A DIEZ AÑOS DEL BAGUAZO ,UN CONFLICTO ESTADO PUEBLOS INDIGENAS POR SOBERANIA DEL TERRITORIO

33 ciudadanos peruanos murieron el 5 de junio del 2009. Durante el gobierno de Alan García, el Ejecutivo emitió decretos legislativos para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Esto provocó la protesta de los pueblos awajún y wampis de la provincia de Bagua (Amazonas), ya que se aprobó una ley forestal sin consulta previa, un derecho indígena reconocido por el Perú en 1995 con la firma del Convenio 169 de la OIT.

Han pasado diez años desde el 'Baguazo', pero aún existen problemas respecto a los derechos de los pueblos indígenas.

“Los trágicos hechos ocurridos en Bagua no deben ser olvidados. Lamentablemente, varias de las condiciones que generaron ese sangriento episodio no han cambiado. Todavía estamos en una situación en la que la falta de respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, genera que sean excluidos de decisiones que afectan sus vidas”, afirma Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Perú.

¿Cómo va la consulta previa?

FOTO: PRESIDENCIA PERÚ / FLICKR

Dos años después del innecesario y sangriento enfrentamiento entre policías e indígenas, Ollanta Humala promulgó la Ley de Consulta Previa en un acto simbólico en Bagua. Ocho años después de la aprobación de esta ley, la situación es la siguiente: hasta el momento, según cifras de la Defensoría del Pueblo, de los 55 pueblos indígenas identificados, 28 de ellos (amazónicos y andinos) han participado de procesos de diálogo o consulta con representantes del Estado.

Sin embargo, el Perú está incumpliendo con realizar consultas a indígenas durante la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión.

"Si bien hasta la fecha se han realizado 45 procesos de consulta previa, ninguno se ha realizado en el marco de la evaluación de los impactos socioambientales que afectan directamente a los pueblos indígenas. Es necesario que el Ejecutivo habilite al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para que integre la consulta previa al proceso de evaluación de los proyectos, conjuntamente con los mecanismos informativos y participativos", señala la Defensoría.

Este órgano autónomo observa también que existen diversos procesos que no han cumplido lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y la ley vigente.

“El problema principal es el momento inadecuado en el que se desarrollan los procesos de diálogo. Se realizan en etapas anteriores a la detección y evaluación de los impactos o en un momento posterior al momento en el que se debe dialogar sobre los cambios que incidirán en la calidad de vida de las comunidades indígenas”, afirma Alicia Abanto, Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría. 

Otro problema señalado por la Defensoría es una directiva del Ministerio de Cultura que "no se sujeta al marco legal y avala la falta de consulta de megaproyectos de inversión vinculados con la infraestructura de servicios públicos".

Al respecto, Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena Aidesepprecisa que la Decimoquinta Disposición Complementaria del Reglamento de la ley "excluye de consulta previa a proyectos considerados como servicios públicos".

"Existe demasiado incumplimiento por parte del Estado”, afirma Cauper. Por ello, explica el dirigente, las organizaciones indígenas han interpuesto demandas judiciales para hacer respetar sus derechos. Un ejemplo es la Federación Acodecospat de Loreto, que presentó una acción de amparo en el 2013 para que se haga consulta previa por el megaproyecto Hidrovía Amazónica, proceso que finalmente se dio en el 2015. Sin embargo, como advierte la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este megaproyecto no garantiza los acuerdos tomados en la consulta. Para corregir esto, las comunidades presentaron, el 29 de mayo pasado, una acción de incumplimiento ante la Corte Superior de Justicia de Lima.

Aidesep considera que es urgente que exista mayor voluntad del Estado para que garantice el derecho a consulta antes de las concesiones extractivas, del EIA y del cierre de los proyectos. Por este y otros problemas, la organización indígena afirma que "es necesario que el Estado renueve su compromiso con la consulta previa".

Por su parte, la Defensoría señala que es necesario mejorar la calidad de los procesos de diálogo "para lograr cada vez mejores acuerdos". De igual manera, afirma, los acuerdos logrados se deben cumplir de manera oportuna.

Lamentablemente, hasta el momento, el Congreso no ha adecuado su reglamento para implementar la consulta previa de las medidas legislativas. Esta es una tarea pendiente desde el año 1995.

Defensores ambientales en peligro

Amnistía Internacional advierte que el Congreso peruano aún no ratifica el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), un tratado firmado por Perú en setiembre del 2018. La ratificación de este acuerdo, afirma la organización, ayudaría a garantizar el respeto de los derechos de los defensores ambientales. Por ello, realiza las siguientes recomendaciones:

- Establecer un Mecanismo Nacional de Protección Integral de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

- Implementar un Registro de Denuncias e Incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y elaborar un reporte sobre situaciones de riesgo, que permita conocer los patrones de ataques.

- Ratificar el Acuerdo de Escazú en el Congreso y avanzar en su implementación.

Las víctimas y los familiares

FOTO: RICARDO PARRA / RADIO MARAÑÓN

Como conmemoración de los diez años de la tragedia en Bagua, la mañana de este 5 de junio, se realizó una liturgia en la llamada 'La curva del diablo', donde asistieron deudos de las comunidades awajún y wampis, así como representantes de otras instituciones. Como informa el periodista Ricardo Parra de Radio Marañón:

"La actividad fue oportuna para que los líderes demandaran justicia y respeto por los derechos de sus comunidades, asimismo para exhortar a todos los peruanos a no olvidar aquel fatídico 5 de junio del 2009, fecha en la cual se dio un derramamiento de sangre".

En este evento, estuvo presente el dirigente Santiago Manuin, quien señaló que hasta la fecha no ha recibido una reparación civil por parte del Estado y que "para que exista una verdadera reconciliación debe de haber un respeto hacia nuestros derechos". Esto en alusión al trato discriminatorio que recibieron por parte del gobierno de García, quien afirmó que no eran ciudadanos de primera clase, según cita el periodista.

Sobre este tema, Amnistía Internacional advierte que el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones para garantizar derecho a la verdad, la justicia y reparación a los familiares de las víctimas del Baguazo.

MINERIA O FUTURO COMUNAL LAS BAMBAS PERU

Se abre el diálogo por el conflicto minero Las Bambas. Pasadas las ocho de la noche, culminó la reunión entre el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana en Lima. La reunión contó con la mediación de monseñor Miguel Cabrejos y se llevó a cabo sin la presencia de ningún representante de la empresa MMG Limited.

Este encuentro se realizó mientras los comuneros de Apurímac llevan 55 días bloqueando la carretera que usa la minera china para trasladar toneladas de minerales. En la zona del fundo Yavi Yavi (Cusco), los campesinos impiden el paso de los camiones que trasladan los recursos extraídos de Las Bambas. Ellos reclaman el pago por el uso dicha vía que está dentro del terreno comunal.

Culminada esta reunión, monseñor Cabrejos precisó que los acuerdos a los que se llegaron solo están referidos al proceso que se ha iniciado este domingo. 

"Hemos pedido que todo se realice sin violencia de ninguna parte, ni de la mina, ni de los comuneros, ni del Gobierno [...] Muchas veces hablamos de aspectos técnicos y financieros, pero olvidamos el aspecto humano, las personas, hay mujeres y niños", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

Cabrejos anunció que el próximo sábado 6 de abril se llevará a cabo otra reunión. El mediador espera que en dicho encuentro sí participe algún representante de la empresa minera, que es la que tanto reclama por sus pérdidas económicas, pero no se hizo presente en la sesión de hoy.

"Si uno de ellos no se sienta a dialogar, poco se puede lograr. Vamos a pedir que la mina manda un representante", dijo el religioso que contó que, antes de iniciada la reunión, la empresa envió una carta diciendo que estaba dispuesta a dialogar, pero no mandó ningún interlocutor.

El representante de la Iglesia Católica señaló que el presidente de la comunidad insistió en que se libere a los asesores legales de la comunidad, detenidos por el presunto delito de extorsión. En este sentido, se acordó pedir al Poder Judicial (PJ)y al Ministerio Público (MP) un debido proceso en el caso de los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo.

Esto fue confirmado por el Jefe del Gabinete Ministerial. 

"[Gregorio Rojas] Insiste en la liberación de sus asesores, pero esto no depende del Ejecutivo, es una decisión del Poder Judicial y del Ministerio Público. Nosotros nos hemos comprometido en hacer una invocación a que se respete el debido proceso, que es una garantía que todo ciudadano merece", dijo del Solar.

El primer ministro explicó que el dirigente comunal viajará a la zona del conflicto para consultar con los comuneros lo conversado en esta primera reunión y volverá, con la respuesta, al segundo encuentro, que se realizará también en Lima.

"Rojas, como presidente de la comunidad, no puede tomar decisiones él mismo, él va a consultar a que se levanten las medidas de fuerza de manera simultánea: si no hay bloqueo de la vía, no habrá estado de emergencia", anunció.

Otro acuerdo que ya se hizo oficial es que el Ejecutivo y la comunidad de Fuerabamba aceptan a la Iglesia Católica y a la Defensoría del Pueblo como mediadoras en este conflicto minero. Sin embargo, aún hace falta la participación de la empresa minera MMG Limited, que es la que usa la carretera motivo de controversia, la que ha sido beneficiada con las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con las que se descartó la construcción de un mineroducto y se prefirió trasladar los recursos minerales por una vía en medio de la comunidad.

Por su parte, el presidente de de Fuerabamba, Gregorio Rojas, se retiró sin brindar declaraciones a la prensa    Tomado de SERVINDI

LA INSURGENCIA INDIGENA DEL BAGUAZO SUSPENDEN INFORME ORAL PERU

  

 

Tras nueve años de ocurridos los lamentables hechos de Bagua, aún no hay justicia definitiva para las víctimas. Debido a que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema solicitó (por 3 votos contra 2) anular la sentencia que absolvía a 53 indígenas y realizar un nuevo juicio, se debía dar un voto dirimente. Para ello, se designó a la juez suprema Iris Pacheco Huancas.

Hoy 27 de diciembre a las 09:00 horas debía realizarse la audiencia, pero a pocas horas de llevarse a cabo, la jueza suprema inhibirse sin especificar las razones por las que no quería seguir el caso "La curva del diablo". Ante ello, se suspendió el informe oral por este caso relacionado a las protestas sociales de las comunidades de la Amazonía ante los decretos que emitió el gobierno de Alan García y que atentaba contra sus derechos como pueblos indígenas.

El abogado Juan José Quispe (Instituto de Defensa Legal) señaló que "en el mejor de los casos se reprogramará, previo dictamen del fiscal supremo, en una fecha posterior a las vacaciones del Poder Judicial del mes de febrero del 2019".

Para el abogado, esto es un trato injusto para los indígenas, que fueron absueltos en la sentencia en cuestión. "La angustia de un nuevo juicio oral se prolonga vertiginosamente y ellos sin saber nada pues es difícil la comunicación telefónica para informales de este extraño apartamiento de una jueza que era clave para el caso", escribió en su Facebook.

En la previa, abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), procesados y autoridades de la Iglesia Católica alertaron que la sentencia del caso Bagua corría peligro. Resaltaron que la Sala que solicitó nuevo juicio estaba conformada por el actual presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros Cornejo.

"No se trata de un juicio común, donde se procesa a delincuentes de alguna organización criminal, sino donde se juzgan a miembros de comunidades indígenas que han sido indebidamente procesados por defender sus territorios, sus tierras y su ecosistema, de una exquisita cultura milenaria, que hablan lenguas distintas al castellano como el awajún y el wampis, cuya cosmovisión solo puede ser entendida a la luz de peritajes antropológicos", explicaron.

Sostuvieron que los magistrados que piden nuevo juicio no están considerando el artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que entre otras cosas "dispone que cuando se impongan sanciones penales contra miembros de comunidades indígenas deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales".

El problema, resaltan, es que los verdaderos responsables de las muertes y lesiones a policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) no han sido identificados ni han sido llevados a juicio.

"Lamentamos que la Fiscalía de Bagua y ahora la Corte Suprema se empecinen en querer sancionar a los detenidos y, por el contrario, no hayan profundizado en llevar a juicio a los verdaderos responsables de las muertes y lesiones de policías de la DINOES, ya que los delitos sí se perpetraron y merecen una sanción penal", dijeron en conferencia de prensa.

En setiembre del 2016, los 53 indígenas que habían estado en la cárcel acusados de ser responsables de la muerte de 12 policías en el Baguazo, fueron absueltos por la justicia peruana, pero, como dijeron los familiares de las víctimas, este caso no puede quedar impune. 

El 5 de junio del 2009, durante el gobierno del aprista Alan García, fallecieron 34 personas, entre policías e indígenas, por el conflicto social provocado por decretos legislativos que, como denunciaron los pueblos awajún y wampis, iban en contra de su derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la OIT

PUEBLOS EN AISLAMIENTO AMAZONIA PERUANA VIVIENDO EN RIESGO PERMANENTE

“La niña estaba mal, con neumonía y no había aparatos para nebulizar”, cuenta un nativo —que prefiere no dar su nombre— que vive en la Reserva Territorial Nahua Nanti Kugapakori y Otros (RTKNN) en la región Ucayali, en Perú. Lo que hicieron de inmediato para tratar de salvarla fue trasladarla de emergencia a Sepahua donde esperaban encontrar una mejor atención médica. No mejoró, tuvieron que llevarla entonces a Atalaya, capital de la provincia del mismo nombre, donde tras un largo recorrido la pequeña de cuatro meses falleció. Este episodio fatal puso en evidencia uno de los problemas que enfrentan los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI): la vulnerabilidad frente a enfermedades y epidemias, así como la falta de una atención de salud diferenciada.

El caso de la pequeña de la etnia Nahua tiene como antecedente un episodio registrado en la misma zona geográfica en los 80, cuando un grupo de madereros ingresó al territorio de los Nahua, los contagió de gripe y tos, y causó la muerte de aproximadamente el 60 % de esta población. Entonces se entendió la necesidad de crear una reserva como ocurrió en 1990, que se convirtió en el 2003 en una reserva territorial y que obtuvo, finalmente, el reconocimiento oficial de los PIACI que viven dentro en el 2014. Hoy la Reserva Territorial Nahua Nanti Kugapakori y Otros (RTKNN) aguarda para dar el siguiente paso: ser reconocida como una reserva indígena.

Pero lo que debería entenderse como un avance es entendido también como una decisión controvertida, pues el artículo 5 de la Ley No. 28736 de los PIACI menciona la posibilidad de aprovechar recursos existentes en esos territorios “por necesidad pública”. Los expertos consultados para este especial resaltan la imprecisión del término, porque sostienen que podría abrir la puerta para que, dado el caso, se impulsen inversiones u otras actividades que afecten a estos territorios. Actualmente en el Perú, existen tres reservas indígenas y dos reservas territoriales en proceso de adecuación.

AL INTERIOR DE LA RESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI, NAHUA, NANTI Y OTROS SE ENCUENTRAN VIVIENDAS TEMPORALES COMO ESTA, HABITADAS POR INDÍGENAS AISLADOS. CRÉDITO: INDEPA.

El caso de los Nahua es un ejemplo que se repite en otros países de la región. Y lo confirma una reciente publicación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) cuando señala, con una mirada regional,  que los PIACi son una “población que se encuentra en una situación crítica de vulnerabilidad” y que está amenazada por “el aumento de la frontera agrícola y de las ciudades en la Amazonía, así como la llegada de nuevas enfermedades a la región frente a las cuales la población urbana también es susceptible”. La OTCA está integrada por ocho países de la Amazonía y trabaja desde el 2011, entre otros temas, en la elaboración de una agenda regional para la protección de los PIACI.

Mongabay Latam ha buscado cuatro casos significativos y actuales en la región amazónica para observar la situación de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial. Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela son los países que forman parte de este especial y los cuatro reportajes preparados ponen en evidencia problemas como: la falta de una atención médica diferenciada, la amenaza de proyectos extractivos, la ausencia de políticas y medidas de protección por parte del Estado, y el riesgo del avance de las actividades ilegales sobre sus territorios.

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Territorios cercados

Un estudio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) calcula que alrededor de 10 000 personas viven en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Esta información, más allá de la dificultad para precisar la cifra, debilita los argumentos de quienes por años han cuestionado la existencia de estos pueblos.

Entre las declaraciones más polémicas está la del Ministerio de Pueblos Indígenas de Venezuela en el 2009, cuando en una comunicación oficial dirigida a la Cancillería del país señaló que “no existen comunidades indígenas catalogadas con este término”. Diversos estudios, sin embargo, basados en reportes de avistamientos o rastros de su ocupación, se han encargado en los últimos años de documentar la existencia de los PIACI.

Y no solo la existencia, sino también las amenazas. El avance de las actividades ilegales y la incursión de bandas criminales en áreas cercanas al territorio de los PIACI es un problema vigente. Como antecedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2006 emitió una medida cautelar en la que le ordenaba al Gobierno de Ecuador proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenane tras las muertes registradas por enfrentamientos con taladores ilegales. Un año más tarde, en el 2007, la CIDH emitió una segunda medida cautelar esta vez para ser atendida por el Estado peruano porque el mismo problema ponía en peligro a los Mashco Piro, Yora (Nahua) y Amahuaca que habitan en la zona del río La Piedras en Madre de Dios.

EN MEDIO DE LA SELVA PERUANA, HABITAN AL MENOS 12 ETNIAS DE INDÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO O CONTACTO INICIAL. PREFIEREN EL NO CONTACTO Y LA AUTODETERMINACIÓN. CRÉDITO: SURVIVAL.

Alexander Alfonso Segura, jefe del Parque Nacional Río Puré en Colombia, narra con preocupación para este especial los riesgos que enfrenta hoy esta área protegida que alberga a los Yurí y los Passé, dos pueblos en aislamiento reconocidos por el Estado. Segura junto a 14 funcionarios tiene la responsabilidad de proteger un millón de hectáreas de bosque de los madereros ilegales, cazadores, las balsas y las dragas. Las mafias criminales, además, precisa el jefe del parque, se pasean a sus anchas por los ríos Putumayo, Caquetá y Puré, para robarse el oro que oculta la Amazonía.

“Las acciones de las autoridades están concentradas solo en el lugar del problema, no se fijan mucho en estos lados”, cuestiona así Segura la falta de vigilancia dentro del parque.

FAMILIA MASHCO PIRO EN LA PLAYA DEL RÍO ALTO MADRE DE DIOS. ATENDER SUS PROBLEMAS DE SALUD ES COMPLICADO DEBIDO A QUE ESTÁN EN AISLAMIENTO. CRÉDITO: FENAMAD.

En Ecuador, el territorio de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane está amenazado por las actividades petroleras. La geógrafa Paola Maldonado, con experiencia en el trabajo con pueblos indígenas en aislamiento, señala en una de las entregas preparadas para este especial que “la zona intangible” es un lunar que “está cercado por la actividad petrolera, la extracción de madera y los proyectos de conectividad”. Y el antropólogo Roberto Narváez reafirma que los intereses petroleros han prevalecido en Ecuador sobre los derechos humanos.

La minería ilegal, las epidemias y la presencia de bandas criminales tiene también cercados a los Hoti, Yanomami y Piaroa en Venezuela. Uno de los casos más emblemáticos y que aborda el reportaje de Venezuela está relacionado al cuestionado decreto que aprueba la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO)por el presidente Nicolás Maduro, 112 000 kilómetros cuadrados destinados a la explotación de minerales como el oro, el coltán y los diamantes, que en la parte extrema oeste toca el hogar de los Hoti. La Organización Indígena Yabarana del Parucito (OIYAPAM) denunció la presencia de mineros que utilizan incluso maquinarias en el territorio que ocupa este pueblo.

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En contacto con enfermedades

La vulnerabilidad de los PIACI frente a las enfermedades y epidemias no es una novedad. Expertos como el Dr. Fernando Mendieta, que tiene experiencia en la atención de estas poblaciones, señaló en un artículo publicado en El País de España que “la única forma de protegerlos efectivamente es garantizando un territorio libre de amenazas externas, pero que sea realmente seguro, fuera de actividades de cualquier tipo dentro de este”. Este es un escenario difícil de asegurar.

La OTCA precisa en el documento que publicó este año que solo dos países, de los ocho que integran la organización, han avanzado en desarrollar acciones para proteger la salud de los PIACI: Brasil y Perú. El último cuenta incluso con una norma y dos guías técnicas para la atención de estos grupos. Sin embargo, como lo mostramos en dos de los informes trabajados para este especial, existen problemas por atender en Venezuela y Perú.

En el caso de Venezuela, se mantiene desde marzo de este año en alerta por un brote de sarampión que pone en peligro la vida de los Yanomamis. Hasta el momento, como la narra el reportaje trabajado para este especial, no se sabe cuántas personas han perdido la vida. Una fuente del Ministerio de Salud (MINSA), que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, le dijo a Mongabay Latam que varios grupos de indígenas en aislamiento les reclamaron a los equipos médicos haber arribado tarde para salvarlos. “Algunas comunidades ya estaban diezmadas”, dijeron.

LOS YANOMAMI SE HAN VISTO DIEZMADOS POR LA RECIENTE EPIDEMIA DE SARAMPIÓN QUE ATACA A VENEZUELA. FOTO: GRUPO DE TRABAJO SOCIOAMBIENTAL DE LA AMAZONÍA WATANIBA.

Las únicas cifras conocidas han sido elaboradas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pero con base a datos levantados en Brasil. Sin embargo, en  junio de este año, señalaron que tenían 280 casos en observación, de los cuales 79 eran de indígenas venezolanos.

En Perú, los Nahua se enfrentan a la contaminación por mercurio. En el 2014, se hallaron altos índices de este metal pesado en la orina de algunos de los habitantes de Serjali. En abril de 2016, el Ministerio de Salud se vio obligado a declarar una emergencia sanitaria y hoy los Nahua denuncian que hasta ahora no les han hecho un estudio de pelo, algo que recomendaba un estudio del MINSA del 2017.

“No tenemos idea de lo que nos pasa, por eso exigimos a las autoridades que actúen”, dice Jader Flores, un nahua que vive en Serjali y que participó en una reunión a fines de noviembre, en la ciudad de Atalaya, en la que expuso la situación frente a otros miembros de su pueblo, investigadores de los PIACI y representantes del Ministerio de Cultura.

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El papel del Estado

De los cuatro países que forman parte de este especial, si hay uno que no tiene normas específicas para garantizar la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial es Venezuela. En este país se reconoce la existencia de tres pueblos indígenas que si bien no permanecen en aislamiento total, “si permanecen en un cierto aislamiento relativo con poco contacto (contacto inicial)”, explica un estudio del Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA),

Este mismo documento señala, además, que sí existen “abundantes disposiciones” que podrían ser aplicadas para la protección de estos grupos, por eso recomiendan “la implementación y el desarrollo de las medidas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes indígenas vigentes, como mecanismo para lograr la supervivencia física y cultural de estos grupos”.

El caso que presentamos en Ecuador es particular porque es una consecuencia de la disolución del Ministerio de Justicia. En noviembre se anunció la transformación de esta institución en la Secretaría de Derechos Humanos. Solicitamos información sobre el futuro de la dirección que atendía los temas de los pueblos en aislamiento, pero no hubo una respuesta concreta sobre cómo desarrollarán en adelante su trabajo. Lo que temen los expertos es el abandono de estos pueblos por parte del Estado.

En Perú, desde el punto de vista legal, el tema que preocupa a los especialistas consultados como la antropóloga Beatriz Huertas es la vulnerabilidad de estos pueblos frente al artículo 5 de la Ley No. 28736 de los PIACI, que como mencionamos al inicio de este artículo, desliza la posibilidad de aprovechar recursos existentes en los territorios de los PIACI “por necesidad pública”