Carta abierta de Hugo Blanco al Gobierno del Perú
Ante las preocupantes noticias que me llegan desde Perú sobre el
conflicto de Conga, me siento en la obligación moral de enviar esta
carta abierta al Gobierno.
Hace poco, tuve el honor de presidir la Misión Internacional de
Observación que dio seguimiento a la Gran Marcha Nacional por el
Derecho al Agua en Perú. Tanto el informe general, como los informes
técnicos, que fueron publicados en su momento, recogieron nuestras
valoraciones y recomendaciones sobre los graves conflictos que
motivaron dicha Marcha, y muy particularmente sobre el conflicto de
Conga. Me apena profundamente constatar que, al menos hasta la fecha,
su Gobierno, no sólo haya ignorado estos informes, sino que parezca
decidido a imponer de forma autoritaria la realizacióndel citado
proyecto, en lugar de abrir ese Gran Diálogo Nacional por el Derecho
Humano al Agua, que desde la Comisión recomendamos.
Tal y como constatan nuestros informes, resulta evidente que existe
una firme oposición al proyecto de Conga, tanto a nivel social como
institucional. Una oposición que está sólidamente argumentadasobre el
desastre socio-ambiental que ha supuesto la minería a cielo abierto en
la región durante las dos últimas décadas, y por los informes técnicos
que la Comisión avaló.
Tal y como demuestran los informes técnicos del Ingeniero Robert Morán
y del Doctor en hidrogeología D. Javier Lambán, el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA)de Conga, que hizo la empresa Yanacocha, no reúne las
mínimas condiciones de referencia a nivel internacional para ser
considerado válido. El hecho de que su propio Gobierno haya reconocido
lo que el Doctor Lambán certifica – que en el EIA no existe
propiamente un estudio hidrogeológico – sería suficiente para que
cualquier tribunal lo invalidara.
En el informe económico-financiero, que yo mismo coordiné, insistí en
que caracterizar al Perú como un “país minero” constituye un grave
error estratégico, pues equivale a considerarlo como un país con fecha
de caducidad. Sin embargo, la minería apenas representa el 5% del
Producto Interior Bruto y poco más del 1% del trabajo de la población
activa. Afortunadamente, Perú es un gran país, rico por su diversidad
en todos los sentidos, y particularmente por su diversidad productiva,
cultural y biológica. Es fundamental escuchar y dialogar con esa
abrumadora mayoría de peruanos y peruanas que, ni son mineros, ni
quieren serlo. Y no para cerrar la minería, que sin duda puede y debe
aportar al país riquezas que deben aprovecharse, sino para diseñar un
futuro de consenso en el que el sector minero no aplaste e hipoteque
para siempre la salud y la vitalidad del país, como ya ha ocurrido, de
hecho, en multitud de cuencas, tanto en Cajamarca como en otras
regiones, con la destrucción de lagunas, acuíferos y humedales, y los
miles de pasivos ambientales que contaminan las cabeceras fluviales.
Pero, más allá de estos argumentos, me preocupa el riesgo de que se
quiebre la esperanza política de millones de peruanos, y muy
particularmente en regiones como Cajamarca, que depositaron su
esperanza en el Presidente Humala; porque ello pondría en peligro, una
vez más, la democracia en Perú. Me preocupa que el escrupuloso respeto
al derecho de manifestación que el Gobierno mantuvo durante la
impresionante Marcha Nacional del Agua, y el riguroso carácter
no-violento que las Rondas Campesinas y los organizadores
garantizaron, se quiebre ahora por una aplicación equivocada del
“Principio de Autoridad”. Las detenciones y amenazas sobre dirigentes
sociales, como el Padre Marco Arana, y el despliegue masivo del
ejército y la policía en la Región de Cajamarca me hacen temer lo
peor. Si el Gobierno desata la violencia, en lugar de perseverar en el
diálogo, no tengo duda de que todos, incluido el propio Gobierno, lo
lamentaremos
No hay comentarios:
Publicar un comentario