El Gobierno anunció que la aprobación del Reglamento de la Ley de Consulta Previa entró en la etapa final con la reunión sostenida el viernes último entre los 18 viceministerios y las dos organizaciones indígenas (Conap y CCP) que asistieron a la Comisión Multisectorial tras el accidentado encuentro nacional de la semana pasada.
A falta de las organizaciones que integran el Pacto de Unidad (Aidesep, Conacami, CNA y Onamiap), las cuales han manifestado su rechazo a aprobar un Reglamento si es que antes no se modifica la Ley de Consulta, el Gobierno ha convocado a otras federaciones que inicialmente no participaban en la comisión. (Ver acta de Pacto de Unidad en el encuentro nacional)
Se trata de la Unión de Comunidades Aymaras (Unca) y de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap), quienes fueron invitadas este lunes 20 de febrero a la segunda cita con la Comisión Multisectorial.
También fueron invitadas como observadoras las ONG que integran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
El Gobierno, al parecer, está muy interesado en que antes de marzo se tenga listo el Reglamento. Las declaraciones del viceministerio de Interculturalidad, encargado de la secretaría técnica de la comisión, de presentar el 22 de febrero el texto final apuntan en este sentido.
Para Alberto Pizango, de Aidesep, es absurdo pensar que estará listo para esa fecha. (Ver entrevista de Ideeleradio)
El fin de semana los parlamentarios Verónika Mendoza y Sergio Tejada se reunieron con los voceros de Aidesep, CNA, Conacami y Onamiap: allí ratificaron la modificación de la norma y de que no hay vuelta atrás en su decisión. (Ver nota de Aidesep. También en Conacami)
Tanto CCP como Conap habían formalizado sus sugerencias hace unos meses. (Ver Aporte CCP y Aporte Conap)
Lorenzo Ccapa, de CCP, está convencido de que es posible reglamentar la Ley de Consulta y luego solicitar ante el Congreso de la Republica la modificación de la Ley. “Cuando ya exista la reglamentación, recién presentaremos el pedido de modificación de la ley de consulta en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5″, dijo. (Ver entrevista de SER)
En entrevista de Javier Torres, Iván Lanegra sostuvo que el Gobierno ha gastado cerca de un millón y medio de soles en los seis talleres macrorregionales y en el encuentro nacional para recoger los aportes al proyecto de reglamento.
Lanegra Quispe indicó que espera que las organizaciones del Pacto de Unidad vayan a la Comisión Multisectorial para iniciar la etapa de diálogo y exponer sus discrepancias en torno a la Ley y al Reglamento. (Ir a la entrevista)
El proyecto de Reglamento ha sido cuestionado no solo por las organizaciones indígenas mencionadas y sus federaciones regionales, sino además por varios especialistas en derechos indígenas que han advertido su carácter minimalista y poco garantista en derechos.
Por ejemplo, se menciona en una de las disposiciones complementarias que la consulta es independiente y complementaria del acuerdo previo al que pueden llegar una empresa privada con la comunidad, en cumplimiento a la Ley 26505 de promoción de la inversión privada en comunidades campesinas y nativas.
Ello permitiría que las mineras opten por negociar directamente con las comunidades sin que intervenga el Estado, a costa de su derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas en sus territorios.
Otro aspecto cuestionable del borrador de Reglamento es que no considera el derecho de los pueblos indígenas a su consentimiento previo, libre e informado, que está amparado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para el proyecto del viceministerio, la decisión final para toda aprobación de cualquier medida legislativa o administrativa recae en la entidad estatal competente. Con ello, se restringe el derecho indígena al consentimiento. (Ver Principios mínimos y casos en los que el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento indígena, Pacto de Unidad)
Antolín Huáscar, presidente de CNA, advirtió que el Gobierno está actuando de mala fe y que no tiene sentido que se haga una consulta cuando la decisión siempre la tomará el Gobierno. Si esto es así, agregó, es un peligro para los pueblos indígenas. (Ver entrevista de Cepes)
Tomado de SERVINDI Servicios de Comunicacion Intercultural
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