Luego de tomar las instalaciones de la Cámara de Diputados de Brasil, cerca de 300 indígenas lograron que se postergue un proyecto de ley que debilitaría las facultades de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) para demarcar territorios ancestrales.
Con los rostros pintados y usando tocados tradicionales, los indígenas ingresaron a la sede de la Comisión de Constitución y Justicia, ayer por la mañana, y se entrevistaron con el presidente de la Cámara baja, Henrique Alves, a quien demandaron cancelar la formación de la comisión que iba a dar trámite a la enmienda constitucional.
Tras mantener su protesta por más diez horas, los indígenas consiguieron que se aplace por seis meses el debate del proyecto de ley propuesto por la bancada de legisladores rurales que, según los nativos, restará facultades a la estatal FUNAI en la definición de sus territorios.
Asmismo, Alves se comprometió a invitar a los indígenas al Congreso a presentar sus demandas y llegar a un acuerdo.
Sin embargo, la dirigente de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, rechazó cualquier tipo de negociación sobre el proyecto de ley y acusó a los legisladores que lo propusieron de “defender a latifundistas”.
“Nosotros no aceptamos ningún tipo de negociación o diálogo , lo que queremos es que se elimine la comisión”, declaró Guajajara.
Según la dirigente, la polémica ley desvanecería los derechos indígenas sobre sus territorios ancestrales y amenazaría su supervivencia.
Por su parte, la FUNAI señaló en un comunicado que la proyectada ley agudizará las tensiones entre los pueblos indígenas y particulares “debido a la inseguridad jurídica y las indefiniciones territoriales que va a acarrear”, indicó.
Igualmente, el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), perteneciente a la Iglesia Católica, consideró que la ley ataca “de forma vil y cobarde” los derechos de los pueblos indígenas para beneficiar los intereses de una “minoría latifundista”.
La Constitución de Brasil dispone que la FUNAI es la encargada de definir los territorios indígenas mediante estudios antropológicos sobre el espacio que han ocupado históricamente.
Asimismo, establece que tales tierras son propiedad del Estado pero otorga a los indígenas el derecho a su plena ocupación.
A pesar de que un 12 por ciento del territorio de Brasil está conformado por tierras ancestrales indígenas muchas áreas esperan el reconocimiento oficial a favor de los nativos y afrontan conflictos por el avance de la agricultura y la ocupación de colonos.
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