El 12 de junio de 2016, en la ciudad de Santander de Quilichao, se han firmado diez actas específicas y una general, entre la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y el gobierno de Juan Manuel Santos, quien en voz de los ministros del interior Juan Fernando Cristo, de Agricultura, Aurelio Iragorri, de Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, así como otros altos funcionarios del ejecutivo, como el viceministro del interior Guillermo Rivera, el viceministro de Energía Carlos Fernando Erazo, la presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Silvana Habib Daza, el director de la unidad para reparación integral de las víctimas Alan Jara, el Viceministro de desarrollo rural Juan Pablo Díaz-Granados, el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, entre otros, acordaron, los siguientes puntos:
Garantías para la Movilización
Un marco general que compromete al gobierno a “brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país”, donde se acuerdan elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes.
En el marco de este acuerdo se establece que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades (…) movilizadas en el territorio nacional”
Dentro del acta 002 se señala además, que “el gobierno nacional se compromete a la creación de una comisión de Alto Nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria”.
Avances para el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios - TCA
En la comisión de territorialidad campesina, en el eje de tierras, territorios y ordenamiento territorial, el acta 005 señala que el gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. Del mismo modo, esta acta señala que el gobierno nacional se compromete a hacer la identificación física y jurídica de las tierras productivas (…) con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra”.
Finalmente, esta acta señala que “el ministerio de agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría <campesino> en el censo nacional” lo cual significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano.
Construcción de apuestas de Paz y autonomías de control social - territorial
En materia de paz, el gobierno se ha comprometido a combatir y judicializar las estructuras paramilitares, proteger a los líderes sociales e impulsar investigaciones efectivas; en segundo lugar, se ha acordado construir un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de paz; en tercer lugar, se avanzó en el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo el reconocimiento similar a las guardias cimarrona y campesina; también se acordó iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el gobierno nacional. En lo referente al estado de los derechos sociales, económicos y culturales, acordamos una ruta para abordar su seguimiento y cumplimiento; se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social.
Se avanza en la construcción de una política pública minero-energética
En materia minero-energética, un muy importante acuerdo es “la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética” para constatar su legalidad o, en su defecto, proceder a su revocatoria; por otro lado, se ha acordado la realización de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, que produzca insumos para una política pública en la materia; se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.
Una novedad y avance en esta jornada de acuerdos, es la ruta acordada para abordar el tema de la relación campo-ciudad, que se iniciará el próximo 17 de junio en reunión entre la Cumbre Agraria y los jefes de cartera del interior, y funcionarios de los ministerios de agricultura, medio ambiente, vivienda y de planeación nacional.
Estas actas dan cuenta de una extensa agenda de reuniones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos incumplidos desde el 2014 y a los nuevos acuerdos de esta jornada de Paro. Siendo quizá la más importante la reunión del próximo 22 de junio en la ciudad de Bogotá entre la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el presidente Juan Manuel Santos, donde se abordará, entre otros temas, el seguimiento a estos acuerdos.
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