PRONUNCIAMIENTO POR UNA LEY DE SEMILLAS PARA CAMPESINOS Y CAMPESINAS ECUADOR

Quito, 3 de mayo de 2017  Las luchas históricas de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas,de pueblos y de nacionalidades permitieron plasmar en la  Constitución de Montecristi (2008) el reconocimiento de la Soberanía       Alimentaria como eje estratégico para el Estado Plurinacional e Intercultural, y objetivo del pago de la “deuda agraria” en el Ecuador. De ahí en adelante, se han dado varias disputas por materializar este mandato constitucional. Uno de los primeros triunfos fue la aprobación de la Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria en el 2009. Dicha normativa se rige por los principios de autodeterminación, solidaridad, participación, interculturalidad y acceso a los factores de producción, para la cual se debía garantizar el acceso al agua, la tierra, la protección de la agrobiodiversidad, la investigación, el diálogo de saberes, la comercialización, acceso a crédito, etc. Esta ley creó la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), como espacio que garantice el cumplimiento de este mandato constitucional. Una gran participación, movilización y procesos de consulta impulsados por las organizaciones indígenas y campesinas, pueblos y nacionalidades en articulación con otras instancias permitieron, desde el 2010, la elaboración de alrededor de nueve propuestas de ley, con el firme objetivo de implementar el Régimen de Soberanía Alimentaria en el país. Sin embargo, los escenarios económicos, los poderes de facto y la decisión política sobre las transformaciones necesarias para el campo, no sólo han estancado los logros alcanzados sino que la apuesta del gobierno ha sido el agronegocio. Tal es así, que en 2014 se aprueba la Ley de Recursos Hídricos y en 2016 la Ley de Tierras. En ambos casos, lo que se garantiza es la propiedad privada, se promueven incentivos para el mejoramiento de la productividad de los predios a través del monocultivo y paquetes tecnológicos y se implementa un acceso a recursos productivos vía mercado, lo cual dificulta enormemente que las agriculturas familiares campesinas e indígenas logren una transferencia efectiva. En mayo de 2017, campesinos y campesinas enfrentarán el nuevo proyecto de Ley de Semillas que consolida el modelo del agronegocio en el Ecuador y sepulta la Soberanía Alimentaria. El contenido de esta propuesta de Ley de Semillas tiene varios puntos conflictivos y problemáticos para los campesinos y las campesinas: 1. Promueve la agricultura sustentable calculada a través de la viabilidad económica de ingresos y egresos que pueden generar las economías agrarias, colocando en los mismos parámetros de medición a la agricultura familiar campesina e indígena frente a los grandes complejos del agronegocio. De esta forma, dicho proyecto reduce la agrobiodiversidad a los recursos fitogenéticos, in-visibilizando el sistema complejo de relaciones entre factores naturales y el ser humano que interviene en la agricultura. 2. Declara que el componente genético es parte de la agrobiodiversidad y el patrimonio del Estado, el cual estará orientado al desarrollo de derechos y al interés social, desplazando a los saberes ancestrales, a los pueblos y nacionalidades como los legítimos herederos de riqueza natural. La capacidad de administración de los recursos fitogenéticos será del Estado. 3. Sobre las semillas “nativas y campesinas” se ejercerá todo tipo de control en la circulación y el uso. Las prácticas comunes de intercambio y almacenamiento de las semillas campesinas serán vigiladas por inspectores fitosanitarios y la fuerza pública (Art. 54 del proyecto de Ley de Semillas). La creación de la Autoridad Agraria Nacional asigna a ésta, la discrecionalidad para autorizar la “libre” circulación de semillas nativas y la cualificación de su calidad. 4. La participación de las campesinas y los campesinos, su articulación y capacidad de incidencia en la determinación de políticas públicas, proyectos y programas, es reducida al Consejo Consultivo de Semillas, cuyas resoluciones y sugerencias pueden ser consideradas o no por la Autoridad Agraria Nacional. Además, elimina a la COPISA bajo el argumento de que ya se han elaborado las leyes necesarias para la Soberanía Alimentaria, desapareciendo así una de las pocas instituciones que promueve la acción activa de las organizaciones indígenas, campesinas y mujeres rurales. Las organizaciones y las personas que adscribimos a este pronunciamiento, hacemos un llamado a la comunidad ecuatoriana y latinoamericana y sostenemos que: a) Toda ley de semillas debe contemplar los siguientes puntos irrenunciables: • Declarar las semillas y los recursos fitogenéticos patrimonio de los pueblos y nacionalidades a servicio de la humanidad. • Fomentar el libre uso y comercialización de las semillas nativas y campesinas. • Ejercer control sobre el uso, comercialización e importación de las semillas certificadas. • Protección de la agrobiodiversidad y de las prácticas ancestrales de producción de alimentos a través de una alimentación sana, segura, nutritiva y soberana. • Mantener al Ecuador como país libre de semillas transgénicas. b) La Soberanía Alimentaria es un derecho que se construye de manera permanente en consonancia con una realidad nacional, regional y global compleja y cambiante. Y si la Soberanía Alimentaria es un objetivo constitucional verdaderamente estratégico, entonces se requiere de una legislación que -lejos de eliminar la entidad a cargo de que la Soberanía Alimentaria tenga prácticas tangibles que trasciendan los discursos políticos-, provea un espacio de diálogo e intercambio permanente entre el Estado y la sociedad civil que la encarna, la cuida y la construye día a día.