La premier Ana Jara negó que exista una política de Estado que avale el espionaje y reglaje a sus opositores pero el Instituto Internacional Derecho y Sociedad(IIDS) recordó que se trata de una práctica que se aplica a líderes indígenas y sociales opositores al mega proyecto Conga en Cajamarca y a sus defensoras legales.
Ante una denuncia de la revista Correo Semanal Ana Jara desmintió esta semana que el personal policial realice espionaje y reglaje a sus opositores y exhortó a los medios de prensa a proporcionar información para investigar y acabar con este mito.
Premier Ana Jara salió de inmediato a desmentir y prometió investigación.
Sin embargo, el IIDS citó el informe de inteligencia de la Policía Nacional: “Apreciación de inteligencia Nº 106-DIRTEPOL-C/OFINTERPOL” donde se consigna una lista de líderes indígenas y sociales opositores al mega proyecto Conga.
Marco Arana, representante del movimiento “Tierra y Libertad” recordó en su cuenta de Twitter que “según Caretas, el reglaje de este gobierno a líderes opositores se está dando desde sus inicios”.
El año 2012 dicha revista publicó un informe en el que señalaba que había accedido a una parte de los documentos de inteligencia, del cual se desprendía que “el personaje central, aquel que aglutinaría los presuntos esfuerzos conspirativos, es el activista ambiental Marco Arana”.
“Según se señalaba, Arana es ligado por inteligencia con el llamado ‘Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca’, que tiene como voceros a Ydelso Hernández Llamo, Milton Sánchez y Edy León Benavides”.
“La Dirin asegura que ambos vienen ‘promoviendo un paro regional indefinido en 13 provincias de Cajamarca contra la viabilidad del proyecto Conga, así como una consulta popular en los distritos de Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Hualgayoc y Celendín’”.
La congresista Rosa Mavila criticó entonces los “informes de inteligencia” que le sirven de insumo al gobierno para convencerse de la cualidad conspirativa de protestas aparentemente inconexas, como las de Cajamarca y Cusco, recoge la revista Caretas.
Rondas vigiladas
Integrantes de las rondas y comunidades campesinas de Cajamarca en la laguna Mamacocha. Imagen: Archivo fotográfico de Manuel Ramos.
El IIDS también recuerda que el año 2013 las rondas y comunidades campesinas de Cajamarca denunciaron ante el Ministro del Interior y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que líderes ronderos y sus defensoras legales son fotografiados, filmados y seguidos por personal policial.
Estas acciones de reglaje y espionaje han sido consignadas en informes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, por lo menos, desde el año 2012, indica el IIDS.
Debido a que las acciones ilegales continuaban el 14 de febrero de 2014 volvieron a denunciar dichas prácticas ilegales ante el Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.
Medidas cautelares
El 05 de mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 46 líderes de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el comunicador César Estrada y el rondero Luis Mayta.
La medida se otorgó luego de verificarse un conjunto de hechos graves, urgentes e irreparables que ponen en peligro la vida e integridad de los beneficiarios.
La finalidad de la medida cautelar es que el Estado peruano adopte mecanismos efectivos para garantizar la vida e integridad de los mismos, sin embargo las instancias encargadas no han procedido a concertar ninguna medida efectiva.
Nuevas evidencias
El 22 de diciembre de 2014 Ydelso Hernández Llamo denunció que una audiencia en el Juzgado Penal Supraprovincial de Jaén se suspendió debido a que la Oficina de Inteligencia de la Comandancia Rural de la PNP-Jaén tenía información sobre una protesta que se llevaría a cabo por ronderos en los alrededores del juzgado.
El informe confirmaría que personal policial continúa con reglajes y seguimientos ilegales contra las autoridades jurisdiccionales ronderas e indígenas, y que los informes de inteligencia elaborados contra ellos consignan hechos falsos que ahora están siendo utilizados para trasladar los procesos judiciales a la ciudad de Lima.
Sin duda, ello atenta contra el derecho de defensa de los líderes indígenas implicados en dicho caso, como es Ydelso Hernández, uno de los beneficiarios de la medida cautelar y presidente de la Central Única Nacional de Ronderos del Perú (CUNARC-P).
Emplazamiento al gobierno
El IIDS se pregunta ¿Por qué la Premier Ana Jara niega que el actual gobierno utilice prácticas de espionaje y reglaje para seguir sistemáticamente a los opositores del gobierno?
En todo caso, el Estado debe decir cuáles son los fundamentos legales y medios probatorios que la policía aplica para elaborar informes de inteligencia dirigidos contra las autoridades jurisdiccionales ronderas e indígenas.
Es de resaltar que la CIDH también ha trasladado las denuncias de los líderes indígenas de Cajamarca a la Procuraduría Supranacional para que el Estado dé cuenta de los mismos ante esta instancia internacional.
La Premier dice no contar con información de reglaje y seguimiento pero el Ministerio del Interior y el de Justicia, a través de la Procuraduría Supranacional, sí tienen información sobre las denuncias hechas por los líderes y lideresas indígenas de Cajamarca.
La pregunta es ¿cuántas denuncias más necesita el Gobierno para que cese el reglaje y seguimiento del personal policial contra las autoridades jurisdiccionales ronderas? Tomado de SERVINDI Servicios de Informacion Intercultural
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