jueves, 21 de enero de 2021



Pablo Macera: Perspectivas sobre la Independencia del Perú

 

 

El 9 de enero de 2020 falleció uno de los historiadores más importantes del Perú: Pablo Macera Dall'Orso, nacido en Huacho, al norte de Lima, el 19 de diciembre de 1929.

En esta ocasión compartimos el comentario de Macera con motivo del libro editado por el historiador Heraclio Bonilla "La independencia en el Perú", publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y Campodónico Editores, en Lima, en 1972.

El comentario de Macera fue publicado originalmente en Textual. Revista de Artes y Letras, N° 4 (junio1972), pp. 78-79 y reproducido por el portal Reserva Crítica, un espacio dedicado a fomentar el debate en la academia latinoamericana mediante la reseña de libros y artículos sobre arqueología e historia

Pablo Macera. Nueva perspectiva: Heraclio Bonilla “La Independencia en el Perú

 

Después de la reciente contaminación ambiental producida por el Sesquicentenario de la Independencia (1821-1971), debemos agradecer que Heraclio Bonilla traiga voces diferentes y perturbadoras para interrumpir esa celebración. Al hacerlo, no ha escogido unilateralmente. Están de hecho representados en su antología los más diferentes países, especializaciones y escuelas. La historiografía europea y norteamericana (Chaunu, Hobsbawm, Vilar, Spalding); al lado de científicos sociales sudamericanos (Halperin, Bonilla); historiadores de la historia, económica o de la historia social. Todos partidarios de la historia global; marxistas (Hobsbawm, Vilar) al igual que conservadores lúcidos y moderados (Chaunu). Apenas si dejamos sentir algunos nombres (Griffin, Rowe)*, cuya omisión está plenamente justificada por las limitaciones editoriales. Desde luego que esa diversidad y la alta calificación de los autores coleccionados no aseguran de por sí el establecimiento de una verdad histórica. Bien sabemos que tales verdades no son verdades plebiscitarias, sujetas a voto de mayoría o a una ley que sustraiga errores y disensiones para consolidar la vacuidad de un mínimo común denominador. Menos aún depende el conocimiento histórico de la autoridad personal. La historia como destinada a la conciencia crítica de un grupo social es siempre la ciencia combativa de una confrontación dialéctica. Así lo han entendido Bonilla y sus colaboradores, al punto que todas sus afirmaciones son preguntas. Este libro no es pues el testimonio de una falsa y dogmática unanimidad. De allí su pertinencia en el Perú, pues nuestra historiografía ha sido durante los últimos veinte años (salvo excepciones como. L. E. Valcárcel, Porras y Basadre) una «conversación de familia» que sólo admitía a quienes pensaban -o no pensaban- lo mismo sobre nada.

nuestra historiografía ha sido durante los últimos veinte años (salvo excepciones como. L. E. Valcárcel, Porras y Basadre) una «conversación de familia»

 

Ya sabemos cuáles son los peligros de tales relaciones endogámicas. Aplicadas al estudio de la Independencia de América han evitado el cuestionamiento de su imagen oficial y consolidado una ideología nacionalista criolla que a pesar de haber nacido de una revolución es definitivamente ahora, ciento cincuenta años más tarde, una ideología conservadora obsesionada por el miedo a una segunda revolución, la socialista. La gran paradoja ética e intelectual de la historiografía peruana sobre la Independencia (que fue un proceso revolucionario) consiste en que ha sido escrita por contrarrevolucionarios que de haber vivido entonces habrían combatido en Ayacucho bajo las banderas del Virrey La Serna. Esos historiadores, al igual que todos los oficialismos, quieren legitimar el actual orden constituido valiéndose de hombres que en su tiempo fueron enemigos del orden constituido. Túpac Amaru, Bolívar, Melgar eran -no hay que olvidarlo- hombres fuera de la ley, agitadores sociales, jefes de movimientos subversivos, «izquierdistas utópicos». Están más cerca de Che Guevara, Puente Uceda y Lobatón que de cualquier coronel contra insurgente de algunos de los ejércitos regulares sudamericanos.

La gran paradoja ética e intelectual de la historiografía peruana sobre la Independencia (que fue un proceso revolucionario) consiste en que ha sido escrita por contrarrevolucionarios

 

No desconocemos desde luego que las revoluciones americanas de 1780-1824 fueron revoluciones mediatizadas que una vez rota la independencia formal respecto a España no fueron capaces de preservar su autonomía frente a otros poderes (Inglaterra) ni de combatir las dependencias e injusticias de su frente interno. Pero, a pesar de todo, fueron revoluciones. Además, si fracasaron, fue debido no solamente a los intereses originales que defendían. Ocurrió después de 1824 que la administración de los nuevos estados nacidos de la revolución cayó en manos de los que habían combatido esa revolución. Entre otras razones porque muchos de los que hubieran podido radicalizarla habían muerto combatiendo por ella. Quienes reaccionan contra el aprovechamiento ideológico de esa revolución a medias, deben proceder a una responsable y constructiva limpieza historiográfica. No basta con señalar un error y destruir una imagen convencional, la única por desgracia disponible para la mayoría del Perú. Esa es sólo una tarea previa pero no suficiente. Ningún pueblo tolera indefinidamente vivir a la luz de una conciencia hipercrítica que opera en el vacío. Prefiere en el peor de los casos una mentira provisoria si la alternativa es la negación absoluta.

Es necesario por eso dotar a la sociedad peruana de un conocimiento sustitutorio científicamente válido acerca de la Independencia. Lo que resulta imposible sin algunos prerrequisitos éticos e intelectuales. Nos oponemos, digámoslo claro, a reemplazar la manipulación derechista por la manipulación izquierdista o ambidextra (hoy la más frecuente). No creemos por supuesto en una imposible historia sin compromisos, neutral, objetiva y químicamente pura. Pero sí en una disciplina consagrada a su propia reducción ideológica. Desde luego que todos los conocimientos sociales tienen una carga ideológica. Pero el modo y grado de esa ideologización difieren en la medida que se expliciten sus condicionamientos; en la medida también que se asuma un criterio dialéctico que a la vez permita negar e incorporar (sin eclecticismos) las posiciones anteriores y opuestas. Esa empresa se encuentra por encima del pensamiento conservador, ya que éste no es capaz de auto-identificarse, excluye las oposiciones y persigue su propia conservación. Lo que proponemos al contrario es un pensamiento dispuesto a negarse a sí mismo; un pensamiento que organiza y favorece su propia extinción dialéctica. En ese sentido el único pensamiento auténticamente tradicional es el revolucionario porque sólo él garantiza la traditio como entrega que trasmite -libera- el pasado y posibilita la continuidad histórica.

Es sobre este principio ético-gnoseológico que puede ser reelaborado el significado histórico de la Independencia americana. La propia versión seudo-tradicional, denunciando su contexto ideológico, debe ser entonces aprovechada como lo sugiere Chaunu. Habrá que interpretar la abundante información que esa historiografía ha reunido, revalorizar críticamente a los historiadores liberales del siglo XIX, apartándolos de la posterior desviación conservadora y no menospreciar con pedantería al fenómeno político militar porque si bien no es toda la historia (como pretenden los que no son de verdad políticos ni militares de guerra) evidencia en cambio las coyunturas más conflictivas de esa historia. A nivel práctico inmediato estaremos entonces en la obligación de acusar lo que fue y no fue el reciente Congreso de Historia; pero al mismo tiempo debemos aplaudir y alentar iniciativas como la Colección Documental del Sesquicentenario. Aunque para hacerla hayan gastado en celebrar la independencia más de lo que costó ganarla.

Esos adobes deben ser usados sin embargo dentro de una diferente arquitectura historiográfica. La iniciativa de Bonilla es al respecto un ejemplo. Porque en vez de los análisis e informaciones locales ha preferido escoger estudios que relacionan la Independencia con el sistema americano y mundial. Bonilla ha comprendido que una Historia del Perú a secas es absurda, tratándose de un país que desde el XVI vive en referencia y dependencia a poderes externos; y más aún si hablamos de un proceso, como la Independencia, de carácter continental. Buena lección para el peruanismo excesivo de quienes sólo quieren hablar del Perú para eximirse de explicar la frustración del Perú.

por qué para los indios peruanos la Primera Independencia (1821-24) terminó siendo una Segunda Conquista?

 

Es imposible enumerar todos los temas, perspectivas y métodos todavía por emplear. En los estudios de Vilar y Bonilla-Spalding, en trabajos anteriores (Basadre, Rowe, Ramírez Necochea)** pueden los investigadores recoger útiles sugerencias. Necesitamos saber más por ejemplo acerca de la demografía y economía de la Independencia. Los materiales reunidos por Kubler y Vollmer*** para otro propósito deberían ser completados en función de esa época; ¿cuáles fueron las interacciones entre aquel proceso y la distribución geográfico-social de los habitantes del Perú? En el fundamental sector económico hay problemas inexplorados tanto sobre la estructura y dinámica generales de la economía colonial como otros específicamente referidos a la coyuntura bélica 1810-1824. Esperamos todavía que la hipótesis de la «decadencia» económica, que habría ocurrido a fines del siglo XVIII, sea confrontada con opiniones contrarías como la de Fisher. Y conocer asimismo cómo fue financiada la guerra de la independencia por ambos lados, el español y el criollo. A partir de esos y otros análisis podemos acercarnos a problemas de orden más general. Sería útil una comparación entre la Independencia americana y otras Revoluciones Coloniales anteriores (EE. UU.) y posteriores (África y Asia después de 1945) dentro de una historia global de la Descolonización, muchas veces aparente. En nuestro caso podrían, dentro de esa historia, destacarse dos problemas: a) ¿Por qué el movimiento criollo de liberación nacional no pudo (después del fracaso de Pumacahua) formar un Frente amplio que incluyera los intereses del movimiento de liberación nacional indígena; ¿Por qué para los indios peruanos la Primera Independencia (1821-24) terminó siendo una Segunda Conquista? b) ¿Qué factores determinaron el liderazgo político militar después de la Independencia? Sin olvidar que ese militarismo es anterior a la Independencia, pues desde mediados del XVIII casi todos los virreyes del Perú fueron oficiales de carrera.

Todo lo dicho carecería de importancia y sólo sería un «pleito de intelectuales», si el estudio de la independencia no tuviera además, como puede tener, un valor prospectivo. Se dice que existe un cierto paralelismo entre esa época y la nuestra, Hay en marcha toda una ideología a veces oficialista de la Segunda Independencia. (¿Tercera Conquista?). Es arriesgado sugerir las homologías respectivas. Los EE. UU. y el neo-capitalismo del Buen Vecino y la Alianza para el Progreso pueden ser comparados con la España del Despotismo Ilustrado aunque la crisis capitalista no ha llegado al mismo grado de deterioro. Otras precisiones resultan todavía más arriesgadas: ¿cuáles fueron hace 150 años los equivalentes del Apra, la Democracia Cristiana y el Ejército? ¿Dónde ubicarlos en el espectro que va del reformismo-vacuna a la contrarrevolución abierta?

Se ha generalizado en el Perú una pasividad histórica basada incorrectamente en el supuesto verdadero de que la revolución es un fenómeno inevitable en marcha

 

Sin responder esas preguntas caben algunos pronósticos y advertencias: Primero: Se ha generalizado en el Perú una pasividad histórica basada incorrectamente en el supuesto verdadero de que la revolución es un fenómeno inevitable en marcha. Sólo hay que esperar. Abundan también quienes por confiar en el progreso histórico indefinido (en el que creen fascistas, católicos, burgueses y marxistas) no advierten que este siglo puede ser también otra oportunidad perdida. Esos ignoran que en cada momento, pero sobre todo en las crisis revolucionarias, se halla en juego la totalidad de la historia. La historia está compuesta de sucesivos pachacútecs, tiempos de riesgo total. En cada sociedad sin embargo el peligro asume y afecta estructuras diferentes. Para los que viven en el Perú el peligro es la discontinuidad, la ruptura y el pluralismo desorganizado. Alguna vez he dicho que la obra del hombre ha sido siempre en el Perú una obra amenazada, de duración incierta. Nuestra geografía –para empezar– no es sólo espacio de la acción histórica, sino que asume un rol activo excluyente y contrario a la historia. Es la geografía del guaico, los terremotos, el arenal y las inundaciones -que no toleran la presencia humana. Aquí las cosas pueden durar eternamente o durar un día y durar demasiado; de nada estamos seguros. Los hombres del Antiguo Perú lo sabían pero su grandeza consistió en que supieron vivir como si lo ignorasen. Volvían a construir en los mismos lugares de la destrucción. Sin la irracionalidad de esa persistencia no existiríamos ni habría continuidad y el Perú seria (como creí) un abuso de lenguaje. En los últimos tiempos esa verdad está siendo olvidada. Actuamos, de izquierda a derecha, como si no supiéramos a qué disgregación absoluta podemos llegar en el futuro inmediato. En este Perú rearcaizado por la dependencia colonial coexisten todos los tiempos de la historia universal.

en cada momento, pero sobre todo en las crisis revolucionarias, se halla en juego la totalidad de la historia.

 

De Lima al Amazonas pasamos del siglo XX a la edad de piedra. La revolución socialista no será por eso entre nosotros solamente una lucha de clases. Será una guerra civil a la que serán convocados el aldeano neolítico, y el obrero fabril. Sería de una criminal ligereza sentarnos a esperar esa historia confiando en que otros puedan celebrar su sesquicentenario dentro de otros tantos años. Aun los que no somos marxistas y revolucionarios (personalmente no hubiera jurado lealtad a San Martín, La Serna o Bolívar) tenemos frente a esa revolucionada historia los mismos deberes que los peruanos del siglo XVIII. La nuestra no debe ser una oposición defensiva sino una difícil tarea de trasmisión. Tender puentes y caminos sobre las grandes fallas geológicas de nuestra historia y combatir a todos los policías de tránsito. Ser usados sin advertencia ni gratitud; favorecer la circulación pluricultural; caer en desuso lo más pronto posible. No evitaremos entonces el conflicto, pero al menos haremos posible para otros la reconciliación después del conflicto.

Notas:

* Charles C. Griffin. Los temas sociales y económicos en la época de la Independencia. Caracas: Editorial Arte, 1962; John Rowe. “El movimiento nacional inca del siglo XVIII”. En Revista Universitaria del Cuzco, 107, 1957, pp. 17-47. Nota del editor.

** Hernán Ramírez Necochea. Antecedentes económicos de la Independencia de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1959. Nota del editor.

*** George Kluber, The Indian Caste of Peru, 1795-1940: A Population Study Based upon Tax Records Census Reports, Intitute of Social Anthropology Publication Nº 14, Smithsonian Institution, Washington, 1952; Günter Vollmer, Bevólkerungspolitik und Bevólkerungsstruktur im Vizekónigreich Peru zu Ende der Kolonialzeit (1741-1821), Bad Homburg vor der Hohe, 1967. Nota del editor.

CONDICIONES DE TRABAJO Y CONFLICTOS EN LA AGRO INDUSTRIA DEL PERU

Agroindustria y conflictos laborales

A propósito de las protestas por mejores condiciones de trabajo

 En la madrugada del 30 de noviembre, con el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, se inició una huelga de trabajadores de empresas agroindustriales exportadoras en Ica. Veamos algunos aspectos de este conflicto, que estaría empezando a escalar a otras zonas de la costa norte, en donde también las hay. En el momento en que se escribe esta nota, un joven trabajador de Virú, Jorge Yener Muñoz Jiménez, ya ha fallecido violentamente, por causas que están en investigación. ¿Cuáles son las posibles salidas?

1. Los salarios de los trabajadores agrícolas

El reclamo principal son los salarios que reciben y las malas condiciones laborales, que no solo ocurren en Ica sino también en muchas otras empresas agroindustriales del país.   Los S/ 39.19 que reciben como jornal diario es el mínimo legal al que se le han sumado los pagos por compensación por tiempo de servicios (CTS) y las gratificaciones.

Sobre el punto, se deben señalar al menos tres problemas: el mínimo legal  es muy bajo y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona, menos aún de una familia; no se pagan horas extras; y se desnaturaliza el carácter de la CTS al incluírsele en el pago diario. A esto se suma que  los trabajadores tienen que pagar el transporte a y desde el centro de trabajo, su alimentación  y la vestimenta y equipos de protección personal.

La situación es más crítica en el caso de los trabajadores agrarios temporeros, que son la mayoría, pues pasan largos meses sin trabajo, dado el carácter estacional de la producción agrícola. Y, si bien la legislación laboral común manda el pago de horas extras, en muchos casos esta no se respeta. Corresponde a Sunafil la fiscalización. .

La agroexportación ha crecido enormemente en nuestro país desde la década de 1990 y, particularmente, desde el año 2000, gracias a un régimen legal favorable, cuya vigencia se ha extendido recientemente hasta el año 2031 (1), con significativas ventajas para las empresas: rebaja a la mitad del impuesto a la renta, depreciación de activos anticipada y un régimen laboral especia, entre otras.

Además, los tratados de libre comercio suscritos por el Perú benefician a los exportadores. Dado que reciben subsidios del  Estado, que ve así mermados  sus ingresos, estas empresas,  más allá de la ley, deberían otorgar ciertos beneficios a los trabajadores; por ejemplo, distribuir las utilidades entre estos,  como ocurre en otros sectores económicos.

2. Canales institucionales para la negociación

La paz social requiere de instituciones, como los sindicatos, que surgieron en el mundo precisamente para lograr un mayor equilibro en las relaciones entre empleadores y trabajadores. Siendo ello así, y ante la ausencia de los partidos políticos que se ocupen de vigilar por que ese equilibrio se mantenga, el Estado debería apoyar activamente la formación de sindicatos, de modo de contribuir a la creación de canales institucionales para resolver conflictos y a una mejor  fiscalización por Sunafil.

La permanencia del bloqueo, a pesar de la tregua acordada entre un sector de los manifestantes, no reconocido por otros, y los ministros en la mesa de trabajo en Ica, revela la necesidad de una representación consensuada por los trabajadores. Este problema no se plantearía si hubiesen sindicatos y dirigencias debidamente reconocidos.

En efecto, en la mayor parte de las empresas no hay sindicatos y el poder del empleador no encuentra un contrapeso para negociar. Si estos canales institucionales no existen o son muy débiles, los reclamos derivan en movilizaciones como las que estamos viendo.

3. Los service y la  contratación de trabajadores

Si antes de la reforma agraria existían “enganchadores” en las haciendas, hoy existen los service como modernos enganchadores, que facilitan a las empresas agroindustriales y agroexportadoras la elusión de sus responsabilidades laborales. Nada justifica su presencia, máxime cuando estas empresas  cuentan con un régimen especial que las beneficia.

Al respecto, representantes de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP) reconocen que hay empresas que contratan los service y que se “está manchando a un sector formal, por un pequeño grupo” que no hace parte de su organización. La masividad de las protestas en Ica indicaría, sin embargo, que el grupo no es tan pequeño. (2)

Otra modalidad extendida en la agricultura costeña es la agricultura de contrato: el trabajador lo es del pequeño o mediano productor, quien vende sus productos a la empresa agroindustrial. La empresa agroindustrial o agroexportadora no se relaciona directamente con esos trabajadores y, por tanto, no asume ninguna responsabilidad. (3)

4. Impedimento de la labor de los inspectores

Como reconocía en una entrevista radial el actual gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, el día martes 1, hay empresas agroindustriales que no permiten el ingreso de inspectores de Sunafil a los fundos para cumplir con sus labores de fiscalización laboral. 

Caso similar es el ocurrido con  los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, impedidos de  ingresar a los fundos para verificar el uso –más bien el sobreuso– de los pozos de agua subterránea.[4]

Situaciones como las descritas son inaceptables; si estas autoridades estatales no cuentan con facultades coercitivas, debería dotárseles de ellas en el plazo más breve.

5. El problema de fondo: el modelo de desarrollo agrario

El cierre de la Panamericana y los disturbios de estos días responden a un problema más profundo que el de los salarios de los trabajadores agrícolas. El eje del conflicto está en el modelo de desarrollo agrario que viene aplicándose por varias décadas, con consecuencias que enumeramos a continuación:

a) Concentración de la propiedad agraria y la consecuente profundización de inequidades en el campo, en un país con escasez de tierras agrícolas y una cantidad muy grande de pequeños propietarios y minifundistas.

b) Dominio de grandes grupos económicos y corporaciones, no de agricultores-empresarios. Los últimos, a diferencia de las corporaciones, suelen estar vinculados al tejido social local.

c) Graves externalidades negativas ambientales (sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación, reducción de la biodiversidad, utilización de energía de hidrocarburos, empobrecimiento de suelos, entre otras).

d) Graves externalidades negativas sociales. Dejando de lado los salarios, ¿quién asume los costos de vivienda y servicios urbanos, salud y educación de las familias, muchas de las cuales son migrantes temporales?

e) Grandes subsidios del Estado a las empresas (rebaja de impuestos, grandes irrigaciones construidas por el Estado, precios bajos de las tierras, etc.).

6. Las responsabilidades del Estado

Sería poco serio responsabilizar de los actuales conflictos solo a las empresas agroindustriales. Hay una gran responsabilidad del Estado en esta situación.

a) El Estado no puede seguir subsidiando a las agroindustrias, ni por reducción de impuestos ni a través de la venta de tierras de grandes irrigaciones. Si lo sigue haciendo debería subsidiarse también a la agricultura familiar.

b) De continuar con la política de expansión de la frontera agrícola en costa, las tierras deben ser transferidas en extensiones que no sobrepasen las 200 hectáreas, no acumulables. (5)

c) El gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, según sea el caso, deben asumir el costo de las externalidades negativas sociales. Podría hacerlo, por ejemplo, utilizando la mitad del impuesto a la renta dejada de percibir de las agroindustrias, restableciéndolo al 29% (como la mayoría de empresas). 

d) Se debe establecer el impuesto a la tierra en extensiones mayores a las 3000 hectáreas, en cumplimiento de disposición constitucional y de la Ley 26505.

e) El Estado debe disponer que el empleador asuma el pago del seguro de salud de todos sus trabajadores, como cualquier otra empresa.

f) El Estado debe promover la formación de sindicatos en las empresas agroindustriales.

g) El Estado debe regular la utilización de las aguas del subsuelo para evitar el colapso de las aguas del subsuelo, e imponer ejemplares sanciones a los que violen las regulaciones de la Ley de Recursos Hídricos.

7. Consideraciones finales

La Comisión Internacional de Juristas, luego de una visita realizada en Ica en 2014, elaboró un informe en el que concluyó, entre otras afirmaciones, que

“las condiciones de trabajo en la agricultura de exportación en el Valle de Ica son deplorables y claramente constituyen un ejemplo de trabajo precario y no acorde con los estándares internacionales en materia de derechos del trabajador y otros derechos sociales” y “para la Misión es evidente que el régimen establecido en la Ley N° 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, tiene como objetivo la promoción de la inversión y el crecimiento de la actividad económica agroexportadora, y para ello establece un régimen legal laboral que rebaja los niveles de protección respecto de los que goza un trabajador sometido al régimen laboral común en el Perú." (6)

La gravedad de la situación en que nos encontramos no debe llevarnos a perder de vista temas críticos que deben abordarse con más cuidado. La exportación en sí misma no lo es, pues decenas de miles de pequeños agricultores también participan de la agroexportación. Pero sí lo son:

a) La concentración de la propiedad de la tierra en el país.

b) El régimen temporal del trabajo, por la naturaleza estacional de sus labores.

c) La falta de canales institucionales de negociación del capital y el trabajo. 

d) Las externalidades sociales y ambientales negativas.

Mientras transcurre el espacio y el tiempo para debatir los temas  mencionados, resulta urgente que se traten a la altura que la situación exige, sin caer en soluciones fáciles que puedan tener consecuencias más serias. Anotamos algunas de ellas:

1. Limitar el problema laboral a los salarios conduce a falsas soluciones, pues restringe la esfera de la calidad de vida; esta incluye contextos apropiados para llevar una vida mínimamente digna para los y las trabajadores y sus familias.

2. Eliminar solo el capítulo del régimen laboral de los trabajadores agrícolas en la Ley 27360 no es una solución suficiente. Habría que reemplazarlo con otro tratamiento, para evitar la mayor precarización de las relaciones laborales en la agroindustria.

3. La derogatoria de la ley de Promoción Agraria no resolverá las demandas de los trabajadores. El remedio podría ser  peor que la enfermedad, pues el dinamismo mostrado por este sector podría ampliarse a otros sectores de la agricultura, a condición de que se brinden los canales y los servicios adecuados.

4. La represión indiscriminada puede dar lugar a situaciones de mayor conflicto, como penosamente hemos experimentado en el país el mes pasado. La muerte de una persona en Chao el 3 de diciembre nos obliga a demandar a los encargados del restablecimiento del orden y la seguridad pública que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1 de  la Constitución).

Notas:

(1) Considerando que la Ley de Promoción Agraria 27360 de 2000, reemplazó con algunas modificaciones el Decreto Legislativo 885 de1996.

(2) Alejandro Fuentes, presidente de AGAP, en El Comercio del 1 de diciembre de2020. https://bit.ly/2VxesTm

(3) Ana Lucía Araujo (2020). ¿Vale la pena darle la tierra a las agroindustrias? El impacto de la actividad agroindustrial en el desarrollo del proletariado agrícola en Virú. Informe de investigación. Cepes.[4]

(4) Ojo Público. Poder e impunidad: las empresas que controlan el agua en el desierto. https://bit.ly/2VxB06jr e impunidad

(5) En agricultura, no hay prueba de que la gran empresa sea más eficiente. Hans Binswanger, quien fuera economista agrario principal del Banco Mundial, es contundente: “En realidad, casi un siglo de investigación de economistas agrícolas de todo el mundo ha producido un hecho estilizado contraintuitivo: los pequeños agricultores generalmente utilizan la tierra, la mano de obra y el capital de manera más eficiente que los grandes agricultores que dependen principalmente de la mano de obra contratada”. Binswanger-Mkhize et al. (2009) Agricultural Land Redistribution. P. 11. The World Bank.

(6) Comisión Internacional de Juristas. Los derechos sociales y regímenes especiales de promoción a la exportación: El caso de la agricultura de exportación en el Perú. Estudio de caso en el Valle de Ica. Ginebra, 2014.