domingo, 7 de julio de 2019

COMUNIDADES NATIVAS DE LA AMAZONIA PERUANA AFECTADAS POR DERRAME DE PETROLEO

. El derrame de petróleo ocurrido en la comunidad de Nuevo Progreso, en la región amazónica de Loreto, continúa sin resolverse. A casi dos semanas del hecho, las acciones para detener el avance del crudo no se han concretado debido, principalmente, a un conflicto surgido entre la población afectada y Petroperú, la empresa estatal responsable del ducto que transporta el combustible.
Por el contrario, el gobierno peruano se ha visto en la necesidad de declarar en emergencia sanitaria las comunidades nativas del distrito de Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón, afectadas por el derrame, debido al “elevado riesgo de consumo de agua contaminada”, señala el Decreto Supremo publicado el domingo 30 de junio. 
“El derrame del crudo está avanzando y ya ha llegado al río Marañón. El domingo estaba a la altura de la comunidad Ugarte y ahora ya debe estar por San Lorenzo”, dijo Marcial Mudarra, vicepresidente de Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI). El líder indígena explica que San Lorenzo, capital de Datem del Marañón, se encuentra aproximadamente a tres horas de donde ocurrió la ruptura del ducto.

Ríos en emergencia 

Según el decreto supremo publicado por el gobierno peruano, el derrame del crudo representa un peligro para por lo menos 1000 familias que viven en las comunidades nativas ubicadas en los márgenes de las quebradas de los ríos Numpagkaim y Saramiriza, en Datem del Marañón.
El documento especifica que la presencia del combustible en los ríos mencionados, así como su desplazamiento hasta el río Marañón, “constituye un elevado riesgo epidemiológico para la salud y la vida de la población indígena que se abastece de agua para el consumo humano, así como de los peces, alimento principal de estas familias”.
El representante de CORPI menciona que las comunidades más afectadas son Alianza y Nuevo Progreso, por tanto, solicitan se les brinde agua y alimentos pues el crudo ha alcanzado el río Saramiriza —afluente del río Marañón— del que se abastecen directamente. “Los jefes de las comunidades solicitan a PetroPerú que cierre las válvulas para que deje de fluir el petróleo. Las grapas de reparación que han colocado no han detenido la fuga”.



Mudarra también indicó que ya se han presentado casos de intoxicación por lo que solicitan a las autoridades regionales y nacionales que acudan a la zona para atender a la población. “Estamos pidiendo que el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, llegue a San Lorenzo para establecer el diálogo y solucionar el problema”.
Tony Mori Vargas, responsable de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto manifestó su preocupación por las consecuencias en el medio ambiente de la presencia de petróleo en el río Marañón.
Mori menciona que el Marañón es uno de los principales tributarios del Amazonas, por tanto, la presencia de petróleo en sus aguas podría afectar el complejo de humedales del Abanico del Pastaza y la Reserva Nacional Pacaya Samiria, dos grandes zonas de humedales que se abastecen con agua del Marañón. “Si no hay una buena contención de este derrame a tiempo, el daño puede ser muy grande, porque la zona más baja de Loreto es donde se concentra la mayor cantidad de agua corresponde a estos sitios Ramsar”.
Conflicto ante derrame de petróleo 
El 19 de junio, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó sobre el derrame de petróleo ocurrido un día antes en el kilómetro 237 del ramal norte del Oleoducto Norperuano (ONP), en la comunidad nativa Nuevo Progreso.
OEFA informó también que sus supervisores ingresaron a la zona para verificar la posible causa de la emergencia ambiental y el impacto generado, así como el plan de contingencia de Petroperú y las acciones de contención y limpieza de la zona afectada.
Por su parte, la empresa estatal Petroperú, encargada de la explotación y traslado del crudo proveniente de la Amazonía peruana, informó que el ducto “había sido objeto de un acto delincuencial que ocasionó el derrame de petróleo”.

Según un comunicado de la empresa, el hecho fue detectado el 18 de junio por personal que patrullaba la zona y “activó inmediatamente su plan de contingencia, procediendo a cerrar la válvula y desplazando personal, herramientas y equipos a la zona”.
Sin embargo —señala el mismo comunicado— las autoridades y pobladores de la comunidad nativa Nuevo Progreso no permitieron el ingreso del personal que llegó para realizar los trabajos de contención.
Una semana después de ocurrido el incidente, la empresa estatal informó que “retiró a sus trabajadores de la zona afectada para salvaguardar su seguridad e integridad, luego que autoridades y pobladores de la comunidad de Jerusalén y Nuevo Progreso, retuvieran ilegalmente y agredieran físicamente a una comisión de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, la empresa y la Policía Nacional”.

RÚ.

Petroperú señaló que la población removió las barreras de contención que se colocaron en la quebrada Saramiriza, situación que generó que el crudo continúe expandiéndose y pueda impactar al río Marañón. Según la empresa, la población condiciona la remediación del derrame al cumplimiento de ciertas exigencias como la contratación de una empresa local y el pago de jornales elevados.
El líder indígena Marcial Mudarra señaló que las comunidades no se oponen a la remediación del derrame de petróleo. El problema —agregó— se debe a que no se les informó cuando ocurrió el vertido y se vieron sorprendidos por la presencia del personal de la empresa.
“Aún no sabemos cuánto petróleo se ha derramado y no se inician los trabajos para limpiar la zona. La contaminación ha llegado a los ríos”, cuenta Romel Babilonia Acosta, gerente subregional de Datem del Marañón, quien visitó la comunidad Nuevo Progreso.
Babilonia también comentó que Petroperú ha colocado grapas en la tubería para detener la fuga del combustible, sin embargo, las lluvias están ocasionando que el petróleo se expanda con mayor rapidez hacia los ríos. “Los animales silvestres toman agua del río, las plantas en la riberas también están afectadas. Y falta agua para el consumo de la población”.                                           
 Un diálogo pendiente
Ruth Buendía, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), adelantó a Mongabay Latam que las federaciones indígenas analizan iniciar este viernes 5 de julio un paro indefinido en protesta por los problemas que ocasiona la explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana.
Buendía señaló que el jueves 27 de junio se tenía programada una reunión entre 54 federaciones indígenas y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para evaluar los avances en el cumplimiento del monitoreo y compromisos para las comunidades nativas de las provincias de Loreto, Datem del Marañón y Requena, afectadas por la actividad petrolera. El encuentro no se concretó.

REPRESENTANTES DE 54 FEDERACIONES INDÍGENAS SE REUNIERON EN SAN LORENZO. FOTO: ORPIO.

La lideresa indígena detalló que la comisión del gobierno que llegó hasta San Lorenzo —ciudad donde se debía realizar el encuentro— no acudió al local que los indígenas habían reservado para la cita. “Los hermanos indígenas están indignados y se sienten burlados. Creemos que los ministros que llegaron a Loreto no tenían ninguna propuesta para responder a la población afectada por la actividad petrolera”. Buendía agregó que el último derrame de petróleo se suma a los incidentes ocasionados por la explotación de petróleo en la Amazonía peruana.
Mediante un comunicado la PCM manifestó la voluntad del Ejecutivo al diálogo con los representantes de las cinco cuencas afectadas por las actividades petroleras. No obstante, indicó que la reunión no se concretó porque las federaciones indígenas hicieron un cambio en la ubicación y las condiciones de la reunión

viernes, 28 de junio de 2019

LA CONSULTA PREVIA RESPETO A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA


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Han pasado diez años desde que explosionó el “Baguazo”, conflicto socioambiental que ocasionó la muerte de más de 30 personas y más de 200 heridos, entre policías, indígenas y población local cerca de la provincia de Bagua Grande, región Amazonas. La Defensoría del Pueblo atribuye el origen de esta tragedia a unos decretos legislativos que el segundo gobierno aprista exigió al Congreso de la República para evitar dialogar con las comunidades sobre los proyectos extractivos en sus territorios. De esta manera se pretendía proceder con los mismos sin ‘dificultad alguna’. 
Si bien existe una maduración en la sociedad peruana sobre lo fatal que resulta no informar ni consultar a las comunidades nativas (amazónicas) y campesinas sobre lo que se planea realizar en sus territorios comunales, aún el Estado peruano no ha terminado de comprender.
La Defensoría del Pueblo acaba de revelar que desde la reglamentación en el 2013 de la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios”, se han desarrollado 45 procesos de consulta previa, con información actualizada al 4 de junio de este año. Sin embargo, en ninguno de estos casos se ha consultado algún tipo de estudio de impacto ambiental (EIA) de proyectos relacionados con los sectores hidrocarburos (petróleo) ni minería.
Los datos de la Defensoría del Pueblo son correctos. Son datos del Ministerio de Cultura. Este es el ente técnico encargado de la implementación de los procesos de consulta previa, pero no lleva a cabo los procesos. Tanto la ley como el reglamento establecen que son las propias entidades del Estado las que están en obligación de señalar cuáles son las medidas”, señala a La Mula el director de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura (Mincul), Gustavo Zambrano.
Son 16 procesos de consulta previa en proyectos en minería y 11 procesos con lotes de hidrocarburos los que se han desarrollado hasta el momento, confirmaron los datos del Mincul. Sin embargo, en ninguno de ellos se ha consultado el EIA.
¿Esto podría abrir la puerta a nuevos ‘baguazos´? En la opinión de la adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, por supuesto que sí significa una apertura a nuevos conflictos.

LA FALTA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL OCASIONÓ EL "BAGUAZO", SEGÚN DEFENSORÍA. FOTO: INTERNET/DIFUSIÓN


¿Por qué no consultar durante el EIA origina conflictos?

Según la experta, el EIA define cómo será el proyecto extractivo que se ejecutará en el territorio comunal. “(Detalla) cómo se mitigan sus impactos negativos y cómo se maximizan sus impactos positivos. (…) En ningún caso se da la consulta previa durante el EIA. (…) El momento para dialogar con la población indígena sobre ciertos aspectos del proyecto es durante el EIA porque una vez que se le aprobó se pierde un proceso de búsqueda de acuerdos. Como (la consulta previa) es crucial, hay una tendencia ahora a debilitarlo”, explica.
Si bien no se han realizado los procesos de consulta previa durante el EIA, esto no ha impedido que los proyectos extractivos se ejecuten. De acuerdo con el análisis que realizó el Oficial del Programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam en Perú, Miguel Lévano el “72% de los procesos de consulta que se han dado responden al sector de energía y minas”.
En 2015 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se adjudicó el poder, bajo una norma sectorial, de dirigir los procesos de consulta previa en proyectos extractivos como los de los sectores hidrocarburos y mineroenergético. Gracias a esa facultad, el MEM ha ‘consultado’ proyectos extractivos, pero en momentos particularmente especiales.
“De esos 45 (procesos de consulta previa) hay algunos que son de minería e hidrocarburos, pero son de los procesos que se hacen de manera muy anticipada al EIA o se hacen después del EIA”, detalla Abanto. Esto fue comprobado por Naciones Unidas, luego que realizó una visita al Perú entre el 10 al 19 de julio.
En su “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, la misión señala en una de sus conclusiones que “(los procesos de consulta) se lleven a cabo en todas las fases de la adopción de decisiones que puedan afectarles, de conformidad con las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, en particular en lo que respecta a su consentimiento libre, previo e informado”.
Además, agrega que se “cree un órgano o institución específica que se encargue de llevar a cabo las consultas con los pueblos indígenas, que sea independiente del ministerio responsable de otorgar las concesiones o de controlar las empresas estatales implicadas”.

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS VEN EN LA CONSULTA DEL EIA UNA OPORTUNIDAD PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE SUS TERRITORIOS. FOTO: ANDINA.

¿Quién debería dirigir el proceso de consulta previa?

De acuerdo con la posición de la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), adscrito al Ministerio del Ambiente, debe ser el organismo que dirija los procesos de consulta previa en caso de proyectos extractivos como los petroleros y los mineros. De esta manera podrá ejecutar los procesos de consulta previa durante el desarrollo de los estudios de impacto ambiental sin problema.
“Es vital que los ministerios habiliten por decreto supremo a Senace para que pueda hacer la consulta previa durante el estudio de impacto ambiental. El Minam puede habilitar el decreto, pero necesita el apoyo del resto de ministerios (Cultura, Economía, Energía y Minas y otros)”, subraya Abanto.
Para Lévano, el que Senace obtenga esa facultad es complicado. “Como el sector minero es el más importante, define sus procedimientos para hidrocarburos, minería y energía”, anota.
Por su parte, Zambrano del Mincul señala que “la posición que establece la Defensoría del Pueblo es una propuesta, que como otras, están en proceso de evaluación. (…). Hay que evaluar con más tranquilidad. No es tan blanco y negro. Estamos viendo con mayor detalle escenarios y posibilidades. Aún falta mucho por revisar”.
Según Abanto, existe desde el Ejecutivo existe una gran dificultad en delegar la responsabilidad de la consulta previa al Senace porque “el ministerio (de Energía y Minas) quiere tener la consulta previa en su poder. Porque los tomadores de decisión le tienen miedo al diálogo porque eso implica que no podrán hacer todo lo que quieran”.                  Las comunidades nativas responden                                   conversando con Raúl Lunasco, asesor legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), sobre la posición de las comunidades nativas respecto al no cumplimiento del derecho a la consulta previa durante los estudios de impacto ambiental: “En el Perú tenemos una práctica de ocultar datos y, después en el camino, subsanarlos. Eso pasa con la extracción de recursos naturales. Es una clara vulneración al proceso de consulta previa, es un atentado a la buena fe, que es un pilar fundamental para los pueblos indígenas”.
Además, afirmó que el que no se respete la consulta previa hasta el momento sí tiene que ver con lo que pasó hace 10 años atrás en Bagua (Amazonas). "Encontramos cierta resistencia en el Ejecutivo en cuanto a implementar la consulta previa porque hay un tema de intereses involucrados que afectan a los pueblos indígenas. Pasó en el Baguazo y pasa hasta ahora”, resalta

jueves, 13 de junio de 2019

A DIEZ AÑOS DEL BAGUAZO ,UN CONFLICTO ESTADO PUEBLOS INDIGENAS POR SOBERANIA DEL TERRITORIO




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33 ciudadanos peruanos murieron el 5 de junio del 2009. Durante el gobierno de Alan García, el Ejecutivo emitió decretos legislativos para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Esto provocó la protesta de los pueblos awajún y wampis de la provincia de Bagua (Amazonas), ya que se aprobó una ley forestal sin consulta previa, un derecho indígena reconocido por el Perú en 1995 con la firma del Convenio 169 de la OIT.
Han pasado diez años desde el 'Baguazo', pero aún existen problemas respecto a los derechos de los pueblos indígenas.
“Los trágicos hechos ocurridos en Bagua no deben ser olvidados. Lamentablemente, varias de las condiciones que generaron ese sangriento episodio no han cambiado. Todavía estamos en una situación en la que la falta de respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, genera que sean excluidos de decisiones que afectan sus vidas”, afirma Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Perú.

¿Cómo va la consulta previa?



FOTO: PRESIDENCIA PERÚ / FLICKR

Dos años después del innecesario y sangriento enfrentamiento entre policías e indígenas, Ollanta Humala promulgó la Ley de Consulta Previa en un acto simbólico en Bagua. Ocho años después de la aprobación de esta ley, la situación es la siguiente: hasta el momento, según cifras de la Defensoría del Pueblo, de los 55 pueblos indígenas identificados, 28 de ellos (amazónicos y andinos) han participado de procesos de diálogo o consulta con representantes del Estado.
Sin embargo, el Perú está incumpliendo con realizar consultas a indígenas durante la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión.
"Si bien hasta la fecha se han realizado 45 procesos de consulta previa, ninguno se ha realizado en el marco de la evaluación de los impactos socioambientales que afectan directamente a los pueblos indígenas. Es necesario que el Ejecutivo habilite al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para que integre la consulta previa al proceso de evaluación de los proyectos, conjuntamente con los mecanismos informativos y participativos", señala la Defensoría.
Este órgano autónomo observa también que existen diversos procesos que no han cumplido lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y la ley vigente.
“El problema principal es el momento inadecuado en el que se desarrollan los procesos de diálogo. Se realizan en etapas anteriores a la detección y evaluación de los impactos o en un momento posterior al momento en el que se debe dialogar sobre los cambios que incidirán en la calidad de vida de las comunidades indígenas”, afirma Alicia Abanto, Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría. 
Otro problema señalado por la Defensoría es una directiva del Ministerio de Cultura que "no se sujeta al marco legal y avala la falta de consulta de megaproyectos de inversión vinculados con la infraestructura de servicios públicos".
Al respecto, Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena Aidesepprecisa que la Decimoquinta Disposición Complementaria del Reglamento de la ley "excluye de consulta previa a proyectos considerados como servicios públicos".
"Existe demasiado incumplimiento por parte del Estado”, afirma Cauper. Por ello, explica el dirigente, las organizaciones indígenas han interpuesto demandas judiciales para hacer respetar sus derechos. Un ejemplo es la Federación Acodecospat de Loreto, que presentó una acción de amparo en el 2013 para que se haga consulta previa por el megaproyecto Hidrovía Amazónica, proceso que finalmente se dio en el 2015. Sin embargo, como advierte la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este megaproyecto no garantiza los acuerdos tomados en la consulta. Para corregir esto, las comunidades presentaron, el 29 de mayo pasado, una acción de incumplimiento ante la Corte Superior de Justicia de Lima.
Aidesep considera que es urgente que exista mayor voluntad del Estado para que garantice el derecho a consulta antes de las concesiones extractivas, del EIA y del cierre de los proyectos. Por este y otros problemas, la organización indígena afirma que "es necesario que el Estado renueve su compromiso con la consulta previa".
Por su parte, la Defensoría señala que es necesario mejorar la calidad de los procesos de diálogo "para lograr cada vez mejores acuerdos". De igual manera, afirma, los acuerdos logrados se deben cumplir de manera oportuna.
Lamentablemente, hasta el momento, el Congreso no ha adecuado su reglamento para implementar la consulta previa de las medidas legislativas. Esta es una tarea pendiente desde el año 1995.

Defensores ambientales en peligro




Amnistía Internacional advierte que el Congreso peruano aún no ratifica el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), un tratado firmado por Perú en setiembre del 2018. La ratificación de este acuerdo, afirma la organización, ayudaría a garantizar el respeto de los derechos de los defensores ambientales. Por ello, realiza las siguientes recomendaciones:
- Establecer un Mecanismo Nacional de Protección Integral de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
- Implementar un Registro de Denuncias e Incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y elaborar un reporte sobre situaciones de riesgo, que permita conocer los patrones de ataques.
- Ratificar el Acuerdo de Escazú en el Congreso y avanzar en su implementación.

Las víctimas y los familiares



FOTO: RICARDO PARRA / RADIO MARAÑÓN

Como conmemoración de los diez años de la tragedia en Bagua, la mañana de este 5 de junio, se realizó una liturgia en la llamada 'La curva del diablo', donde asistieron deudos de las comunidades awajún y wampis, así como representantes de otras instituciones. Como informa el periodista Ricardo Parra de Radio Marañón:
"La actividad fue oportuna para que los líderes demandaran justicia y respeto por los derechos de sus comunidades, asimismo para exhortar a todos los peruanos a no olvidar aquel fatídico 5 de junio del 2009, fecha en la cual se dio un derramamiento de sangre".
En este evento, estuvo presente el dirigente Santiago Manuin, quien señaló que hasta la fecha no ha recibido una reparación civil por parte del Estado y que "para que exista una verdadera reconciliación debe de haber un respeto hacia nuestros derechos". Esto en alusión al trato discriminatorio que recibieron por parte del gobierno de García, quien afirmó que no eran ciudadanos de primera clase, según cita el periodista.
Sobre este tema, Amnistía Internacional advierte que el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones para garantizar derecho a la verdad, la justicia y reparación a los familiares de las víctimas del Baguazo.