El 10 de marzo del 2015 el Estado peruano y las federaciones indígenas de las cuatro cuencas de Loreto (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón)firmaron un acuerdo con el que se beneficiaría a los segundos ensaneamiento, desarrollo integral intercultural, remediación ambiental y titulación de tierras, entre otros puntos. Ello luego de meses de reuniones y en medio del proceso de diálogo de consulta previa del Lote 192. De hecho, la firma de esa acta -en los ambientes de la Presidencia del Consejo de Ministros- constituyó un hito, pues su cumplimiento favorecería a miles de pobladores de las comunidades nativas de esas zonas.
Saliendo del salón en el que se llevó a cabo el protocolo, Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), que agrupa a más de 50 comunidades nativas de la cuenca del río Marañón (15 mil pobladores aproximadamente), declaró a LaMula.pe: “Este acuerdo es muy importante, pero también sabemos que mientras no haya implementación no podemos quedarnos satisfechos. La implementación del acta es fundamental, el Estado debe cumplir con su compromiso. Queremos que se cumpla todo, con puntos y comas".
Un año después, el 30 de marzo pasado, las federaciones enviaron una carta a la exministra de Energía y Minas Rosa María Ortiz en la que le manifestaron su preocupación por los pocos avances en la implementación de los compromisos. En mayo, durante la campaña electoral por la segunda vuelta, hicieron llegar otro documento al exmandatario Ollanta Humala en la que le exigían que solucionara esta demora, a pocas semanas de que terminara su gestión. Finalmente, el gobernante y los ministros involucrados en este tema terminaron sus funciones. Y el acta firmada tiene puntos pendientes.
Por ello y con el temor de que queden no sólo inconclusas, sino también olvidadas, los apus de Loreto se reunieron -brevemente, antes de la toma de mando- con Pedro Pablo Kuczynski para explicarle todo lo ocurrido y solicitarle que atienda los compromisos.
CARLOS SANDI, DE FECONACO, ENTREGA A PPK UN DOCUMENTO CON LOS PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA DE MARZO DEL 2015. FOTO: FECONACO
"El presidente nos ha expresado su buena voluntad. Sólo nos queda esperar, darle un tiempo y volver a reunirnos con las nuevas autoridades. Le hemos dicho que estaremos vigilantes de los acuerdos", dice aLaMula.pe Aurelio Chino Dahua, apu de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).
Chino le insistió a Kuczynski que debe respetar los procesos de consulta. Y es que por lo visto durante la campaña electoral le preocupa la poca atención dada a este tema. Le pidió al gobernante un pronunciamiento claro al respecto.
Por su parte, el apu López le recordó que los procesos de diálogo enseñaron al Estado a relacionarse con los pueblos indígenas, aunque con muchas deficiencias, por lo que esperan un Estado capaz de responder de manera urgente a la situación de contaminación, así como a la titulación de las comunidades.
En tanto, Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), le recordó que el Estado tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, por lo que el nuevo gobierno debe cumplir con los acuerdos pendientes en las mesas de diálogo. También le reiteró que no están en contra de la explotación petrolera, pero no quieren empresas irrespetuosas con los derechos indígenas y el medio ambiente amazónico. El apu le entregó la agenda pendiente y PPK se comprometió a revisarla.
Hicieron lo mismo con los ministros de Cultura y Agricultura, Jorge Nieto y José Manuel Hernández, respectivamente, antes de que se instalen en sus despachos. De hecho, sólo fueron escuchados porque ninguno está demasiado al tanto de los detalles de lo acordado.
Los nuevos funcionarios se mostraron dialogantes. Nieto ofreció hacerse cargo de reiniciar el diálogo de las cuatro cuencas con respecto a las demandas pendientes y las que ya se han acordado. "Le hemos dicho que es necesario un Ministerio de Cultura con más fuerza para tomar decisiones, que sea respetuoso con las comunidades y los pueblos indígenas, para que no se repitan las situaciones como la consulta previa del Lote 192, que fue un fraude", subraya Chino.
En tanto, con Hernández se habló de la titulación de las comunidades y del fondo que se está transfiriendo al gobierno regional de Loreto para ello. "Le explicamos que existe un acuerdo de titulación con el gobierno regional. Que existen los fondos y se han empezado a hacer las transferencias al gobierno regional para que se desarrolle este plan de titulación, pero que uno de los problemas principales es que no se está considerando la titulación de las áreas bajo servidumbre que les corresponden a las comunidades", cuenta a LaMula.pe la investigadora especialista en temas amazónicos Frederica Barclay, quien estuvo presente en la breve reunión.
También se charló con él sobre el problema de la servidumbre. A Hernández le pareció conveniente involucrar en el seguimiento de la mesa de diálogo a la Superintendencia de Bienes Nacionales, que lleva el registro de las servidumbres. Cabe recordar -anota Barclay- que en el Lote 192 la servidumbre asociada al antiguo lote ya no está en vigencia, y que se trata de tierras que son de posesión ancestral y que eran de los pueblos indígenas antes de la servidumbre, en el 2006.
En este punto, los apus están pidiendo a la Defensoría del Pueblo que interceda también y que oriente a las autoridades del gobierno regional sobre cómo proceder en el caso de la servidumbre.
La agenda pendiente
Los apus reconocen que no se está en cero, pero cuestionan la lentitud de lo hecho por el Estado. En su última reunión (14 de julio) de evaluación de cumplimientos con funcionarios públicos concluyeron que había muy poco o casi nada nuevo. Hasta el momento, el sector que más ha avanzado es el de Vivienda.
Así, lo no cumplido por el gobierno anterior queda en manos del que acaba de iniciar. Temas como la remediación ambiental en los territorios contaminados por hidrocarburos de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón (allí operan los lotes 192 y 8) y el aumento del capital inicial del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental (Ley 30321) de S/50 millones, son fundamentales.
Y es que lo primero se estanca debido a la burocracia estatal. Lo segundo es un monto insuficiente para atender la contaminación petrolera en estos territorios. Es más, de acuerdo con un estudio de la ONG Etech International, la remediación ambiental costaría casi US$1,000 millones.
Otro problema serio -como indica un reporte de Observatorio Petrolero- se da en el sector salud, en el que hay un compromiso de implementar un Plan de Salud de S/10 millones para la atención en las comunidades. Respecto a este plan, responsabilidad del Gobierno Regional de Loreto, los apus han denunciado cero transparencia en el uso de fondos, ninguna coordinación y una ejecución llena de sospechas(Tomado de la Mula.pe)
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