Desde el sábado 7 de mayo, cuarentisiete comunidades campesinas Chanka-Yanawara, de las provincias de Grau y Cotabambas, en el departamento de Apurímac, iniciaron un paro indefinido contra el Proyecto Minero Las Bambas: La causa: la falta de diálogo y las denuncias penales interpuestas por la empresa MMG Limited.
Según reportó una nota informativa de la Red Muqui, durante el primer día de paro un grupo de veinte pobladores de la comunidad de Quehuira bloqueó el paso de los vehículos de la empresa minera por el lado de la carretera cercana al territorio comunal.
A través de las redes sociales, los comuneros denunciaron haber sido reprimidos con golpes, disparos al aire y bombas lacrimógenas, aun cuando protestaban de manera pacífica, por un centenar de policías que ingresó por el territorio comunal de Quehuira.
La policía detuvo a tres campesinos a quienes supuestamente se les habría “encontrado” granadas. Para los campesinos se trata de un “sembrado” de pruebas para incriminarlos injustamente.
Uno de los detenidos es Alejandro Huilca Pinares. Otro detenido, es el dirigente Máximo Huilca Yupanqui, quien se encuentra en la comisaría del distrito de Challhuahuacho.
Los comuneros solicitan la inmediata presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.
Mediante un comunicado los comuneros señalan a Walter Vilca, fiscal titular de la Fiscalía de Challhuahuacho, como el responsable de la invasión de su territorio comunal, por parte de las fuerzas policiales y el personal de la empresa minera.
“Haremos prevalecer la intangibilidad del territorio comunal pues no hemos autorizado nada al Estado Peruano para que circulen como quieren y ninguna servidumbre se les ha otorgado por lo que debe respetarse como propiedad privada nuestras tierras”, aseveraron.
En diálogo con RED MUQUI, Américo Quispe, miembro del grupo de dirigentes y representantes Chankas-Yanawara, indicó que el martes 10 de mayo se llevará a cabo una asamblea en la comunidad de Ccasa para definir las próximas acciones de lucha, y recalcó que la protesta se mantiene de manera pacífica.
Para las 47 comunidades, no existe otra salida que suspender las operaciones de Las Bambas ya que la presencia de la minera no ha mejorado en nada la situación de extrema pobreza en su zona de influencia.
Mesa de diálogo con PCM
Américo Quispe, indicó a RED MUQUI que las comunidades no participarán de la mesa de trabajo de Cotabambas, hasta que se admita la presencia de cada uno de los representantes de las cuarentisiete comunidades que conforman la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.
Como se recuerda, el 26 de abril último, el Ejecutivo convocó al sub-eje “Responsabilidad Social Empresarial en la zona de influencia”, lo cual involucra a todas las comunidades comprendidas en esta área.
No obstante, de los representantes de las cuarentisiete comunidades Chanka-Yanawara, solo siete pudieron ingresar a la municipalidad de Coyllurqui donde se llevaba a cabo la reunión.
En respuesta, cientos de comuneros de estas comunidades mostraron su indignación y exigieron que los representantes, del Frente de Defensa y de los alcaldes salieran de la reunión, tras alegar que muchos de ellos no conocen la problemática real de sus comunidades.
Fue así que los siete comuneros representantes del área de influencia se retiraron, mientras que los alcaldes y el Frente de Defensa de Cotabambas se mantuvieron hasta que la suspensión de la reunión, debido a la manifestación espontánea que se dio frente a las puertas.
No obstante, al día siguiente el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, llevó a cabo la reunión de este importante sub-eje que debe revisar los compromisos sociales de MMG Limited con las comunidades.
“Nosotros desmentimos haber firmado alguna acta de reunión con el Ejecutivo y otros dirigentes del frente de Defensa o autoridades. Somos 47 representantes de cada comunidad que se encuentra afectada por Las Bambas. Nos deben convocar a todos”, remarcó Quispe.
Denuncia penal
De otro lado, la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho, a cargo del fiscal Hernán Holguino, ordenó abrir una denuncia preventiva por usurpación agravada, y otros delitos, contra los dirigentes de la Asociación de las 47 Comunidades Campesinas del área de influencia del proyecto Las Bambas.
En la denuncia se señala como demandante a la “Minera Las Bambas S.A.”, cuyo apoderado es Gonzalo García Muñoz Najar. Algunas acusaciones corresponden a delitos contra el patrimonio, así como contra la vida y la salud.
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