Sala Penal Liquidadora de Abancay abrió juicios contra 34 comuneras y comuneros de Cotabambas y Grau, para quienes el fiscal pide 35, 30 y 6 años de cárcel, según el caso, por las protestas realizadas hace cinco años en Challhuahuacho, acusándoles de secuestro, disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, daños al Estado y robo agravado.
Unos 300 comuneros más están siendo citados para abrirles procesos judiciales por los acontecimientos luctuosos del 2015, que dejaron tres personas muertas y numerosos de heridos por disparos de bala de la policía.
Diálogo directo
Las cuarentisiete comunidades solicitan al Ejecutivo la apertura del diálogo directo, el cese inmediato de los daños ambientales, reparaciones económicas, la anulación de los cambios inconsultos al EIA de Las Bambas y el corte de todos los procesos judiciales.
La Mesa de Diálogo formalizada por el gobierno central el 8 de setiembre con la resolución ministerial Nº 187-2016-PCM, no garantiza la participación plena de las comunidades como sujetos de derecho e identidad propia; las disuelve en el rubro “sociedad civil organizada”, lo cual constituye una actitud discriminatoria y de rebelión contra las normas internacionales de pueblos indígenas.
Un soplo de democracia viene desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, que preside María Elena Foronda Farro, de la bancada del Frente Amplio.
La Comisión sesionará el 11 y 12 de noviembre en el departamento de Apurímac, para escuchar a las comunidades y poblaciones en conflicto con el proyecto Las Bambas, así mismo se informará en directo de la situación real de la minería ilegal y de las carencias que existen en agricultura, agua, saneamiento, salud y educación.
Para el caso del Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que forma parte del cuerpo constitucional peruano desde 1995, ordena la consulta previa, el consentimiento informado, la participación permanente, la compensación justa por daños y el desarrollo de las comunidades como objetivo supremo de todo proyecto que el Estado planee ejecutar en territorios comunales.
Ninguna norma de menor jerarquía puede evadir, impedir o desconocer el ejercicio de estos derechos que asisten a las comunidades campesinas y nativas y son parte del sistema de derechos humanos universales avalados por las Naciones Unidas
